Daniel Alejandro Alvarez Rodríguez

Expediente 432/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
432/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Daniel Alejandro Alvarez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. ACEPTA COMPETENCIA Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el comunicado remitido por Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por el cual transcribe el auto de veintitrés de febrero del presente año en curso, en el que informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer del juicio de amparo ********** y se avocó al conocimiento del asunto, mismo que quedó registrado bajo el número ********** de su índice. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte que, el veinte de diciembre de dos mil veinte, mediante circular número CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso Especial, se informó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la indicada fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación a los contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la cual se determinó tomar medidas especiales en ese periodo. En cumplimiento a ello, se tomó como medida regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdicciones por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, entre las que se estableció la forma y términos en los que se debía dar trato a los asuntos tramitados previamente a la entrada en vigor del indicado acuerdo; además, se ordenó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades indicadas en el mismo. Asimismo, en la fracción II de la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión de los plazos y términos y, por ende, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto. Por otra parte, téngase recibido el escrito de cuenta presentado por Daniel Alejandro Álvarez Rodríguez, por el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Monterey, Nuevo León, solicita el acceso al expediente electrónico, proporciona datos de contacto y realiza diversas manifestaciones, del que se advierte, que si bien al rubro del ocurso que se estudia señala el número de expediente en que se actúa, lo cierto es que, del cuerpo del mismo se desprende que su intención es desahogar un requerimiento formulado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, dentro de los autos del juicio de amparo 7/2021 de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, en obvio de dilaciones innecesarias, remítase el mismo a la mencionada autoridad federal, previa copia simple que se deje en autos; en el entendido que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado en este expediente, se le tuvo señalado personas y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16, 20 y 22 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 432/2020. INCOMPETENCIA Del análisis integral de la demanda que se recibe, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.] De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3. Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. En ese tenor, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, el peticionario del amparo señala como actos reclamados la orden de aprehensión, comparecencia, detención y/o presentación, así como el mandamiento de autoridad de desposeimiento de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, y la ejecución de estos; precisa que el lugar de residencia del total de las autoridades señaladas como responsables es en Monterrey, Nuevo León y manifiesta que es en esa ciudad donde ha sufrido los actos de molestia que reclama. De lo anterior podemos concluir que los actos reclamados se iniciaron a ejecutar y se materializarán en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, ya que en ese lugar ubican su residencia las autoridades responsables, así como los hechos narrados por el quejoso, por lo tanto, se estima que de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 37 de la ley de la materia, el juez federal competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, conforme con lo establecido además al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda que nos ocupa así como las copias correspondientes, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. En la inteligencia de que esta Juzgadora no se pronuncia en relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda ni a la suspensión del acto reclamado, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación invocada, no obstante que el quejoso haya señalado que reclama los posibles actos de tortura a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la lectura de la demanda se advierte que señaló como autoridad responsable, entre otras, al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por tanto, es factible establecer que no se trata de un acto que afecte la libertad personal fuera de un procedimiento, en términos de lo previsto en el aludido precepto constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso manifieste en una parte de su demanda que solicita la suspensión de oficio o de plano, toda vez que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece de forma excepcional los supuestos en los que debe concederse ésta, sin que los actos combatidos en esta instancia constitucional se ubiquen dentro de alguno de ellos. Así es, la suspensión de oficio procede en los asuntos que no admiten demora alguna, en tanto que de no ordenarse podrían ocasionarse al justiciable perjuicios de imposible reparación; máxime, que no se advierten de la demanda de amparo, datos objetivos que lleven a la suscrita, a compartir la apreciación del impetrante. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley a Hernán Cortez Ríos, y como lo solicita únicamente para oír y recibir notificaciones a Abraham Álvarez Grimaldo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). REQUERIMIENTO DE DATOS DE CONTACTO Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo, de ser necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso..el auto de nueve de diciembre del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por ...contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16, 20 y 22 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 432/2020. INCOMPETENCIA Del análisis integral de la demanda que se recibe, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.] De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3. Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. En ese tenor, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, el peticionario del amparo señala como actos reclamados la orden de aprehensión, comparecencia, detención y/o presentación, así como el mandamiento de autoridad de desposeimiento de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, y la ejecución de estos; precisa que el lugar de residencia del total de las autoridades señaladas como responsables es en Monterrey, Nuevo León y manifiesta que es en esa ciudad donde ha sufrido los actos de molestia que reclama. De lo anterior podemos concluir que los actos reclamados se iniciaron a ejecutar y se materializarán en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, ya que en ese lugar ubican su residencia las autoridades responsables, así como los hechos narrados por el quejoso, por lo tanto, se estima que de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 37 de la ley de la materia, el juez federal competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, conforme con lo establecido además al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda que nos ocupa así como las copias correspondientes, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. En la inteligencia de que esta Juzgadora no se pronuncia en relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda ni a la suspensión del acto reclamado, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación invocada, no obstante que el quejoso haya señalado que reclama los posibles actos de tortura a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la lectura de la demanda se advierte que señaló como autoridad responsable, entre otras, al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por tanto, es factible establecer que no se trata de un acto que afecte la libertad personal fuera de un procedimiento, en términos de lo previsto en el aludido precepto constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso manifieste en una parte de su demanda que solicita la suspensión de oficio o de plano, toda vez que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece de forma excepcional los supuestos en los que debe concederse ésta, sin que los actos combatidos en esta instancia constitucional se ubiquen dentro de alguno de ellos. Así es, la suspensión de oficio procede en los asuntos que no admiten demora alguna, en tanto que de no ordenarse podrían ocasionarse al justiciable perjuicios de imposible reparación; máxime, que no se advierten de la demanda de amparo, datos objetivos que lleven a la suscrita, a compartir la apreciación del impetrante. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley a Hernán Cortez Ríos, y como lo solicita únicamente para oír y recibir notificaciones a Abraham Álvarez Grimaldo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). REQUERIMIENTO DE DATOS DE CONTACTO Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo, de ser necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."

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