Daniel Antonio Montilla López
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/11/2021
Partes del expediente
- Daniel Antonio Montilla López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de los cuales se advierte que el plazo de diez días para recurrir el auto de veintiocho de septiembre último, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha transcurrido sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto causa estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual informa la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha emitido resolución favorable a la solicitud del justiciable, y adjunta constancia de reconocimiento de la condición de refugiado para acreditar su dicho. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que el quejoso **********, controvertía la omisión de la autoridad responsable de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado dentro del término que al efecto señala la Ley sobre Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político. En ese sentido, si bien en el informe respectivo, la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, también lo es que destacó que se estaban realizando las gestiones necesarias para emitir una resolución fundada y motivada en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del quejoso, como se advierte de las documentales que anexó, las que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así las cosas, de la constancia que adjuntó la parte quejosa, se advierte que mediante oficio **********, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través de la Jefatura de Departamento de Protección 12, hizo del conocimiento que reconoció la condición de refugiado a la persona extranjera ************, de nacionalidad ************. No pasa desapercibido, que dicha documental fue exhibida en copia simple; sin embargo, debe valorarse en unión a lo informado por el autorizado de la parte quejosa en el escrito de cuenta, así como las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, en las que se advierten las gestiones realizadas para resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del quejoso. De lo anterior, es dable advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda (quince de julio de dos mil veintiuno), la autoridad responsable de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no había resuelto el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, lo realizó el catorce de septiembre pasado, y le reconoció dicha calidad al quejoso de referencia; por lo que resulta evidente determinar que en el caso, cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la autoridad que ahí se indica, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual, rinde su informe justificado, designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita autorización para el uso de medios electrónicos y ofrece pruebas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe de mérito y anexos adjuntos, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por tanto, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. 1 Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Información confidencial Por otra parte, debe precisarse que la responsable de mérito manifestó que la información contenida en el anexo que remite a su ocurso, fue clasificada con el carácter de "confidencial", de conformidad con las consideraciones que refiere; no obstante, tomando en consideración que sólo las partes y este órgano jurisdiccional tienen acceso al sumario constitucional en que se actúa, se estima procedente que las constancias de mérito estén a disposición de éstas, y sean glosadas en autos, habida cuenta de que en la presente instancia no existe persona ajena que pueda imponerse del expediente. Sin que haya lugar a dictar mayor proveído respecto de su solicitud de medios electrónicos, toda vez que con anterioridad, se autorizó a la totalidad de las partes el uso de los mismos. Ahora bien, toda vez que el informe justificado rendido por la autoridad ante indicada, es puesto a la vista de las partes en esta fecha, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos, y en su lugar se fijan las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran este expediente, así como la certificación secretarial de cuenta, de las que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de que rinda su informe justificado en este juicio de amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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