Daniel Álvarez Ramos
Expediente 1031/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Daniel Álvarez Ramos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el representante legal de ******************, por medio del cual solicita la consulta al expediente en que se actúa. En consecuencia se informa que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos y para la consulta del expediente deberá acudir con una identificación oficial. Finalmente, por tratarse de un asunto totalmente concluido, devuélvase al archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de once de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Finalmente, requiérase a la quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibida que, de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, quien actúa asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, doce de agosto de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************, representante legal de *******************; contra actos del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y otra. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1031/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Consideración previa Previo a pronunciarse respecto a la demanda de amparo, cabe precisar que de una lectura integral de la misma, así como de los anexos que adjunta, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: (.) "El acto reclamado consiste en la respuesta negativa a mi Representada respecto a la solicitud de la Licencia Sanitaria para la libre comercialización a personas físicas y morales que cuenten con la capacidad legal y autorización sanitaria para adquirir el estupefaciente Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol), los isómeros A6a(10a), A6(7), A7, A8, A9, A10, A9(11) y sus variantes estereoquímicas, (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte, mediante el oficio ************** de fecha 13 de julio de 2021, firmado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual me fue notificada el 16 de julio de 2021." (.) Sin embargo, dichas manifestaciones entrañan precisiones tendentes a combatir el acto reclamado antes señalado, por lo que las mismas se tienen como conceptos de violación y no como actos destacados. Lo anterior, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones esgrimidas en la demanda que se provee. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige el presente juicio de amparo, ya que en contra de los actos reclamados procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con el fin de analizar el motivo de improcedencia de la acción constitucional planteado, resulta pertinente transcribir los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son del texto siguiente: "107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: - - - .IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.". "61. El juicio de amparo es improcedente: - - - .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el gobernado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193142, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido. Dicha fracción, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria en los casos en los que así proceda. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a saber, el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del mencionado acto reclamado, resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción XII y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen, lo siguiente: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:--- XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." Del precepto legal transcrito, se obtiene que el juicio contencioso administrativo es procedente en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En el caso, se reclama el oficio número ************ de trece de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como cualquier acuerdo o determinación que haya tomado y ejecutado en relación con la solicitud del quejoso. Por lo anterior, se determina que los referidos actos de autoridad, previamente a impugnarlos en la instancia constitucional, deben controvertirse a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así considerar cumplido el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se sustenta lo anterior, en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, precisa las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacándose que son resoluciones definitivas aquéllas que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra y 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional, y señala que el juicio contencioso administrativo federal procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Desde esa perspectiva, toda vez que los actos reclamados en el que se resolvió negar la solicitud de la quejosa, se evidencia que el juicio contencioso administrativo federal es procedente en contra de dichas determinaciones, pues se trata de aquéllas que resuelven una instancia de la parte promovente del amparo. Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." También, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2016, Décima Época, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". No resulta inadvertido a lo anterior, la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción, dado que de la determinación que constituye el acto reclamado, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, entre otras, de la Ley General de Salud, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que se concluya que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. De ese modo, queda claro que la parte quejosa conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Por último, es preciso destacar que la parte quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso la parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, pues se advierte que también controvierte la legalidad del acto reclamado puesto que aduce, que en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana por analogía o similitud, lo que se traduce en una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". En ese contexto, es importante precisar que este órgano no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera sólo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada contra actos de autoridades dependientes de la administración pública federal. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues el aquí quejoso no agotó, previo a instar el presente juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se acató al principio de definitividad rector del juicio constitucional, en relación con el acto administrativo que por esta vía reclama, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Rubí Martínez Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
De conformidad a lo ordenado el doce de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el Artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por esta vía se notifica al quejoso, la citada determinación, cuyo texto es: "Ciudad de México, doce de agosto de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************, representante legal de *******************; contra actos del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y otra. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1031/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Consideración previa Previo a pronunciarse respecto a la demanda de amparo, cabe precisar que de una lectura integral de la misma, así como de los anexos que adjunta, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: (.) "El acto reclamado consiste en la respuesta negativa a mi Representada respecto a la solicitud de la Licencia Sanitaria para la libre comercialización a personas físicas y morales que cuenten con la capacidad legal y autorización sanitaria para adquirir el estupefaciente Cannabis Sativa (Índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol), los isómeros A6a(10a), A6(7), A7, A8, A9, A10, A9(11) y sus variantes estereoquímicas, (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte, mediante el oficio ************** de fecha 13 de julio de 2021, firmado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual me fue notificada el 16 de julio de 2021." (.) Sin embargo, dichas manifestaciones entrañan precisiones tendentes a combatir el acto reclamado antes señalado, por lo que las mismas se tienen como conceptos de violación y no como actos destacados. Lo anterior, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones esgrimidas en la demanda que se provee. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige el presente juicio de amparo, ya que en contra de los actos reclamados procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con el fin de analizar el motivo de improcedencia de la acción constitucional planteado, resulta pertinente transcribir los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales son del texto siguiente: "107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: - - - .IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.". "61. El juicio de amparo es improcedente: - - - .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el gobernado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193142, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido. Dicha fracción, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria en los casos en los que así proceda. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. El primero de los requisitos se acredita, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, a saber, el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. También se acredita el segundo requisito, toda vez que en contra del mencionado acto reclamado, resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción XII y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen, lo siguiente: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:--- XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." Del precepto legal transcrito, se obtiene que el juicio contencioso administrativo es procedente en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En el caso, se reclama el oficio número ************ de trece de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como cualquier acuerdo o determinación que haya tomado y ejecutado en relación con la solicitud del quejoso. Por lo anterior, se determina que los referidos actos de autoridad, previamente a impugnarlos en la instancia constitucional, deben controvertirse a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así considerar cumplido el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se sustenta lo anterior, en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, precisa las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacándose que son resoluciones definitivas aquéllas que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra y 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional, y señala que el juicio contencioso administrativo federal procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Desde esa perspectiva, toda vez que los actos reclamados en el que se resolvió negar la solicitud de la quejosa, se evidencia que el juicio contencioso administrativo federal es procedente en contra de dichas determinaciones, pues se trata de aquéllas que resuelven una instancia de la parte promovente del amparo. Asimismo, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." También, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2016, Décima Época, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". No resulta inadvertido a lo anterior, la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción, dado que de la determinación que constituye el acto reclamado, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, entre otras, de la Ley General de Salud, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que se concluya que no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. De ese modo, queda claro que la parte quejosa conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.". Por último, es preciso destacar que la parte quejosa tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso la parte promovente no sólo aduce violaciones a preceptos constitucionales, pues se advierte que también controvierte la legalidad del acto reclamado puesto que aduce, que en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana por analogía o similitud, lo que se traduce en una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Aunado a lo anterior, se advierte que la parte quejosa tampoco se ostenta como tercera extraña y tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". En ese contexto, es importante precisar que este órgano no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera sólo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada contra actos de autoridades dependientes de la administración pública federal. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues el aquí quejoso no agotó, previo a instar el presente juicio, el medio ordinario de defensa, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se acató al principio de definitividad rector del juicio constitucional, en relación con el acto administrativo que por esta vía reclama, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Rubí Martínez Gómez, que autoriza y da fe."
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