Daniel Andrés Carriazo Estacio
Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2023
Partes del expediente
- Daniel Andrés Carriazo Estacio
- Jimmy Henry Amari Méndez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en atención a su contenido, este juzgado toma conocimiento del resultado de la consulta; ello, para los efectos legales correspondientes. Orden de archivo. Por lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos seis meses de su archivo, ya que en este cuaderno de antecedentes no se aceptó la competencia planteada y se devolvieron los autos originales al juzgado de origen; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción I del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes;" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,2 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó no aceptar la competencia planteada y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 213 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, mediante el cual informa que en proveído de veinticuatro de febrero último, dictado en el juicio de amparo 410/2023-3-m, de su índice, promovido por xxxxx, en favor de xxxxxxxxxxxxxxxx, contra actos del Responsable de la Estación del Instituto Nacional de Migración con residencia en la ciudad de Reynosa, del Estado de Tamaulipas y otras autoridades; en el que, el referido órgano judicial, al haber declarado carecer de competencia legal para conocer del mismo, ordena remitir el referido asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para la turnación respectiva; por lo que, le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional del mismo. En ese orden de ideas, fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico, bajo el número 219/2023-VII. Ahora bien, en reflexión al tema, con absoluto respeto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio recibido, conforme a las siguientes consideraciones: Del capítulo de hechos del escrito de demanda se aprecia que el promovente manifiesta: "[.] Único. Aproximadamente a las 9:00 de la noche del día 06 del mes de febrero del año 2023, los quejosos se encontraba en a bordo de un vehículo turístico, el cual circulaba por las calles principales de la ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, cuando fueron abordados por agentes del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, pudiendo ser trasladados a la Estación Migratoria ubicada en Km. 26 Carretera Reynosa San Fernando, Reynosa, en el Estado de Tamaulipas [.]" (Énfasis añadido) De un análisis minucioso al escrito de demanda, en términos de la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Se advierte que el argumento toral del Juzgado oficiante para declinar la competencia a este órgano jurisdiccional es que de las constancias relativas al exhorto 63/2023, de su estadística, se advierte que los quejosos Jimmy Henry Amari Méndez y Daniel Andrés Carriazo Estacio, se encuentran en la estación migratoria de esta ciudad, determinando que los actos reclamados tienen ejecución material en esta localidad, esto es, fuera de su jurisdicción, por lo que el Juez de Distrito competente es el que se encuentra en el mismo lugar de la aludida estación migratoria. Al efecto, es pertinente precisar que, la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Para ello, es menester destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal anterior, se desprende que las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, son: a) La primera regla competencial se refiere que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda se refiere que cuando el acto reclamado pudiere tener ejecución en más de un distrito, o cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La regla número tres se aplica cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, entonces de manera precisa establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la segunda de las señaladas reglas, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pudiere tener ejecución en más de un distrito, o cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. En el caso, el homologo federal consideró que al tener ejecución el acto reclamado dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, se surte la competencia a su favor. Sin embargo, en el caso, el promovente Alberto Cruz Sánchez, manifestó en su escrito de demanda: "[.] los quejosos se encontraba en a bordo de un vehículo turístico, el cual circulaba por las calles principales de la ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, cuando fueron abordados por agentes del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad [.]"; de lo cual, se advierte que el acto reclamado comenzó a ejecutarse materialmente en el lugar donde reside el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es decir, en el territorio de Reynosa, Tamaulipas. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48, de la Ley de la Materia, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA; por tanto, hágase del conocimiento la presente determinación al juzgado oficiante y, previo cuaderno de antecedentes que se formé con las constancias respectivas, devuélvase el asunto en que se actúa, vía mensajería acelerada (ESTAFETA) e interconexión, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, únicamente en relación al recibimiento del expediente físico. Asimismo, se faculta al secretario encargado del presente expediente para firmar el oficio respectivo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.
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