Daniel Alemán Mundo

Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
954/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Daniel Alemán Mundo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. ? Causa estado desechada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo indirecto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. ? Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 6, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que en el juicio de amparo se desechó; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) IV) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,2 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Hago constar que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista fijada en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el contenido del proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, al promovente Mauro Juvenal Galeana Escalante, así como al quejoso Daniel Alemán Mundo, como esta ordenado en autos. Proveído que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por ******************** en favor de ********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, en Tijuana y otras; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 954/2023-III. Improcedencia de la suspensión de plano. No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Sin que pase desapercibido que señala que no está comunicado, dado que manifiesta que no está comunicado con sus propios compañeros; además, de que el mismo tuvo acceso de promover la presente demanda de amparo; por tanto, no se considera que esté incomunicado. Improcedencia del juicio de amparo. Ahora, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: Al efecto, conviene puntualizar que la demanda de amparo génesis del presente asunto, fue recibida a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, que carece de firma electrónica del promovente. En ese contexto, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. En el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica del promovente ni del directo agraviado. Ahora, se debe señalar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 6 de la Ley de Amparo, en su orden disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; [.] Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.. (Lo destacado no es de origen) De acuerdo con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En esa línea, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece como una opción para los promoventes, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, y para el supuesto de presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los Acuerdos Generales 1/2013 y 1/2015, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Asimismo, el ocho de junio de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, mediante el cual se reiteran las disposiciones relativas a la promoción y tramitación de los expedientes presentados a través del sistema electrónico. En esa tesitura, conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, juntamente con el referido Acuerdo General 12/2020, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la firma electrónica (FIREL), entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata del documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3°, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. Entonces, la misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si los postulantes de derechos fundamentales pretendían instar la protección constitucional de manera electrónica, debieron cumplir con el requisito antes citado, esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta con tal requisito, debe considerarse que la parte quejosa no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por lo que, en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como del numeral 17, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De ahí que, del escrito de demanda no se desprende imposibilidad alguna para que el promovente instaran la presente instancia constitucional; ello, considerando que fueron ellos por propio derecho quienes instaron la presente vía, de manera electrónica. Es aplicable la jurisprudencia 8/2019 (10a.)4, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de instancia de parte agraviada previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu. Por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías que intentan promover ******************** en favor de ********************. En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que inste la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden. Sin que se soslaye que en la demanda que se atiende, se plasmó a ******************** como representante; sin embargo, como se indicó, ese escrito no contiene firma del promovente por lo que no hay certeza de que haya expresado tal voluntad. En ese tenor de ideas, existe la obligación de velar por la tutela y resguardo efectivo de las garantías, principios y valores fundamentales que rigen la impartición de justicia consagrados en el numeral 17 de la Constitución General de la República, razón por la que se considera oportuno señalar a una persona diversa con el carácter de representante común, ello con la finalidad de evitar que la carga procesal derivada de la promoción de dichos expedientes se concentre en una sola persona privada de la libertad, en detrimento de su derecho de defensa. Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. Con fundamento en el último párrafo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el esquema de juicio en línea En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante juicio en línea, se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: Tutoriales PSL PJF | Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx). Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre servicios jurisdiccionales (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Asimismo; se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, o en su caso, la firma electrónica e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. De igual forma, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un Nombre de Usuario y una Contraseña; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Transparencia y digitalización. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.

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