Daniel Alfredo Maldonado Amaro

Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
505/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Licenciada Violeta Gisel Martínez Rayas, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-1
  • Daniel Alfredo Maldonado Amaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se negó el amparo, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Verónica Uranga Luviano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 505/2021-VI, promovido por los licenciados Arain Patricia Ramírez González y Mario Alberto Espinoza Simental, en su calidad de defensores particulares de DANIEL ALFREDO MALDONADO AMARO, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado a este Juzgado el día siguiente hábil por razón de turno, los licenciados Arain Patricia Ramírez González y Mario Alberto Espinoza Simental, en su calidad de defensores particulares de DANIEL ALFREDO MALDONADO AMARO, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, en el Estado de Chihuahua con residencia en esta ciudad, consistente en: El auto de vinculación a proceso dictado el seis de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 419/2021, emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, en el Estado de Chihuahua con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que en la demanda se estiman vulnerados. El peticionario del amparo señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 505/2021-VI; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; y al Agente del Ministerio Público que interviene en el proceso; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado el seis de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal 419/2021, emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, en el Estado de Chihuahua con residencia en esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, en el Estado de Chihuahua con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y en apoyo a su informe, envió copia autorizada de las constancias que apoyan su comunicación, en contra del quejoso por el ilícito Contra la Salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 195, párrafo primero y tercero, en relación con el 194, fracción I y 193, todos del Código Penal Federal, asimismo, remite registro audio y video de la audiencia en que se emitió dicho acto reclamado, de la constancia que se tuvo en cuenta para emitirlo, así como los índices cronológicos de su desarrollo. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los primeros resultan medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas audiencias, dada la naturaleza del procedimiento (oral) en que se verificó el acto impugnado de inconstitucional; además en razón de la naturaleza de las audiencias orales, se registran en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto, que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no existir causa de improcedencia que deba examinarse, ya sea porque la hayan propuesto las partes o se advierta de oficio, lo que impone entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por el quejoso. QUINTO. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis constitucional del auto de vinculación a proceso reclamado. Resulta pertinente precisar que, el análisis del asunto se efectuará tomando en consideración, los requisitos que señala el artículo 19 constitucional, estableciéndose que en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Orienta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En tal contexto, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: "19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De este dispositivo se advierten, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; y finalmente, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos fundamentales distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En relación a lo anterior, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Es decir, que: I) Debe constar por escrito; II) Provenir de autoridad competente; y, III) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Asentado lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso se emitió previa formulación de imputación en contra del quejoso por el agente del Ministerio Público, además, estuvo asistido en todo momento por su defensor, como se pudo advertir de la reproducción de la videograbación certificada relativa. Continuando, al quejoso se le dio oportunidad de emitir su declaración preparatoria respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien finalmente manifestó su deseo de reservarse a emitir declaración alguna. Determinado lo anterior, procede abordar el estudio oficioso del auto de vinculación reclamado y de los conceptos de violación formulados en favor del quejoso. Al respecto, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos puestos a su conocimiento, son constitutivos del hecho ilícito Contra la Salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 195, párrafo primero y tercero, en relación con el 194, fracción I y 193, todos del Código Penal Federal. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa el juez responsable acompañó a su informe justificado disco óptico de la audiencia de vinculación a proceso de la causa penal 419/2021, instruida al imputado aquí quejoso DANIEL ALFREDO MALDONADO AMARO, conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la naturaleza del actual sistema penal aplicable en esta entidad federativa. Del contenido de dicho registro audio-visual, se obtiene que en esa diligencia se encontraba presente los defensores particulares del quejoso, licenciados Mario Alberto Espinoza Simental y Arain Patricia Ramírez González, designados en ese momento por el imputado. Atendiendo la importancia que reviste la garantía de libertad que se ve afectada con un auto de vinculación a proceso como el que nos ocupa, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el débito de circunscribirse a resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que el tribunal sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable respecto de los datos de investigación referidos por el Ministerio Público y de las pruebas desahogadas en la audiencia, para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. En el anterior, de conformidad con el contenido de la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente". No asiste razón jurídica al quejoso cuando aduce que el acto reclamado en esta vía, vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional. Esto es así, pues, no se aprecia que con la emisión del acto reclamado en este juicio, el juzgador del conocimiento transgrediera algún derecho fundamental en perjuicio del impetrante; debe tenerse presente que la restricción a la libertad personal que conlleva el auto de vinculación está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de tal índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de todo gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso sancionado, al menos, con una pena privativa de libertad. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ningún derecho fundamental es omnímodo o irrestricto, sino que se encuentran limitados y acotados por los lineamientos establecidos en nuestra carta magna, de manera que si la Ley Fundamental prevé un auto de vinculación como un acto que restringe la libertad de un particular al que se reprocha un hecho ilícito, no queda duda que la afectación que recibe el impetrante con el acto reclamado en este juicio está constitucional y legalmente justificado en el caso que nos ocupa. En tal tesitura, es inexistente el vicio de legalidad que el hoy quejoso le atribuye al auto de vinculación a proceso, motivo por el cual lo procedente es desestimar, por infundado, el concepto de violación que nos ocupa. En la especie, se tiene que el propio procedimiento fue acusatorio y oral, pues hay acusación por parte del Ministerio Público y el auto de vinculación se pronunció no sin antes existir la formulación de imputación, declaración preparatoria y control de medidas cautelares, sin duda, en la audiencia relativa, la que se desarrolló en presencia del Juez de Control, quien consideró como pruebas aquéllas que fueron desahogadas en la audiencia, la carga correspondió a la parte acusadora, y las partes tuvieron igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa. Con esto queda claro que se respetaron las formalidades del procedimiento, aunado a que fue sometido a un procedimiento por un tribunal previamente establecido y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos delictivos, también se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar, tiempo y ocasión que mediaron en el hecho ilícito respectivo, el nombre de las personas que declaran en su contra, fue oído por sí y a través de su defensa y, hasta esa etapa procesal tuvo la oportunidad jurídica de defenderse y de probar lo que a sus intereses ha convenido. Luego, no hay razón jurídica alguna para considerar que, en la especie, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, del debido proceso, en acatamiento a lo establecido en el artículo 14 Constitucional. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Como corolario debe decirse que, en el caso, no se interpretó una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, y mucho menos se le impuso por simple analogía ni por mayoría de razón pena alguna, justamente, por no ser la etapa procesal para ello. En tal tesitura, cabe concluir que el acto reclamado en modo alguno viola derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, respetándose las garantías previstas en el artículo 14 Constitucional, motivo por el cual lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación relativos al precepto constitucional invocado. En otro orden, se aprecia que no se vulnera el artículo 16 Constitucional en perjuicio del quejoso, ya que el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente motivado y fundamentado, para motivar el propio acto el juzgador expuso que, en el caso, los datos aportados por la agente del Ministerio Público resultaban aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho ilícito Contra la Salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 195, párrafo primero y tercero, en relación con el 194, fracción I y 193, todos del Código Penal Federal, cometido en agravio de la sociedad pues se expuso el bien jurídico tutelado por la norma, que lo es la salud pública, y que existía la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del hecho señalado como delito, porque se le hizo una imputación directa al señalar que el imputado tenía dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata dos bolsas de plástico con una sustancia granulada que resultó ser clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 1792.8 gramos, sin contar con el permiso correspondiente por las autoridades sanitarias, esto el treinta de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las trece horas con veinticuatro minutos. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la autoridad responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuró la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por el quejoso, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, o sea, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. En otro orden, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como bien lo estimó el juez de la causa penal, los antecedentes de los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público son suficientes para considerar que se cometió un hecho ilícito considerado por el Código Penal Federal, como Contra la Salud, en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, previsto y sancionado por los artículos 195, párrafo primero y tercero, en relación con el 194, fracción I y 193, todos del Código Penal Federal. En contra de lo afirmado por el quejoso, deviene infundado su restante motivo de desacuerdo al señalar que la resolución combatida vulnera el artículo 19 Constitucional. En efecto, en la audiencia de vinculación a proceso, se tuvieron por reproducidos los datos de las pruebas de la formulación de imputación, asimismo, el Fiscal narró los datos de los medios de convicción con los que solicitó la vinculación a proceso, entre las cuales señaló que las personas que deponían en su contra eran los elementos de la secretaría de Seguridad Pública Municipal, Díaz Campos Gabriel, Blanca Estela Camacho González, Erick Manuel y Esparza Miranda Omar. De igual manera, indicó al hoy quejoso que el hecho delictivo antes descrito, se le atribuye como autor material directo. Lo anterior, conforme la siguiente exposición de reproducción del archivo de audio y video toda vez que refirió que el treinta de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente entre las trece horas, doce minutos y las trece horas veinticuatro minutos, en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y casi esquina Segunda de Aguascalientes, de la colonia Zaragoza, en esta ciudad, elementos de Seguridad Pública Municipal vieron a un masculino que llevaba una maleta guinda en las manos, quien al percatarse de la presencia de los elementos policiacos salió corriendo, intentando entrar a un domicilio pues trepo en la reja, siendo en ese momento que se le cayó la maleta de las manos, procediendo a revisarla, percatándose que tenía el zipper dañado, habiendo encontrado en su interior dos bolsas de plástico transparente conteniendo al parecer clorhidrato de metanfetamina conocida comúnmente como cristal, sin contar con la autorización correspondiente para poseer esa sustancia, por lo que se constituye un hecho ilícito en el caso en concreto es el delito de posesión contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio ilícito previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, y tercero, en relación con el 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, asimismo esto en relación con el artículo 245 de la Ley General de Salud donde se establece que la metanfetamina es una sustancia psicotrópica y qué se encuentra regulada para su posesión. Estos hechos se le atribuyen en carácter de autor material, esto es qué de mutuo propio llevó a cabo todas y cada una de las circunstancias necesarias para poseer está sustancia con la finalidad de comercializarla, esta forma de comisión está autoría que se le atribuye se encuentra contemplado en el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Asimismo, se le hace de su conocimiento que la forma de comisión que se le atribuyen estos hechos es a título doloso en términos de lo que dispone el artículo 9, párrafo primero, de la ley sustantiva ya señalada y esto en atención a que por su edad por el lugar donde habita era factible que tuviese conocimiento de que poseer este tipo de sustancias sin contar con la autorización correspondiente constituyen un hecho ilícito. De ahí que, el requisito legal en estudio quedó colmado. Es más, se dio oportunidad a la defensa del imputado para efecto de requerir aclaraciones o precisiones; y, una vez que la defensa indicó que no había precisiones, el juez cuestionó al imputado si había comprendido los hechos que les expuso la fiscal, a lo que respondió de manera afirmativa. De ahí que, el requisito en estudio se encuentre colmado. Que se haya brindado al imputado la oportunidad de declarar. Este elemento se cumple en el caso concreto, toda vez que en la audiencia del uno de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Control se aseguró de que el imputado estuviera debidamente informado de sus derechos y con la asistencia técnica adecuada, que le permitiera desplegar una estrategia o teoría del caso con plena potencialidad, tal como lo dispone el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual fue ejercida por Arain Patricia Ramírez González y Mario Alberto Espinoza Simental, en su calidad de Defensores Particulares. Asimismo, para salvaguardar su derecho a la igualdad adjetiva y sustantiva, se cercioró de que los defensores contaran con cédula profesional como licenciados en derecho; y, para ello, cuestionó al encargada de sala en relación a la veracidad de los datos proporcionados por la defensa, a lo cual se contestó que si. Por otra parte, el juez responsable cuidó en todo momento que los derechos del aquí quejoso se ejercieran de forma plena; pues, le hizo de su conocimiento el derecho consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a guardar silencio sin que ello sea usado en su contra o emitir una declaración con la salvedad de que su manifestación pudiera ser favorable o no a sus intereses. Entonces, previa consulta del impetrante de amparo con su defensora, el Juez de Control cuestionó a la defensa y al propio imputado, en torno a si era su deseo declarar, a lo cual el aquí quejoso se reservó el derecho. De ahí que, es concluyente que el requisito consistente en que se haya brindado al quejoso la oportunidad de declarar fue colmado. Que el auto de vinculación se dicte dentro del término constitucional. Este elemento se desprende del artículo 19, párrafo primero, constitucional, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas o su duplicidad, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En la especie, se colma con el requisito de forma en estudio, pues de la audiencia inicial de uno de junio de dos mil veintiuno, se advierte que el aquí quejoso solicitó que su situación jurídica se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; derivado de lo anterior, a las trece horas con treinta y nueve minutos, del seis de junio de dos mil veintiuno, se dio inicio la continuación de la audiencia inicial para efectos de resolver la situación jurídica del quejoso; como puede verse, el auto de vinculación a proceso se emitió dentro el plazo previsto en la Constitución Federal. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Relativo al requisito de fondo en estudio, cabe señalar que en la resolución de seis de junio de dos mil veintiuno, emitida en la continuación de la audiencia inicial, se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por los hechos con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de posesión de psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero y tercero, del Código Penal Federal, en relación con el diverso 194, fracción I, 193, del mismo ordenamiento legal y 245 de la Ley General de Salud. Y, para ello fueron tomados en consideración los datos de prueba reseñados por la representación social, así como las pruebas testimoniales ofrecidas por la defensa, de los cuales el juez responsable, de forma correcta, tuvo como hecho determinado: Que el día treinta de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente entre las trece horas con doce minutos y trece horas con veinticuatro minutos, en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Segunda de Aguascalientes de la colonia Zaragoza, en esta ciudad, los elementos de Seguridad Pública Municipal, Díaz Campos Gabriel, Blanca Estela Camacho González, Erick Manuel y Esparza Miranda Omar, detuvieron a Daniel Alfredo Maldonado Amaro toda vez que llevaba consigo una maleta guinda la cual contenía dos bolsas de plástico transparente conteniendo lo que resultó ser clorhidrato de metanfetamina con un peso neto de mil setecientos noventa y dos punto ocho gramos, sin tener el permiso de la secretaría de salud, por lo cual se le ha atribuido una conducta de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De un análisis ponderado de los datos de prueba expuestos por la representación social, se estima que, el juez responsable actuó conforme a derecho, pues, le permitieron concluir que eran aptos y suficientes para establecer que se habían cometido hechos determinados, que la ley prevé como el delito ante precisado, así como la probabilidad de que el imputado Daniel Alfredo Maldonado Amaro, lo cometió como autor material directo Para estimarlo así, el Juez de Control consideró los siguientes datos de prueba: 1) Parte informativo de treinta de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por los Elementos de la Policía de Seguridad Pública Municipal, Díaz Campos Gabriel, Blanca Estela Camacho González, Erick Manuel y Esparza Miranda Omar, quienes relatan las circunstancias de tiempo modo y lugar a través de las cuales pudieron advertir la comisión de una conducta ilícita; 2) Informe Policial Homologado de treinta de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por los Elementos de Seguridad Pública Municipal, a través del cual narran las circunstancias específicas del hecho e indican que se realizó la inspección de los objetos asegurados, así como la inspección del lugar de la detención. 3) Dictamen de química forense, de treinta de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Perito Química Bióloga Miriam Jiménez Badillo, quien logró establecer que la sustancia asegurada al imputado se trata de clorhidrato de metanfetamina, en una cantidad total de 1792.8 gramos; 4) Dictamen en materia de fotografía forense, de treinta de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por José Omar Santana García, quien realizó una documentación de 48 fotografías correspondientes al psicotrópico asegurado, la maleta que lo contenía y del imputado, aquí quejoso; 5) Informe de investigación criminal, de treinta de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Elemento de la Policía Federal Ministerial, Enrique Pérez Frías, quien realizó diversos actos de investigación, dentro de los cuales se destaca: la inspección del lugar de los hechos; la inspección del narcótico asegurado, así como entrevistas de personas del lugar y del modus vivendi del imputado; y, las entrevistas recabadas a los elementos aprehensores, quienes reiteraron los hechos narrados en el parte informativo; y, 6) Dictamen en materia de integridad física y farmacodependencia, suscrito por el Perito Oficial en Medicina Forense, en el cual preciso que el aquí quejoso no es farmacodependiente a la metanfetamina. Por su parte, la defensa de Daniel Alfredo Maldonado Amaro ofreció los testimonios de Michel Torres Amaro (hermana) y Claudia Cecilia Amaro Soto (mama), familiares del imputado, quienes en esencia dijeron que la detención del aquí quejoso ocurrió en el interior de su domicilio, que el día de los hechos de pronto ingresaron los elementos de Seguridad Pública Municipal y los sacaron de la casa, que es mentira que al quejoso lo hubieran detenido en la vía pública. Bajo ese contexto, es necesario precisar que de esos datos de prueba y testimoniales, el Juez de Control destacó que las atestes no apreciaron el momento exacto de la detención, además de que sus versiones no fueron suficientes para restar valor al parte informativo pues fueron vertidas con dudas y reticencias, además de varias contradicciones entre si. Entonces, destacó que el hecho atribuido encontraba sustento demostrativo en el informe policial homologado, los dictámenes de química, en fotográfica y en materia de farmacodependencia. Incluso, concatenó las testimoniales y lo manifestado por los elementos aprehensores en relación al lugar de los hechos, es decir, que la detención ocurre en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y casi esquina con Segunda de Aguas Calientes de la colonia Zaragoza, en esta ciudad. De igual forma, tuvo presente que del dictamen en química forense se desprende que la cantidad de narcótico asegurado al impetrante de amparo asciende a 1792.8 gramos, lo cual rebasa en exceso el tope máximo previsto por la legislación; y, no pierde de vista que se trata de una cantidad elevada para un narcótico que produce una afectación severa. De ahí que, estimara que, en efecto, existiera una intención de comercializar esa droga; sobre todo, porque el imputado se encontraba en la vía pública en un horario de afluencia de personas (trece horas con veinticuatro minutos), lo cual hace presumible esa intención de distribuir el narcótico asegurado. Es más, con independencia a que si la cantidad asegurada excede en una porción mínima o en demasía el consumo máximo previsto en la legislación en comento, basta con que el imputado tenga bajo su poder una cantidad igual a 40 gramos de metanfetamina o mas, para justificar que dicha posesión tenía como finalidad la realización de alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, como en la especie es la comercialización. Al respecto, sirve de apoyo el criterio jurisprudencial 1a./J. 48/2006, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DELITO CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA CANTIDAD DEL NARCÓTICO EXCEDA EL LÍMITE MÁXIMO PREVISTO EN LA TABLA DEL APÉNDICE 1 DEL ARTÍCULO 195 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA TENER POR DEMOSTRADO QUE DICHA POSESIÓN TENÍA COMO FINALIDAD REALIZAR ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 194 DEL PROPIO CÓDIGO." La jurisprudencia citada se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de 2006, página 82 (registro digital 174109), cuyo texto establece: "Al ser la cantidad del narcótico asegurado un elemento objetivo del tipo penal, la circunstancia consistente en que dicha cantidad exceda el límite previsto en la Tabla del Apéndice 1, del artículo 195 bis, del Código Penal Federal, con independencia en qué cantidad se excede dicho límite (si es mínimo o demasiado), por sí sola es suficiente para tener por demostrado que dicha posesión tenía como finalidad la realización de alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 del Código Penal Federal, la cual en cada caso deberá ser precisada por el juzgador; en virtud de que la posesión del narcótico no tiene como fin el consumo personal. Lo anterior obedece a que al rebasar la cantidad del narcótico el límite previsto en la tabla y anexo citados, la conducta desplegada por el activo ya no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 195 bis, que prevé una conducta atenuada, por ende es agravada al actualizarse el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 195 del citado Código. En ese tenor, se concluye que el juez responsable de forma correcta, bajo la valoración libre y lógica de dichos datos de prueba, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues, determinó que, en su conjunto, existen datos de prueba suficientes para advertir que una persona fue detenida en la vía pública y de su revisión corporal se advirtió que poseía dentro de una maleta guinda, dos bolsas de plástico transparente en cuyo interior había una sustancia conocida como metanfetamina. Por lo que se refiere a la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en la comisión de los hechos señalados como delito, indicó que existían indicios razonables de los que se advertían la probable participación del aquí quejoso en los hechos antes descritos, como autor material directo, principalmente, del informe policial homologado y la pericial en fotografía, de las cuales se advierten señalamientos que lo ubican como la persona que tenía bajo su poder dos bolsas de plástico transparente con una sustancia conocida como metanfetamina. Así es, tal como destacó el juez responsable, de los datos de prueba anteriormente reseñados, de innecesaria reproducción, tuvo correctamente acreditada la probable participación del aquí quejoso, pues dichos datos permitieron establecer un alto índice de probabilidad de su participación en su calidad de autor material en forma dolosa. De igual forma, resulta inoperante el concepto de violación que se hace valer en relación a que la autoridad responsable no les permitió el desahogo de un video el cual contenía imágenes del lugar donde ocurrió la detención del aquí quejoso; sin embargo en la diligencia del seis de junio de dos mil veintiuno, se aprecia que el Juez responsable refirió que dicha prueba no estaba debidamente incorporada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 381, 382 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual no era procedente su desahogo, por otra parte, como ya se precisó, en atención a que los argumentos de la defensa están encaminados a controvertir una circunstancia relativa al control de detención, la cual ha quedado superada en esta fase procesal. Finalmente, el Juez responsable indicó que no advertía la existencia de causa de exclusión de la acción penal o de responsabilidad. Por las razones antes expuestas, no se advierte forma de suplir la deficiencia de la queja a favor del aquí quejoso, pues la conclusión a que arribó el Juez de Control se encuentra apegada a las imposiciones legales, dado que como bien lo estimó, los datos de prueba expuestos por la representación social, son eficaces para acreditar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se imputan al impetrante, actualizando los hechos que la ley señala como el delito antes referido y descrito; así como la probabilidad de que el aquí quejoso participó lo realizó. A ese respecto, se cita la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil setecientos treinta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, que dice: "JUECES DEL ORDEN PENAL, FACULTADES DE LOS, PARA ESTIMAR LOS ELEMENTOS CONDUCENTES A LA COMPROBACIÓN DE UN HECHO DELICTUOSO. La autoridad judicial goza, en principio, del más amplio criterio para estimar los elementos conducentes a la comprobación de un hecho delictuoso, aun cuando no sean de los que define y detalla la ley, si no están reprobados por la misma; pues siendo la comprobación del cuerpo del delito, la prueba plena de la existencia de un hecho o de una omisión que produce responsabilidad criminal, es claro que la comprobación del mismo, consiste en establecer la existencia de un hecho o una omisión punible; de manera que aun cuando algunos de los medios que la ley señala para comprobar el cuerpo del delito no se hayan usado o se hayan usado deficientemente, si con los demás que la propia ley proporciona, se llega a la comprobación del hecho criminoso, ello es bastante para que no se puedan tener por conculcadas las garantías individuales." En ese tenor, no se aprecia más allá de toda duda razonable causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De tal manera que, a consideración de este juzgador, los datos reseñados son aptos y suficientes para evidenciar ajustada a la legalidad, la apreciación del juez natural de estimar acreditadas las circunstancias de la comisión de un hecho considerado ilícito y la probabilidad de la participación del imputado aquí quejoso en los hechos que se analizan, en ese tenor no se tiene duda de la veracidad de los datos, en tales consideraciones, no se estima transgredido el principio de presunción de inocencia. Esto se debe a que ante la existencia de un hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, no existe una potencial repercusión en detrimento del principio de que se trata, pues aun con tal decisión el quejoso goza de la calidad de inocente, dado que pese a que existen datos sobre su probable participación, lo cierto es que su culpabilidad no ha sido acreditada por el estado procesal en el que se está en la causa y, menos aún, a través de una sentencia definitiva, de ahí que, el sentido que orienta al auto reclamado, desde luego, no supone la anticipación al castigo por la conducta delictuosa correspondiente. Por tanto, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos previstos por el artículo 19 constitucional, puesto que en la causa hay datos suficientes para evidenciar el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo cual el juez responsable estuvo en lo correcto al dictar el auto de vinculación respectivo, de ahí que lo conducente en el caso es desestimar, por infundado, el concepto de violación de que se trata. Lo anterior es así, precisamente porque se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de la comisión del ilícito cuya realización se le atribuyó, el nombre de las personas que declararon en su contra, la parte quejosa fue oída por sí y a través de su defensor, y tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses convino, de ahí que, sin duda, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. En esas condiciones, queda claro que la actuación del juez responsable es acorde a derecho y, a la par, congruente con una correcta técnica jurisdiccional, puesto que al resolver la situación jurídica de la parte quejosa se concretó a analizar la consigna ministerial, y determinó que la conducta derivada de los hechos que presentó el órgano acusador es constitutiva del hecho ilícito por el que se ejerció la acción penal, encontrándose datos suficientes para evidenciar la probabilidad de la autoría del imputado en la comisión del hecho atribuido. Sirve de apoyo a los anteriores razonamientos las tesis de la Décima Época, del texto que a continuación se enuncia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." Lo resaltado es propio. En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio del imputado Daniel Alfredo Maldonado Amaro, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 419/2021, por la probabilidad de su participación en el hecho ilícito de contra la salud en su modalidad de posesión de psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero y tercero, del Código Penal Federal, en relación con el diverso 194, fracción I, 193, del mismo ordenamiento legal, ni las tesis que cita en sus motivos de inconformidad, alusivas a los elementos de fondo y forma del artículo 19 Constitucional, auto de vinculación a proceso, principio de presunción de inocencia y principio de oralidad, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 78, 81, 155 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a DANIEL ALFREDO MALDONADO AMARO, en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistido de la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra pendiente para emplazar a la parte tercero interesado que corresponde a la licenciada Violeta Gisel Martínez Rayas, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV-1, con domicilio en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicada en Avenida Lincoln y Hermanos Escobar, en esta localidad. En consecuencia, se ordena al Actuario Judicial para que proceda a emplazar a la parte tercero interesado indicado con antelación, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, debiéndose correr traslado con copia simple de la demanda de amparo. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy a las catorce horas cincuenta y cinco minutos, en su lugar se fijan las DIECISÉIS HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VIENTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado HILARIO QUINTERO TORRES, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado el proveído de veinueve de junio y veintisiete de julio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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