Daniel Alfonso Martínez Rivero

Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
329/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Daniel Alfonso Martínez Rivero

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a tres de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Verónica Uranga Luviano, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria. Lic. Verónica Uranga Luviano.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexos de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido, se tiene al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, remitiendo a este Juzgado el original del Juicio de Amparo Directo Civil 484/2022, así como los autos originales del toca 370/2022, del índice de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y copia certificada del expediente 755/2022, correspondiente al Juzgado Noveno de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; en virtud de que aquel órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda instada por Daniel Alfonso Martínez Rivero, por los motivos que aduce. En consecuencia, este órgano jurisdiccional comparte el criterio esgrimido por la superioridad, por lo que se acepta la competencia planteada; hágase del conocimiento de lo anterior del Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno que corresponda. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa Daniel Alfonso Martínez Rivero, interpuso la demanda contra actos de la Sala Familiar Regional y Juez Noveno Civil por Audiencias ambos del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, en la que hace consistir el acto reclamado en: En ese orden, respecto de los actos reclamados, se considera actualizada la causa de sobreseimiento prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con la disposición legal transcrita, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, siendo que sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en que también deberán ser alegadas todas las transgresiones sufridas por el gobernado en la respectiva etapa. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". En el caso, del estudio íntegro de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir, medularmente, en la determinación adoptada por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el toca de apelación 370/2022, en la que se modificó la resolución apelada emitida por la Juez Noveno Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de seis de julio de dos mil veintidós, y se ordenó la restitución del menor (I.) al lado de su madre (Joceline Alejandra Moreno Salas) para lo cual la juez deberá tomar las diligencias necesarias a fin de que se requiera al accionante el cumplimiento inmediato, por otra parte se previno (Joceline Alejandra Moreno Salas), para que se abstenga de sacar fuera de la ciudad al menor (mucho menos fuera del estado o país), así como para que permita la convivencia entre (I.) y su padre en los términos pactados en el convenio de mérito, apercibida que en caso de no acatar lo ordenado, se aplicará en su contra los medios de apremio y su conducta será tomada en cuenta de manera preponderante al momento de resolver en definitiva sobre la modificación de la guardia y custodia que actualmente ostenta. De lo anterior, se tiene que los actos reclamados corresponden a la fase de ejecución de sentencia, pues de las constancias se advierte, acontecieron en un juicio promovido por la vía ordinaria familiar de modificación de la cláusula primera del convenio celebrado y aprobado por sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el diverso expediente 544/20, relativo al juicio en la vía ordinaria familiar de guardia y custodia y pensión alimenticia, tramitado con posterioridad a que se aprobara el citado convenio. Sin embargo, de modo alguno, constituyen la última determinación en ese procedimiento, pues será aquélla que resuelva en forma definitiva sobre la modificación de la cláusula primera del convenio celebrado y aprobado por sentencia. Así, sólo resultan ser actos intermedios en ese procedimiento y, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, deben estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. Por tanto, se considera actualizada la causa invocada, en virtud que los actos impugnados son inherentes a la ejecución de convenio celebrado por las partes en el sumario natural. En diverso aspecto, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, o como en el caso acontece, al convenio pactado por las partes en el juicio de origen, que se encuentra elevado a categoría de cosa juzgada; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o lo pactado por las partes en el convenido judicial adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, si bien el acto reclamado puede causar alguna afectación a los derechos sustantivos de los promoventes, dicha circunstancia no hace procedente la presente instancia constitucional, pues según lo expuesto por la parte quejosa, el acto impugnado versa sobre la modificación de lo acordado por los progenitores del menor en un pacto volitivo con el que se culminó el juicio natural, el cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Esto, porque la etapa de ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, siendo que, en el caso, las violaciones aducidas equivalen a infracciones cometidas en la secuela del cumplimiento de la sentencia y, conforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que ese procedimiento deberá culminar hasta que se emita la resolución que tenga por cumplido el convenio celebrado por las partes, declare la imposibilidad para darle cumplimiento y ordene el archivo del asunto, por ser el momento en que podrá reclamar las violaciones procesales cometidas en la etapa de ejecución. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". En conclusión, el acto reclamado no es el último en la etapa de ejecución, sino que resultan ser actuaciones intermedias y, no obstante que pueda causar una afectación a derechos sustantivos, de modo alguno puede ser impugnable a través del juicio biinstancial porque gira en torno al cumplimiento de lo pactado en el convenio judicial que culminó el asunto, el cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida. Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá, en su caso, contra la última resolución que ahí se dicte, entendiéndose como aquélla que apruebe el convenio propuesto. Lo anterior encuentra sustento en el criterio el contenido de la tesis 2a. VIII/98, visible en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Y, la tesis IV.2o.C.67 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en el tomo XXV, junio de dos mil siete, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ESPECIAL DE CONTROVERSIA SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES CUYO CUMPLIMIENTO SEA DE TRACTO SUCESIVO O PERIÓDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Por tanto, aun cuando en términos de la legislación local, la autoridad judicial en todo tiempo está en condiciones de modificar por causas supervenientes las resoluciones respecto a la custodia de los menores, ello es insuficiente para colegir que no existe una última resolución en los procedimientos de ejecución de sentencia del juicio especial de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores, dado que hasta en tanto no exista una modificación o una nueva resolución por causa superveniente de la resolución primigenia emitida en el juicio, ésta surte plenos efectos jurídicos, lo que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza de firmeza y, por ende, debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se concluye que el criterio de "última resolución" adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", debe prevalecer incluso en resoluciones que por su naturaleza no adquieren la categoría de cosa juzgada, pues tiende a agilizar la ejecución del juicio, y con ello se evita la posibilidad de impugnar cada una de las determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución, que sin duda retardarían el cumplimiento de la sentencia. Además, el hecho de que el régimen de convivencia, objeto de la sentencia, sea de tracto sucesivo o de cumplimiento periódico, sólo implica que la condena tenga una duración indeterminada, mas no que necesariamente en el juicio no sea factible dictar la resolución que tenga por cumplida la sentencia o se declare la imposibilidad jurídica o material de cumplirla, en la medida en que si varían las condiciones que llevaron al Juez a dictar las medidas de convivencia o surge una causa superveniente, se estará en condiciones de emitir la resolución de que se trata. Un criterio contrario, llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo, contra cualquier actuación en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva, hipótesis que entorpecería el cumplimiento en demérito o desdoro de la finalidad perseguida por el legislador al establecer la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo en análisis, de tutelar el cumplimiento de las sentencias, por ser de orden público, y evitar abusos en la promoción del juicio de garantías.". Lo que tampoco ocurre en el caso, pues como se precisó, en el juicio de amparo indirecto se reclamó la modificación provisional de la guarda y custodia definitiva del menor (I.), la cual se decretó no era procedente y se ordenó la restitución de (I.) al lado de su madre, para lo cual se requirió al hoy quejoso el inmediato cumplimiento; lo que revela que lo reclamado solo afecta derechos adjetivos o procesales al interior del procedimiento ordinario familiar de modificación del convenio en comento, que por cierto, aún no concluye, es inconcuso que la parte quejosa se puede incorporar al mismo a hacer valer sus derechos, pues se insiste, el procedimiento del cual emanan los actos materia de reclamo, no ha finalizado. Pues se insiste, lo que únicamente se obtiene si la procedencia del juicio de amparo contra violaciones ocurridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de que se trata. No se soslaya que en tratándose de procedimientos de ejecución de sentencia existe la posibilidad de impugnar en vía constitucional actos que impliquen afectación directa a derechos sustantivos, sin embargo, en el caso, el acto reclamado, como lo precisa la parte quejosa, la guarda y custodia definitiva de su menor hijo le fue otorgada mediante proveído del seis de julio de dos mil veintidós, con lo cual se modificó la cláusula primera del convenio realizado entre ambos padres en el juicio natural. Circunstancia que no afecta algún derecho sustantivo de la quejosa o los menores de edad de forma directa, pues esa determinación no trastoca por si, alguna prerrogativa ajena a la cosa juzgada, sino que incluso le reitera el derecho y la forma en que se materializarán que la gurda y custodia la pueden ejercer ambos padres, pues así se asentó en el convenio celebrado; de ahí lo improcedente del juicio de amparo en que se actúa por los motivos antes expuestos. En consecuencia, es incuestionable que al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que derivado de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el agraviado -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-, la resolución aquí impugnada produzca una afectación material a un derecho sustantivo. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del incidente de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda; así como por autorizadas para esos efectos. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos restringidos a Blanca Ivonne Méndez y Efrén Tarín Villegas, toda vez que no se cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto concluido, una vez que dicha determinación quede firme. Así también mediante oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado Noveno Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, y a la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, ambos con domicilio en esta ciudad, una vez que el presente asunto se encuentre concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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