Daniel Alejo López

Expediente 474/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
474/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Daniel Alejo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 474/2018-II. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, de quien reclamó las órdenes de traslado del Centro Penitenciario de Villahermosa, Tabasco, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en el Estado de Veracruz, de éste al diverso Número Siete "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango, posteriormente, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán en el Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad del mismo nombre y finalmente, de éste último al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad (centro en el que actualmente se encuentra recluido), así como la ejecución de dichas órdenes, al considerar que debe ser retornado al Estado de Tabasco, para ser internado en el centro carcelario estatal de aquella comunidad, debido a que afirmó ser originario de aquella entidad. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 474/2018-II, y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, computados legalmente, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a las autoridades estatales que hubieran ordenado su último traslado; sin que el quejoso desahogara la prevención relativa, por lo que en el diverso de veinticuatro de septiembre último, se ordenó continuar con el trámite del juicio únicamente respecto de los actos reclamados al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la quejosa reclama al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, las órdenes de traslado del Centro Penitenciario de Villahermosa, Tabasco, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en el Estado de Veracruz, de éste al diverso Número Siete "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango, posteriormente, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán en el Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad del mismo nombre y finalmente, de éste último al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad (centro en el que actualmente se encuentra recluido). Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, el cual será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, en relación al acto reclamado, aceptó la existencia del acto consistente en el traslado de los primeros tres centros carcelarios, esto es, del Centro Penitenciario de Villahermosa, Tabasco, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en el Estado de Veracruz y de ahí al diverso Número Siete "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria, Durango, no obstante, negó la existencia de las dos últimas determinaciones de traslado, pues indicó que ese órgano desconcentrado no era autoridad competente para autorizar el ingreso y/o egresos de centros penitenciarios estatales, toda vez que es competencia de autoridades locales. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas para tal efecto, esto es, con los oficios **************, signados por la autoridad responsable, y los cuales anexó a su informe justificado, desprendiéndose su autorización emitida en cuanto al ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Villa Aldama, Veracruz, así como el ingreso al Centro Federal Número Siete "Nor-Noroeste", en Guadalupe Victoria Durango y finalmente, la autorización de egreso para ser trasladado al diverso en Aquiles Serdán, Chihuahua; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. A fin de demostrar dicha afirmación, resulta conveniente tener presente el contenido de los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De la interpretación de los preceptos transcritos se deduce que el artículo 1, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5°, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Asimismo, al interpretar estos últimos preceptos con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos de los poderes públicos o de particulares que no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, como se señaló, la parte quejosa reclama los diferentes traslados que se han ejecutado sobre su persona, en calidad de reo, los que culminan con el traslado efectuado del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, que la autoridad federal negó haber ejecutado, por haber sido facultad de diversa autoridad estatal la encargada de su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, anexas al informe justificado, se desprende que quien autorizó el traslado del promovente de dichos Centros Estatales, fue una autoridad estatal. Consecuentemente, al no haber sido señalada alguna autoridad penitenciaria estatal en la demanda inicial, mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, computados legalmente, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a alguna la autoridad penitenciaria local que hubiera ordenado y ejecutado su traslado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable precisada en su demanda, en los términos ahí indicados, en las que señaló como tal únicamente al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México. En esta tesitura, no obstante el apercibimiento decretado en el aludido auto, la quejosa no amplió su demanda, respecto a diversas autoridades locales, por ende, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del actualmente afecta la esfera jurídica del quejoso, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída en el presente juicio a la autoridad que ordenó el último traslado del quejoso, pues éste no amplió la demanda en su contra, a pesar de que era su carga procesal y se le dio la oportunidad para ello; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 240 (H), con número de registro 1004558, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Novena Época, del Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, materia común, Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, página 3234, cuyo tenor es el siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS [TESIS HISTÓRICA]. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. Asimismo, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113, de contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Sobreseimiento que se hace extensivo a las restantes órdenes de traslado reclamadas al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, toda vez que no puede ser analizada su constitucionalidad, sino se llamó al presente juicio a la autoridad que ordenó el último traslado, pues es éste el que actualmente rige en la reclusión del quejoso y que lo mantiene privado de la libertad -por orden judicial- en el lugar en que actualmente se encuentra, por lo que de emprender el análisis constitucional respectivo, ello reportaría un perjuicio al quejoso, porque le impediría promover diverso juicio de amparo en relación con los traslados reclamados e incluso de legar a dictar sentencia en las condiciones en que se encuentra el presente asunto no podría tener un efecto reparador, pues el quejoso continuaría interno en el lugar donde actualmente se encuentra y sin posibilidad de volver a reclamar la totalidad de las órdenes decretadas en su contra. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra la autoridad responsable y actos que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que el que suscribe, Secretario Encargado del Despacho, no está facultado para fallar en definitiva, de conformidad con el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las diez horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de quince días que se concedió a la parte quejosa para que estuviera en aptitud de ampliar o no su demanda de amparo, dado que el veintiocho de agosto del presente año, fue debidamente notificado del acuerdo de la misma fecha dónde se concedió el plazo en comento, por ende, por lo que a la fecha han transcurrido trece días hábiles. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Por otro lado, del informe recibido se advierte que el Comisionado indica que no es competente para realizar autorizaciones de ingresos y egresos, respecto de traslados de Centros de Reinserción Social Estatales, específicamente del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, de Aquiles Serdán, Chihuahua, al Centro de Reinserción Social Número Tres, en esta ciudad; por ende, al desprenderse la probable participación de diversas autoridades estatales, que no fueron designadas como responsables en la demanda de amparo, pero que es necesario integrarlas a la relación procesal a efecto de dictar una sentencia congruente con la auténtica pretensión de la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 111, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto de las autoridades estatales que realizaron su traslado al Centro de Reinserción Social de esta ciudad y en el acto de la notificación o dentro del plazo de quince días hábiles, legalmente computado, designar a qué autoridades les atribuye la orden y ejecución de ese traslado, en cuyo caso deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, a fin de estar en posibilidad de correr traslado con las mismas a todas las partes, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridad precisada en su escrito inicial de demanda en los términos ahí indicados. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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