Dana Elizabeth Márquez Hernández

Expediente 176/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
176/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Dana Elizabeth Márquez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra el acuerdo dictado en este asunto, donde se sobreseyó fuera de audiencia, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren únicamente como antecedentes el informe justificado rendido por el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos y el oficio enviado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, por medio del cual envía los datos de identificación del Fiscal Federal titular de la carpeta de investigación de donde deriva la causa penal *******, de su índice, así como la certificación relativa a la calidad de defensores particulares de la quejosa. Lo anterior, en razón de que el veintiuno de febrero del año en curso, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Lo que antecede, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. No obstante lo anterior, se tiene como delegada de la primera autoridad, a la persona que propone, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante los cuales invoca la actualización de una hipótesis de improcedencia en este asunto. Ahora bien, de autos se advierte que *******, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, la demanda que originó el presente juicio de amparo, el trece de febrero de dos mil veintitrés, en contra las siguientes autoridades y actos: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, reclamó el auto de vinculación a proceso emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés. Del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó su ejecución. A la postre, al rendir su informe con justificación el Juez responsable, aceptó la existencia de las determinaciones que le fueron reclamadas, lo que acreditó tanto con las documentales relativas, como con el contenido inserto en el disco compacto que anexó. Ahora bien, en el oficio y anexo de cuenta, remitidos en alcance a su informe justificado, el Juez responsable invoca la actualización de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues informa y acredita con las constancias respectivas, debidamente certificadas, que la aquí quejosa, se adhirió al recurso de apelación interpuesto por la defensora pública federal del diverso imputado de nombre *******, en contra del auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen. Para acreditarlo, envió copia certificada a) del escrito de agravios presentado por la defensora pública federal del diverso imputado, ya referido, así como b) del escrito de agravios presentado por el particular de la aquí quejosa, *******, quien tiene la calidad en este juicio de su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien se adhirió al recurso de apelación. Las constancias aludidas supra líneas cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una servidora pública, dotada de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la Asistente de Constancias y Registro adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues bien, con lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.). Conforme a esta disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por lo que basta que esté acreditado que se interpuso y que se encuentra en trámite un recurso o mecanismo de defensa ordinario, que puede traer tales consecuencias, para que opere la causa de improcedencia en comento. Es así, conforme a la porción normativa en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, al mismo tiempo que se tramita el juicio de amparo en contra de ese mismo acto, o de sus efectos o consecuencias; precisamente, porque aquél, al encontrarse admitido y en vías de ser resuelto, podría alcanzar en su resolución, efectos semejantes a los que se obtendrían con el juicio constitucional biinstancial. De lo anterior, se obtiene que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción de amparo y el recurso ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los medios de defensa -el ordinario y el constitucional-, por vías separadas, podrían culminar con resoluciones contradictorias respecto de una misma materia o acto de autoridad. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia por contradicción de criterios P./J. 144/2000 (antes, contradicción de tesis), que dicha causa de improcedencia se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando durante la sustanciación del juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Tal criterio, emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, es del siguiente contenido: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En tales condiciones, se estima que concurren los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, pues a) la parte quejosa interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso aquí reclamado b) dicho medio de defensa se encuentra actualmente en trámite y; c) el recurso intentado es el idóneo para combatir el acto reclamado y con el cual ser modificado, revocado o nulificado, lo que pretendía lograr con la protección constitucional solicitada en esta instancia. De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en este asunto, determinada para las diez horas con diez minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese; por oficio a las responsables; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Vista con disco Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Requerimiento sobre tercero interesado Ahora, ya que del informe justificado ni de los discos enviados se desprende la adscripción del agente del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación relativa a la causa penal *******, del índice del Juzgado responsable, y toda vez que a dicho fiscal le asiste el carácter de tercero interesado en este asunto, se requiere atentamente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, a efecto de que a la brevedad posible proporcione tales datos a efecto de emplazarlo a juicio. Requerimiento sobre credenciales de defensores Luego, del disco adjunto al informe justificado se colige que en la audiencia inicial de la que deviene el auto de vinculación a proceso aquí reclamado, a pesar de que el Juez responsable cuestionó al encargado de sala sobre si los profesionales con la calidad de defensores privados de la aquí quejosa, contaban con cédula profesional, debidamente registrada, a lo que le fue informado que sí, no se colige que haya enviado la certificación respectiva. Lo previo, no obstante la imputada (aquí quejosa) haya promovido por sí la demanda de amparo que originó este asunto, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en derecho fue respetado; y lo anterior, debe corroborarlo esta juzgadora de amparo. Por ende, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, que a la brevedad posible remita las constancias, debidamente certificadas, que acrediten que los profesionales que comparecieron a la audiencia inicial y su continuación dentro de la causa penal ******* de su índice, cuentan con las credenciales atinentes para ejercer como licenciados en derecho. Notifíquese por lista electrónica; por oficio al juez responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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