Daniel Alcaraz Felix
Expediente 784/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2023
Partes del expediente
- Daniel Alcaraz Felix
- Michel Sanchez Allende, Diputada del Iv Distrito del Estado de Baja California
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó el secretario de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el citado precepto; realícese la anotación administrativa correspondiente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Devolución de documento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por el quejoso, en el que solicita la devolución de un documento exhibido en este asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena la devolución del documento que precisa, previo desglose y copia certificada que en su lugar se deje agregada en el expediente, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 784/2023-I. Desechamiento. Una vez analizado el escrito de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO De las autoridades ordenadoras les reclamo la falta de respuesta a la petición presentada por escrito por ********************, en fecha 02 de junio de 2023 en el Congreso del estado en la ciudad de Mexicali, con la finalidad de pedir una Audiencia Pública conforme a las formalidades que requiere nuestro organismo" Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Agosto de 1998, visible en la página 227, con registro electrónico 195745 que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y, atento a las siguientes consideraciones, se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 constitucional, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De los preceptos transcritos, se advierte que el derecho de petición, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término, situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Debe ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta: La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Debe ser congruente con la petición; y La autoridad debe notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Tales afirmaciones se constatan del contenido de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que a la letra dice: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Así, debe destacarse que si bien el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no precisa el número de días en que deben contestarse las peticiones, respecto de la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto citado, éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." [Énfasis añadido]. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 470 de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." [Énfasis añadido]. Caso concreto. Ahora, en el caso tenemos que, la parte quejosa ejerció su derecho de petición a través del escrito que presentó ante la autoridad responsable el dos de junio del presente año, según se advierte del sello de recepción del acuse que anexó a su demanda de amparo, esto es, veintitrés días hábiles antes de la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintitrés); luego, es claro que ese tiempo resulta insuficiente para que la responsable estuviera en posibilidad de emitir contestación alguna. Además, no bastaba la sola emisión del acuerdo que le recayera, pues también es obligación de la autoridad su notificación, de manera, que si la demanda de amparo se promovió el seis de julio del año que transcurre, es decir, veintitrés días hábiles después de ejercer su derecho de petición; es evidente que la autoridad responsable no ha incurrido en la omisión atribuida, pues en suma, no ha transcurrido ese breve término; es decir, el tiempo racionalmente necesario no sólo para analizar y acordar sobre lo pedido, sino también para hacerlo del conocimiento de la parte quejosa. Lo anterior, precisamente porque el acto reclamado constituye el objeto o la materia propia del juicio de amparo, pues es respecto de aquél que el órgano de control constitucional debe decidir sobre su constitucionalidad o no, de ahí que de manera preferente, debe comprobarse su existencia, para después llevar a cabo el examen sobre su legalidad y resolver. De lo antes expuesto, se desprende que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, deséchese la demanda, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la ley citada, en relación con el artículo 8 constitucional. La conclusión alcanzada, es coincidente con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la naturaleza del acto reclamado se conoce desde este momento procesal y el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, especialmente que aún y cuando se llegare a recabar el informe, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlo a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Acotado lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. Sin que la anterior determinación implique una restricción al derecho de acceso a la justicia, puesto que, existen elementos suficientes para determinar la improcedencia del presente juicio de amparo, aunado a que, a nada práctico llevaría su tramitación. Señalamiento de autorizado. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Dah El Mousthapa Saleck1426/2023
- DAIANE ESTEFANE CORDEIRO DO NASCIMENTO y Otros.776/2023
- Dalia Guadalupe Limon Cuevas562/2019
- Dalia Guadalupe Limon Cuevas548/2019
- Damacio Alberto Navidad Parra39/2021
- Damian Rodriguez Huanosto931/2021
- Daniel Alcaraz Felix718/2023
- Daniel Alcaraz Felix719/2023
- Daniel Alcaraz Felix655/2023
- Daniel Alejandro Magallanes Gomez144/2022
- Daniel Alfonso Carrillo Rangel67/2018
- Daniel Alvarado Valdez374/2021