Damian Rodriguez Huanosto
Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/08/2023
Partes del expediente
- Damian Rodriguez Huanosto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuenta. El veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación de cuenta se advierte que no obran en autos las notificaciones personales al quejoso Damián Rodríguez Huanosto y a sus defensores particulares, a la tercera interesada Dannia Aguayo Angulo, así como al Agente del Ministerio Público Adscrito, de la sentencia dictada en autos el siete de julio del año en curso. Atento a lo anterior, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial encargado del presente asunto para que a la brevedad realice las notificaciones personales a las partes antes mencionadas, de la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercera interesada Dannia Aguayo Angulo, así como al Agente del Ministerio Público Adscrito.
- Principal
Resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ****, por conducto de sus defensores particulares *****, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, en la que se: Resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ****, por conducto de sus defensores particulares *****, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Cuenta. El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el escrito registrado con el número 2427. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por José Bernal Hernández, defensor particular del quejoso, el cual se ordena agregar a los autos, y en atención a su contenido, informa que se trasladó al quejoso del Centro de Reinserción Social "La Mesa" al diverso Centro de Reinserción Social "El Hongo"; asimismo, solicita que este juzgado requiera a la autoridad responsable Juez de Control del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, para que informe sobre dicho traslado y en su caso, se dé vista al Agente del Ministerio Público Adscrito para abrir una carpeta de investigación; finalmente, pide que se traslade al quejoso de nueva cuenta al Centro de Reinserción Social "La Mesa". Atento a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad su petición sobre el traslado del quejoso, por las razones siguientes: Primeramente, se tiene que el siete de marzo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, para efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado, por lo que hace a su libertad personal y a disposición del Juez de Control del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Playas de Rosarito, para la continuación de su proceso, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal, se establecen los supuestos por los cuales se puede llevar a cabo un traslado sin la voluntad de la persona privada de su libertad, los cuales son: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Por lo que, si en algún momento se pone en riesgo la seguridad, integridad o salud de las personas privadas de su libertad, es necesario llevar a cabo el traslado a fin de salvaguardar lo antes mencionado. Por lo tanto, lo primordial es proteger los derechos humanos de la persona que se encuentra privada de su libertad, pues atiende a su integridad y salud, lo que es concordante con la concesión de la medida suspensional dentro de este juicio de amparo, que es, que el quejoso se encuentre protegido de cualquier tipo de violación que pueda afectar su persona, ponderando su estado de salud. Asimismo, la autoridad que conoce del procedimiento jurisdiccional, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la que cuenta con facultades para calificar el traslado, al ser la que conoce efectivamente las condiciones en que se desarrolla el expediente penal, así como, para resolver las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, por lo que, al existir algún pronunciamiento judicial respectivo, es dable concluir que éste previó la situación específica del quejoso, así como los mecanismos necesarios para continuar con el desarrollo de la causa penal. No obstante lo anterior, la propia normatividad que rige las cuestiones de internamiento, establece la posibilidad de interponer recurso de apelación en contra de la convalidación que se haya acordado para realizar dicho traslado, medio idóneo para que se analice la legalidad de la convalidación del traslado, así como las razones y fundamentos que utilizó la autoridad administrativa, para justificar la necesidad de cambiar al quejoso de un centro de reclusión a otro. Recurso que a decir del propio promovente ya se interpuso en contra del referido traslado. Por cuanto hace a su petición de dar vista al Agente del Ministerio Público Adscrito e iniciar una carpeta de investigación, no ha lugar a acordar favorablemente la petición, dado que de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, el representante social de la adscripción es parte en este asunto, por lo que tiene acceso al expediente. Consecuentemente, en caso de considerarlo necesario la representación social de la adscripción, con base en los elementos aportados en el juicio, podrá tomar las acciones conducentes si advirtiera la probable actualización de algún hecho delictuoso; sin perjuicio de que la parte quejosa en caso de estimarlo necesario formule su petición ante el agente del ministerio público correspondiente. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.
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