Daniel Alberto Ramírez de la Rosa

Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
362/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Daniel Alberto Ramírez de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de junio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Maribel Villanueva Salas.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Daniel Alberto Ramírez de la Rosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido en Calle Zaragoza #148 BIS-Sur, Primero de Cobián Centro ,27000 Torreón, Coahuila. IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo el acto consistente en la omisión de resolver mediante la petición realizada por escrito, que fuera presentada ante la autoridad Responsable el día 08 de Julio del 2021, en la cual se solicitó a la autoridad responsable pasara los autos al proyectista a fin de cerrar la instrucción y elaborar el proyecto de laudo". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 362/2022-IIB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en este caso, se reclaman actos emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: i La omisión por parte de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de resolver mediante la petición realizada por escrito presentada ante la junta responsable el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que le solicitó pasara los autos al proyectista para que declarara cerrada la instrucción y elaborara el proyecto de laudo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. Lo anterior es así, pues la junta responsable para corroborar su dicho anexó las constancias certificadas a su correspondiente oficio, relativas a las copias certificadas de diversas actuaciones realizadas en los autos juicio ordinario laboral 1500/2019-SAV, formado con motivo de la demanda promovida por el aquí quejoso Daniel Alberto Ramírez de la Rosa, como en seguida se analizará. Ahora bien, conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que en la sentencia pueda ocuparse de actos anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de 1994, Octava Época, que reza lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En ese sentido, resulta necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, en el caso concreto la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado remitió copias certificadas de las actuaciones que integran el juicio ordinario laboral 1500/2019-SAV, formado con motivo de la demanda promovida por el aquí quejoso; entre ellas, el proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, en él acuerda lo conducente en torno a la solicitud del quejoso en el sentido de que como ya había fenecido el término para las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto de las pruebas pendientes de desahogar, y formular alegatos, se pasaran los autos al proyectista para que cerrara la instrucción y elaborara el proyecto de laudo. La junta responsable en el proveído en mención, se pronunció que hasta en tanto se notificara el auto de fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, se acordaría lo conducente. Pues en dicha data se llevó a cabo la diligencia de audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de los autos del expediente laboral 1500/2019-SAV, en el que la junta responsable concedió a las partes un término de tres días hábiles para que manifestaran su conformidad de que no quedan pruebas pendientes por desahogar, apercibiéndolas que de no hacerlo en el término concedido para tal efecto y quedaran pruebas pendientes se les tendrá por desistidos de las mismas. Constancias las anteriores a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que es una actuación emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Efectivamente, del proveído emitido el dos de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad responsable acordó la promoción en el que el quejoso solicitó se pasaran los autos al proyectista para que se pronunciara respecto de que al no haber pruebas pendientes por desahogar se dictara el proyecto de laudo, cuya omisión constituye el acto reclamado. Pues bien, de lo antes expuesto se colige claramente que el aludido acto de reclamo que se tilda de inconstitucional, a la fecha de presentación de la demanda de amparo resulta inexistente; ello en virtud de que a esa data, esto es, al dieciséis de marzo de dos mil veintidós, es evidente que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ya había dictado el acuerdo respectivo en los autos del juicio de origen, por lo que la omisión que se reclama era inexistente a esa fecha. En efecto, tal como se observa de las constancias allegadas a este juicio constitucional relativas al juicio ordinario laboral 1500/2019-SAV, la autoridad no fue omisa al momento de presentarse la demanda de amparo, puesto que desde el dos de agosto de dos mil veintiuno, ya se había dictado el acuerdo correspondiente a las peticiones formuladas por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número setenta y nueve, julio de 1994, Octava Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En consecuencia, al haber quedado demostrada la inexistencia del acto omisivo atribuido a la autoridad responsable, al menos a la data de presentación de la demanda de amparo; lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de abril de dos mil veintidós. Informe. Se recibe el informe con justificación rendido por las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su informe, la que se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la cual será valorada y tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Notifíquese.

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