Damian Kevin Sepulveda Bañuelos
Expediente 786/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Damian Kevin Sepulveda Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No solicitó. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Damián Kevin Sepúlveda Bañuelos solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "Autoridad o Autoridades Responsables: tiene ese carácter las siguientes: ordenadoras.- C. Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila con residencia en Torreón, Coahuila (sic). --- Ejecutoras.- 1.- Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14, con domicilio conocido en Gómez Palacio, Durango. --- 2.- Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 14, con residencia y domicilio conocido en Gómez Palacio, Durango. --- (.) Acto reclamado.- Se reclama de la responsable ordenadora 1. la omisión de asignarme un autoempleo dentro del centro penitenciario. --- 2. así como la omisión de notificarme el cumplimiento dado por las autoridades ejecutoras respecto de su determinación en audiencia de 27 de mayo de 2021; y de las ejecutoras reclamo la omisión de ejecutar y notificarme la orden judicial de asignarme un autoempleo decretado por la ordenadora". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 5 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, previo acuerdo aclaratorio, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 786/2021-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por el quejoso recluso, son los siguientes: i. La omisión de asignarle un autoempleo en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, en el que cual se encuentra recluido, con motivo de lo ordenado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en los autos de la carpeta de ejecución 552/2021, por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, en funciones de Juez de Ejecución; y en vía de consecuencia, la omisión de notificarle el cumplimiento a esa determinación. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, en funciones de Juez de Ejecución; y Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, por sí, y en representación del Presidente del Comité Técnico, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclaman; sin que, en el caso, la parte quejosa hubiere aportado medio de prueba para desvirtuar esas negativa, aun cuando le correspondía la carga de la prueba. De las constancias existentes en el sumario, valoradas en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad judicial responsable recibió un escrito signado por el quejoso Damián Kevin Sepúlveda Bañuelos, a través del cual promovió controversia respecto de las condiciones de internamiento en contra del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango; por lo cual procedió a tramitar el procedimiento de ejecución en la modalidad de controversia, con el número 552/2021. 2. Mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la autoridad judicial responsable recibió diversos oficios remitidos por la diversa autoridad penitenciaria, mediante los cuales informó que no encontró registro de solicitud o petición administrativa realizada por el sentenciado Damián Kevin Sepúlveda Bañuelos. 3. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el juzgador responsable declaró infundada la controversia sometida a su conocimiento, ya que el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, suspendió el taller de actividades manuales consistentes en papel maché, por encontrar objetos no autorizados que ponen en peligro su seguridad y funcionamiento, además que el director de ese centro penitenciario se encuentra facultado para ello por determinación de la ley. No obstante lo anterior, el juzgador responsable requirió a la autoridad penitenciaria para que dentro del término de ley ahí referido, le indicara al recluso Damián Kevin Sepúlveda Bañuelos, en qué otras actividades podría desempeñar sus funciones laborales, y con ello continuar con su plan de readaptación social. 4. El Director del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, informó al juzgador responsable que se puso a la vista del recluso el catálogo de servicios con que cuenta ese centro penitenciario, en el cual se describen los programas de autoempleo y los objetivos de cada uno, a fin de realizar la modificación de su plan de actividades; no obstante ello, el sentenciado se negó a realizar la elección de alguno de los talleres. 5. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el juzgador responsable tuvo a la autoridad penitenciaria dando cumplimiento a lo ordenado, y ante la negativa del promovente ordenó la baja de esa carpeta de ejecución. Así, no obstante el conocimiento oportuno que de las constancias existentes en el sumario tuvo la parte peticionaria del amparo, no se advierte que hubiere rendido prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado en vía de consecuencia, al no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de 1988, página 690, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil de Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el contenido de las constancias de referencia, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún no obran en el expediente, las constancias requeridas por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, no obstante haber quedado debidamente notificada de ello. Requerimiento. Por tanto, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, para que se sirva remitir copia certificada de manera secuencial y cronológica de la carpeta de ejecución 552/2021; lo anterior, toda vez que son necesarias en el presente juicio de amparo, a fin que las partes se impongan de las mismas, y este juzgado federal pueda resolver en definitiva el presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que dispone lo siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Notifíquese.
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