Daniel Alberto Juárez Gonzalez

Expediente 1360/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1360/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Daniel Alberto Juárez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en el que transcribe el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 1324/2022 de su estadística, del que se desprende que dicho órgano federal aceptó la competencia declinada por este Juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el presente cuaderno de antecedentes dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra se declino la competencia a un diverso órgano jurisdiccional. 2.- TRANSFERIR el presente asunto una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Por ende, obténgase copia de las constancias originales que obran en el presente cuaderno de antecedentes, y remítanse vía electrónica al citado juzgado federal; lo anterior, para los fines legales procedentes. Finalmente, no se inadvierte que en acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, se dio vista al Fiscal de la adscripción con la posible comisión de hechos constitutivos de tortura; sin embargo, como se precisó en párrafos que anteceden, el Juez Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en acuerdo de diecinueve de agosto pasado, aceptó la competencia planteada; por tanto, una vez que el Ministerio Público informe que proveyó al respecto hágase de su conocimiento.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 144/2022 (orden 754/2022), mismo que se remitió para que en auxilio de este juzgado notificara a los quejosos Elier Benítez Fernández y Michael Miranda Cárdenas. En consecuencia, anótese su llegada y dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de la citada comunicación oficial se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria para notificar a los directos quejosos Elier Benítez Fernández y Michael Miranda Cárdenas; en consecuencia, a efecto de evitar dilaciones en el procedimiento, por conducto del actuario adscrito encargado de las notificaciones del presente sumario, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, dése vista al promovente Daniel Alberto Juárez González, por el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho corresponda en relación a la imposibilidad en comento. Ahora, en razón de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los que no pueden tenerse como tal, ya que no podrían observarse las formalidades de las notificaciones a que alude el artículo 26, de la Ley de Amparo; en tales condiciones, notifíquese por medio de lista el proveído de dieciocho de agosto pasado, el presente acuerdo y los subsecuentes, incluso los que deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio cierto para oír y recibir citas y notificaciones. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía , se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo, a efecto de no retrasar la administración e impartición de Justicia, se instruye a uno de los actuarios de la adscripción, para que realice la notificación del auto de dieciocho de agosto pasado y del presente proveído, vía electrónica a través del correo electrónico que proporcionó el accionante en el escrito de demanda juridicglez_089@hotmail.com

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por por **********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza las siguientes manifestaciones: 1. Informa que en proveído de diez de agosto pasado emitido en el juicio laboral de origen, los actores no aceptaron dicho pago pues fue ofrecido como pago total de lo adeudado. 2. Refiere que los actores aceptarán dicho pago como concepto de pago parcial, y que al momento de convenir se fije fecha y hora para el pago del 60% restante en un tiempo no mayor a seis meses. 3. Solicita se requiera al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco a fin de que exhiba el 40% de la cantidad adeudada a cada uno de los quejosos, por concepto de pago parcial. 4. Solicita que en caso de incumplimiento, los presentes autos sean remitidos por inejecución de sentencia al Tribunal Colegiado Ahora, del estado procesal que guarda el presente juicio, se advierten diversas gestiones realizadas por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en ese sentido el veinte de julio del año en curso se giró el despacho 564/2022 (orden 689/2022) al Juzgado Civil de Primera Instancia del Municipio de Nacajuca, Centro, para efectos de que por su conducto se requiriera a Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidenta Municipal y Primera Regidora del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, para que de inmediato diera contestación al oficio SF/SI/DCH/0685/2022 que le fue remitido por el Subdirector de Asuntos Penales y Convenios de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal de dicha Secretaría, y con motivo del periodo vacacional del Juzgado en comento, dicha comunicación aún no ha sido devuelta. En consecuencia, se reserva proveer respecto de la solicitud formulada por el impetrante, hasta en tanto obre el acuse de recibo del despacho en mención. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiuno de julio del año en curso, de la que se advierte desechó el recurso de queja que interpuso el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de su Delegado, contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, emitido por este Juzgado Federal, registrado bajo el número 134/2022, de su índice. Acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la citada ejecutoria y de las copias certificadas del presente juicio, así como realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********** en favor de ***********, ***********, ***********, *********** y ***********. Regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 1360/2022-VIII y fórmese el expediente correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA DETENCIÓN Ahora, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que los quejosos reclaman la detención y/o retención, que se traduce en la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que son objeto por parte de las autoridades migratorias; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los referidos actos reclamados para los efectos siguientes: En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad de los quejosos bajo las siguientes condiciones: -Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: 1. Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los impetrantes de amparo no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2. Se les requiera para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa y ante el Juez de Distrito que resulte competente, el domicilio donde puedan ser localizados; esto es, en Torreón, Coahuila, así como los cambios que del mismo pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en dicha ciudad. 3. Se indique a los quejosos que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 1360/2022-VIII-1 que se esté llevando a cabo el trámite migratorio respectivo, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4. Se requiera a los quejosos para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, si infringen el bando de policía y gobierno o en cumplimiento a una orden de detención librada por diversa autoridad tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. SUSPENSIÓN DE PLANO INCOMUNICACIÓN Asimismo, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que, las responsables se abstengan de ejecutar cualquier tipo de incomunicación y/o tortura, de la que puedan estar siendo objeto los directos quejosos, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, se les permita la libre comunicación con sus abogados. En la inteligencia de que la seguridad y la salud de los quejosos, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Asimismo, del escrito de demanda, se aprecia que el promovente señaló que los quejosos han sido víctimas de maltrato psicológico, físico y económico; por tanto, atendiendo a dichas manifestaciones dese vista al Ministerio Público Federal adscrito para que con copia de la demanda provea lo que en derecho corresponda. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA DEPORTACIÓN Ahora, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad personal fuera de procedimiento con fines de deportación; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS REFERIDOS ACTOS RECLAMADOS para el efecto de que no se ejecute en contra de los peticionarios del amparo alguna orden de deportación, en términos de los artículos 15 y 160 ambos del ordenamiento legal en cita. Asimismo, las responsables se abstengan de ejecutar todos aquellos actos que impliquen expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tortura o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables, continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso, lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." La suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las autoridades responsables se abstengan de trasladar a los quejosos a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida de los peticionarios de amparo, lo cual deberán informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a su legal notificación, comunique a este órgano jurisdiccional, bajo la confidencialidad requerida, si la parte quejosa presentó la solicitud de reconocimiento de refugiado y la etapa en que se encuentre el trámite correspondiente, así como si se ha pronunciado sobre las medidas que resulten necesarias para tal efecto, de conformidad con el numeral 21 de la Ley Sobre refugiados, Protección complementaria y Asilo Político; debiendo remitir al efecto copia debidamente certificada de las constancias conducentes. En la inteligencia, de que la comunicación oficial que al efecto se le envía, surte efectos de aviso sobre la pretensión del quejoso, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del citado numeral. Se apercibe a la autoridad de mérito, de no dar cumplimiento al requerimiento de mérito, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a las autoridades responsables, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que si se niegan a recibir el oficio librado en el presente juicio, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad de mérito, de no dar cumplimiento al requerimiento de mérito, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se le indica que en dichos informes deberá proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. ESTADO FÍSICO DE LOS QUEJOSOS Por otra parte, toda vez que el promovente del amparo refiere que los quejosos fueron detenidos en Torreón, Coahuila, GÍRESE EXHORTO VÍA SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) al Juez de Distrito, en turno con residencia en Torreón, Coahuila, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, para el efecto de realizar la siguiente encomienda: 1.- Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de Torreón, Coahuila, o en el lugar en que se encuentren los quejosos y proceda a la búsqueda y localización de ***********, ***********, ***********, *********** y ***********; una vez en su presencia, les notifique personalmente el contenido de este proveído. 2. Además, al señalarse que los quejosos se encuentran detenidos en caso de no encontrarlos, el fedatario debe constatar si los quejosos ingresaron a la estación migratoria a través de los registros que guarda la autoridad. 3. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos de cuál es el estado físico de los mismos y el lugar donde se encuentran. 4. También proceda a interrogar a los citados quejosos en relación a si han sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por los quejosos; o en su caso asiente lo que corresponda. 5. De igual forma, tomando en consideración que de la demanda se advierte que los quejosos tienen la calidad de migrantes, deberá hacerles saber el derecho a la asistencia consular que tienen, por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desean que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberán hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. 6. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia en Torreón Coahuila, a fin que tengan conocimiento de la suspensión de plano decretada en el presente proveído. Incompetencia. Ahora, una vez analizados los autos del juicio de amparo en que se actúa, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo anterior, tomando en consideración que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, el promovente manifestó que los quejosos fueron detenidos y se encuentran alojados en las instalaciones de la Estación Migratoria en Torreón, Coahuila; por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado anteriormente, se advierte que la privación de la libertad con fines de deportación reclamada, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; esto es, en Torreón, Coahuila; en consecuencia, el competente para conocer del presente asunto es un Juez de Distrito con jurisdicción en dicho lugar. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en el Estado de Torreón, Coahuila, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Reserva respecto de los autorizados, la consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Se reserva proveer respecto de los autorizados señalados en el escrito de cuenta, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen la demanda que nos ocupa. Asimismo, se reserva proveer respecto de la autorización de consulta y notificaciones electrónicas, correo electrónico manosmesoamericanasunidas@gmail.com y número de teléfono 9934501297. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento

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