Daniel Alberto Juárez Gonzalez
Expediente 1361/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Daniel Alberto Juárez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, en el que transcribe el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 822/2022-IV de su estadística, del que se desprende que dicho órgano federal aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: ? DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 21, incisos i) y j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte y con apoyo en lo señalado en el Capítulo 8, en particular en el apartado 8.1.2, numerales 9 y 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto del citado año, al tratarse de un cuaderno de antecedentes derivado de un returno, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos de lo antes señalado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en el que obra transcrito el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio 822/2022-IV de su estadística, del que se desprende que dicho órgano de control constitucional, se reservó de proveer sobre aceptar o no la competencia planteada por este Juzgado, hasta en tanto le sean remitidos los informes rendidos por las autoridades responsables en el Estado de Veracruz, con sede en Acayucan. Atento a lo anterior, indíquesele al juzgado oficiante que aún no se cuentan con los informes de suspensión de plano de las autoridades que radican en el Estado de Veracruz, con sede en Acayucan, ni los acuses de los oficios por el que se les requirió dichos informes; sino únicamente el de la autoridad migratoria con sede en esta ciudad, el cual ya le fue remitido mediante oficio 1089-IX-2 de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, una vez que se cuenten con dichos informes se les hará llegar a través del oficio correspondiente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se provee; téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario Adscrito al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos, en el que obra transcrito el proveído dictado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el juicio 822/2022-IV de su estadística, del que se desprende que dicho órgano de control constitucional, se reservó de proveer sobre aceptar o no la competencia planteada por este Juzgado, hasta en tanto, le fuesen remitidos los informes rendidos por las autoridades responsables, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, remítase copia certificada de la totalidad de las actuaciones, que obran en autos posteriores, al proveído de quince de agosto de dos mil veintidós.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido al quejoso César Emilio Sansores Ortiz, en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El quince de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio, misma que fue recurrida (fojas 264 a 269). Resolución constitucional que, mediante ejecutoria sesionada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, (foja 287 a 296), dictada en el amparo en revisión 73/2021, fue revocada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, bajo los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. Se REVOCA, la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a César Emilio Sansores Ortiz, contra el acto reclamado, por los motivos y para los efectos indicados en el considerando que antecede." Cuyos efectos fueron: ".para el efecto de que las responsables ordenen el pago de los salarios que dejó de percibir desde el quince de mayo de dos mil diecisiete a raíz del procedimiento declarado nulo, conforme al puesto que desempeñaba, hasta la culminación del que se inició conforme a las formalidades legales. Lo anterior por derivar este último procedimiento de violaciones cometidas en el primero, y que son atribuibles a la responsable. Lo anterior, se reitera, que deberá cubrirse hasta en tanto se haya dictado resolución administrativa en el último procedimiento administrativo de origen." En razón de lo anterior, mediante proveído de uno de febrero del año actual, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables (301). Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. La Titular de Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, en representación de la mencionada Secretaría y el Órgano de Asuntos Internos de la misma, mediante oficio SSyPC/UAJ/0718/2022, de nueve de agosto actual, allegó copia certificada de la Comparecencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, del cheque de ocho de agosto de dos mil veintidós, a nombre del aquí quejoso, la póliza de cheque de ocho de agosto de dos mil veintidós y la credencial para votar a nombre del aquí quejoso, con las que acredita haber realizado el pago del setenta por ciento (70%) de los salarios que venía percibiendo del periodo del quince de mayo de dos mil diecisiete al nueve de marzo de dos mil veintiuno. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Vista con el cumplimiento. Por acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional acordaría de oficio lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En ese contexto, se levanta la reserva decretada en auto de diecisiete de los actuales y al efecto se provee; téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahogó la vista descrita en supra líneas, y al efecto realizó manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable, pues manifiesta que no le han realizado el pago correspondiente a la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario integrado, mas veinte días de salario por año laborado, así como la prestación extraordinaria denominada bono de canasta alimenticia que percibía quincenalmente. En consecuencia, en razón que el peticionario desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento, el suscrito, procede a pronunciarse sobre el mismo, en términos de las constancias que obran en el presente sumario y con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ANÁLISIS EVALUATIVO Así, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en los presentes autos, la responsable debía acatar lo siguiente: 1. Realizar el pago de los salarios que dejó de percibir el quejoso, desde el quince de mayo de dos mil diecisiete (a raíz del procedimiento declarado nulo) hasta la culminación del que inició conforme a las formalidades legales. 2. Luego, de las constancias que obran en autos, y atendiendo a las gestiones realizadas por la responsable, se advierte que, del periodo comprendido de quince de mayo de dos mil diecisiete al treinta de junio de dos mil dieciocho, realizó el pago al quejoso respecto del treinta por ciento (30%) de sus salarios, para lo cual, remitió copia certificada de la cuenta bancaria 2994119770, así como el detalle de sueldos de la nómina del quejoso y comprobante de pago (fojas 305 a 311). 3. Así, en proveído de once de febrero de los actuales (foja 312), se requirió a la responsable acreditara el pago del setenta por ciento restante sobre el salario del quejoso. 4. En diverso acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós (foja 470), se precisó que el periodo de salarios a pagar al quejoso, respecto del porcentaje restante aludido, comprendía del quince de mayo de dos mil diecisiete, al nueve de mayo de dos mil veintiuno, ello con motivo de que el diez de marzo siguiente, el citado quejoso causó alta nuevamente como servidor público en esa institución. En esas condiciones, del análisis de las constancias remitidas por la responsable y que obran glosadas a los presentes autos, se tiene que la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en atención a que: ? La Titular de Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, en representación de la mencionada secretaria y el Órgano de Asuntos Internos de la misma, mediante oficio SSyPC/UAJ/0718/2022, de nueve de agosto actual, allegó copia certificada de la comparecencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, por medio de la cual, hizo entrega al aquí quejoso del cheque de ocho de agosto de dos mil veintidós, que ampara la cantidad de $266,958.83 (doscientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos 83/100), con lo que acreditó haber realizado el pago del setenta por ciento (70%) de los salarios que venía percibiendo del periodo del quince de mayo de dos mil diecisiete al nueve de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior, sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En atención a lo anterior, se desestiman las manifestaciones del quejoso en torno a que no están cumplidos los efectos de la ejecutoria dictada en los presentes autos, toda vez que las prestaciones a las que alude, no formaron parte del fallo que se tiene por cumplido, y por ende, la responsable no estaba en condiciones de pronunciarse al respecto. ANOTACIONES Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
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