Daniel Alberto Flores Pérez

Expediente 884/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
884/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Daniel Alberto Flores Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio promovido por el Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanza del Estado de Tabasco, y en su segundo resolutivo se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Daniel Alberto Flores Pérez y Juan Guadalupe Hernández Solis; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo1 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recibir los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase a la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente administrativo 226/2021-S1, de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado, misma que se manejó por cuerda separada en un tomo. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 884/2021-3 y su acumulado 885/2021-4 promovido por **************** *******************, promoviendo por propio derecho y en su carácter de Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanza del Estado de Tabasco, respectivamente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en: 1. Copias simples de las notificaciones realizadas por la Actuaria adscrita a la Sala responsable, respecto de los acuerdos de diecisiete de mayo, dieciocho de junio y trece de julio de dos mil veintiuno, emitidos en el expediente natural 226/2021-S1. 2. La instrumental de actuaciones. 3. La presuncional legal y humana. Así mismo, se da cuenta con la documental que en copia certificada acompañó a su informe justificado la autoridad responsable Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada del expediente administrativo 226/2021-S1, de su índice, el cual obra por cuerda separada en un tomo de prueba a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los alegatos formulados por Ruth María Córdova Pulido, en su carácter de administradora única de la sociedad mercantil denominada Comercializadora Comor, sociedad anónima de capital variable, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de Ruth María Córdova Pulido, en su carácter de administradora única de la sociedad mercantil denominada Comercializadora Comor, sociedad anónima de capital variable, y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 884/2021-3 y su acumulado 885/2021-4 promovido por **************** Guadalupe Hernández Solís, promoviendo por propio derecho y en su carácter de Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanza del Estado de Tabasco, respectivamente contra actos de la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA 884/2021-3. Por escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del presente año, Daniel Alberto Flores Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 El proveído de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, punto cuarto, en el que se hace efectiva la multa, equivalente a treinta (60) Unidades de Medida y Actualización, que resulta de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), dentro del Juicio Administrativo 226/2021-S- 1; mismo que fue notificado en quince de julio del año en curso. 2 La ejecución de la multa, equivalente a treinta (60) Unidades de Medida y Actualización, que resulta de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), decretada en el punto cuarto del proveído de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, emitido por la licenciada Mónica de Jesús Corral Vázquez, Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dentro del Juicio Administrativo 226/2021-S- 1. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. 2 Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. ACUERDO DE PREVENCIÓN. Mediante auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que dentro del término de cinco días exhibiera documento original o certificado con el que acreditara la personalidad con que se ostentaba, es decir, para demostrar fehacientemente que le revestía el carácter de Director de Licencias e Inspecciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. TERCERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA 885/2021-4. Por escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del año en curso, *********************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 El proveído de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, punto cuarto, en el que se hace efectiva la multa, equivalente a treinta (60) Unidades de Medida y Actualización, que resulta de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), dentro del Juicio Administrativo 226/2021-S- 1; mismo que fue notificado en quince de julio del año en curso. 2 La ejecución de la multa, equivalente a treinta (60) Unidades de Medida y Actualización, que resulta de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), decretada en el punto cuarto del proveído de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, emitido por la licenciada Mónica de Jesús Corral Vázquez, Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dentro del Juicio Administrativo 226/2021-S- 1. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. 2 Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. CUARTO. ACUERDO DE PREVENCIÓN. Mediante auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso *********************** para que dentro del término de cinco días exhibiera documento original o certificado con el que acreditara la personalidad con que se ostentaba, es decir, para demostrar fehacientemente que le revestía el carácter de Subdirector de Licencias e Inspecciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. QUINTO. SE ACUMULA EL JUICIO 885/2021-4 AL DIVERSO 884/2021-3, Y SE ADMITE DEMANDA. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó acumular el juicio de amparo 885/2021-4 al 884/2021-3, por haberse promovido contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados; asimismo, se tuvo a los quejosos dando cumplimiento a los requerimientos de diez de agostos de dos mil veintiuno, y se admitió la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 884/2021-3 y su acumulado 885/2021-4, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: ? El acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio administrativo 226/2021-S-1, del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, consistente en la imposición de una multa, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad (foja 117), al rendir su respectivo informe justificado aceptó el acto que se le reclama. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, la certeza del auto reclamado se robustece con las constancias que en copia certificada acompañó a su informe justificado, relativas al expediente administrativo 226/2021-S1 constante de un tomo de prueba; documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por su parte, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en representación del Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco (foja 120), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de que se tuvo a la autoridad ordenadora por presuntivamente cierto el acto reclamado, y en consecuencia, al recaerle el carácter de autoridad ejecutora debe tenerse como cierto lo a ella reclamado. Tiene sustento a lo anterior, la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 56, materia común, Registro 227890, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 7 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Al respecto, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada debido a que las morales quejosas no tiene legitimación para promover el juicio de amparo, al no provenir el acto reclamado de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; para justificar lo anterior es necesario transcribir, los artículos 61, fracción III y 7° de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (Énfasis añadido). Como se advierte de lo anterior, el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. A juicio de esta juzgadora, la excepción contenida en el precepto normativo aludido: (I) no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y (II) constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticasjurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. En efecto, no puede perderse de vista que la excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. Es decir, cuando el Estado se coloca en el mismo plano jurídico que los particulares, es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras, entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. En ese sentido, el Estado en unos casos puede obrar como autoridad haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria, y en otros casos, como persona de derecho privado, es decir, cuando al igual que los individuos particulares ejecuta actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales3. Por ende, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones inculados a sus "intereses particulares", lo cual lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, como lo es el referido medio de control constitucional. En consecuencia, si bien el artículo 7 de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, lo cierto es que no capacita a las oficinas públicas o departamentos 3 Ilustra lo anterior, las tesis intituladas: "ESTADO, NO PUEDE PEDIR AMPARO COMO ENTIDAD SOBERANA, CUANDO SE APLICA EL ESTATUTO JURÍDICO",1 y "ESTADO. CUANDO OBRA COMO PERSONA DE DERECHO PÚBLICO, Y CUANDO COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO" de Estado para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio IV.2o.A.46 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2243, de rubro y texto, siguientes: "AMPARO PROMOVIDO POR LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL, LOS MUNICIPIOS O CUALQUIER PERSONA MORAL PÚBLICA. LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, SON APLICABLES PARA SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY VIGENTE. El artículo 7o. de la Ley de Amparo vigente, es similar al 9o. del ordenamiento en la materia abrogado, y las diferencias existentes entre ambas disposiciones estriban en que la referencia a: "personas morales oficiales" de éste, como legitimadas para promover el juicio, fue sustituida, en aquél, por: "la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública"; asimismo, en lugar de aludirse únicamente al "acto o a ley que se reclame", ahora se hace referencia a "norma general, acto u omisión", como reclamables y, finalmente, en la disposición vigente se expresa que la afectación patrimonial debe ser en las "relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", sin que el Poder Reformador expresara el motivo que dio lugar a la modificación de la disposición en comento. No obstante, debe considerarse que la intención del propio legislador al crear el artículo 9o. referido, con una redacción diferente a la utilizada antes de su entrada en vigor, no implica variación alguna en su sentido y alcance que amerite darle una interpretación distinta, por lo que los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en relación con el amparo solicitado por las personas morales oficiales, al emitir la tesis de rubro: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL."; la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 y las tesis aisladas P. XV/2010, 1a. XXXIX/2011, 2a. XLVII/2013 (10a.) y 1a. CXIII/2013 (10a.), en el sentido de que están legitimadas para acudir al juicio, por cualquier situación especial que pudiera afectar sus intereses patrimoniales en la que se ubiquen en un plano de derecho equiparable al de cualquier persona del derecho privado e, incluso, ante otros entes jurídicos oficiales, siguen vigentes de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues no contrarían sus disposiciones. Esto es así, porque conforme al artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1987, y a las disposiciones del título segundo del libro primero del Código Civil Federal, que hace referencia a las personas jurídicas de carácter público y de naturaleza privada, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estadogobierno que se compone de diversos órganos públicos que dependen de él, por lo que las personas morales o jurídicas públicas, como se denominan en la ley actual, también son llamadas personas morales o jurídicas oficiales, como se señalaban en la ley abrogada y, en esencia, están referidas a la entidad Estado-gobierno, por lo que la variación en la redacción de la norma en vigor no implica un entendimiento distinto al sentido que la legislación anterior indicaba. Además, el hecho de que actualmente se precise que esas personas morales públicas pueden promover amparo contra toda norma general, acto u omisión de la autoridad, cuando la previa refería a las "leyes o actos", implica lógicamente la adecuación en la redacción con las demás disposiciones que integran el ordenamiento fuente y, finalmente, el hecho de que se añadiera que el amparo procede contra una norma general, acto u omisión, que afecten a aquéllas en su patrimonio, "respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", tampoco implica dar una interpretación diversa al sentido de la norma, pues esa precisión válidamente puede derivar de los múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos precisados, máxime que en la propia iniciativa en que se propuso la norma como fue publicada, se indicó que el antecedente de la propuesta era el proyecto de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, a su vez, se integró el numeral 6o. con redacción similar al ahora publicado, motivándose en el sentido de que se optó por permitir a los entes ahí mencionados el acceso al amparo cuando actúen en un plano de igualdad con los particulares, porque en tales casos se han despojado de sus facultades de imperio." En esa tesitura, se colige que el simple hecho de que una autoridad sea parte dentro del juicio contencioso administrativo, como en el presente caso, de manera alguna implica que la persona moral oficial se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Es así, pues en los juicios de naturaleza administrativa, cual sea la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante, lo que se encuentra a debate es precisamente un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues precisamente el fin del juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones; de ahí que la defensa del acto administrativo no puede ser considerado como un derecho fundamental para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo . Por tanto, el hecho de que los quejosos Daniel Alberto Flores Pérez y Juan ****************, promoviendo en su carácter de Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, quienes son autoridades responsables en el juicio contencioso administrativo, lo cual no implica que deba gozar de los mismos derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad. Admitir que la autoridad accionante o demandada está facultada para promover el juicio de amparo, por el solo hecho de sujetarse a la jurisdicción de un tribunal contencioso y ser parte en tal contienda jurisdiccional, sería tanto como desnaturalizar dicho medio de control constitucional para convertirlo en una mera instancia dentro de un juicio ordinario, el cual, ni por razón de origen, ni por razón de su finalidad, puede equipararse al juicio de amparo. En efecto, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. Siendo que, como se ha reiterado, el requisito indispensable para acreditar la legitimación ad causam de las personas morales oficiales en el juicio de amparo, es que la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. De ahí que, si bien en algunos casos se pudiese considerar que mediante el juicio contencioso administrativo las personas morales oficiales pretenden proteger cuestiones patrimoniales, lo cierto es que no se surte el diverso supuesto atinente a que actúen en un plano de igualdad fáctica jurídica como si se tratase de un particular, lo cual constituye el requisito sin el cual no puede actualizarse el supuesto de excepción consagrado en el precepto 7 de la Ley de Amparo; puesto que en el despliegue de su actuación como ente de gobierno, se encuentra desprovisto de toda posibilidad de exigir la protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 254, de rubro y texto, siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." En suma, la circunstancia de que los ahora quejosos hayan figurado como una de las partes procesales en el juicio respectivo -ya como accionante, ya como demandadano le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que le otorgaría interés suficiente es no actuar en funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que lógicamente no acontece dentro del juicio contencioso administrativo 226/2021-S-1, pues tanto el Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, respectivamente, fungieron como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos puedan solicitar el amparo para defender "sus derechos fundamentales". Lo anterior, pues para la válida relación procesal dentro del juicio contencioso administrativo el acto reclamado -ya sea una cuestión adjetiva o sustantiva-, no deriva del conflicto suscitado con motivo de su actuación como sujeto de derecho privado o particular, sino de sus funciones públicas, de modo que la circunstancia de figurar como parte en el juicio contencioso del que proviene el acto reclamado, no la legitima para acudir al amparo. Inclusive la Segunda Sala de la Suprema de la Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad la contradicción de tesis 374/2016, en sesión de nueve de agosto de dos mil diecisiete, determinó lo siguiente: ".En ese sentido, es dable colegir que si el Constituyente Permanente y el Legislador Federal, limitaron de manera expresa las causas por las que las autoridades pueden combatir un fallo emitido dentro del juicio contencioso administrativo, resulta incuestionable que el juicio de amparo no debe ni puede ser utilizado o deformado para ampliar las causas por las que una persona moral oficial, en su carácter de autoridad demandada o accionante, pueda cuestionar tales resoluciones jurisdiccionales, ni aun bajo el pretexto de la igualdad de derechos de las partes en el juicio de origen, en su vertiente "adjetiva" o de formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, tal práctica no sólo atentaría contra la naturaleza del juicio de amparo, en tanto se le reduciría a un recurso de casación para dilucidar las contiendas entre poderes estatales -en la especie, entre autoridades administrativas y tribunales administrativos-, sino que además, vía el juicio de amparo, se generaría una posibilidad procesal de impugnar las resoluciones de los tribunales contenciosos administrativos, en supuestos adicionales al recurso que expresamente el Constituyente instituyó para tal efecto; generándose una suerte de medio de control de legalidad híbrido, no ya del acto administrativo, ni de los derechos humanos, sino del actuar jurisdiccional de tales tribunales. Habida cuenta que, .aceptar que las personas morales oficiales, en su carácter de verdadera autoridad, pueden promover amparo para defender "su derecho al debido proceso"; permitiría que el amparo procediera prácticamente contra cualquier resolución de los tribunales contenciosos administrativos en que la autoridad demandada o actora estime que existieron irregularidades respecto a: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y (IV) a la resolución que dirime la controversia contenciosa -en tanto dichos elementos conforman el núcleo esencial del referido derecho humano-. Convirtiéndose así la excepción en la regla, pues en todo juicio de nulidad la autoridad podría acceder al amparo pretextando violaciones de carácter procesal, transformándose así al medio de control constitucional en un recurso de casación al servicio de las autoridades que son parte en los juicios contenciosos administrativos. Atento a lo anteriormente expuesto, se concluye que la excepción prevista en el artículo 7 de la Ley de Amparo no puede ser interpretada de manera amplia, sino que es de estricta aplicación, a fin de asegurar que las personas morales oficiales únicamente puedan acceder al juicio de amparo en aquellos casos en que actúen como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecutan actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales", esto es, en tratándose de relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.4 En consecuencia, debido a que la moral quejosa como Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanza del Estado de Tabasco, respectivamente, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo, al no provenir el acto reclamado de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el presente juicio de amparo promovido por los quejoso en su carácter de Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, respectivamente. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER POR LOS QUEJOSOS **************** ****************, QUIENES PROMUEVEN POR PROPIO DERECHO. Respecto al juicio de amparo promovido por los quejosos **************** Guadalupe Hernández Solis, éste es procedente, tomando en consideración que dichos quejosos se encuentran legitimados para promover el juicio de amparo, toda vez que comparecen como personas físicas que en su actuar como autoridad fueron multadas por la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; pues si bien, dicha multa fue impuesta al Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, respectivamente, lo cierto es, que la multa fue impuesta a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omitieron cumplir el mandato de la referida autoridad responsable, lo cual si pudiera afectar en su esfera jurídica. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 974, materia Común, Administrativa, Registro 2009360, Décima Época, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Así como, la diversa Tesis II.3o.A.9 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1908, Registro 2003660, Décima Época, que dice: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN. Cuando los órganos jurisdiccionales imponen una multa a una autoridad y hacen referencia a la denominación de un determinado puesto, debe entenderse que ésta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en la infracción y no al organismo al que pertenece, pues no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de esa sanción." Los quejosos expresaron los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por los quejosos Daniel Alberto Flores Pérez y Juan ****************, promoviendo por propio derecho, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." No obstante, los quejosos manifestaron en su único concepto de violación que se vulnera en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la autoridad responsable les impuso una multa equivalente a sesenta unidades de medida y actualización, que resulta la cantidad de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), la cual refieren que se encuentra fundada pero de manera deficiente. Los conceptos de violación que expresan los quejosos son infundados por los motivos que a continuación se exponen: En ese tenor, como se dijo al inicio del presente considerando, resultan infundados los argumentos relativos a que el acto reclamado adolece de la motivación y fundamentación que debe contener, en contravención a lo que ordenan los artículos 14 y 16 Constitucionales. La exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les ordena; mientras que la motivación se traduce en el señalamiento de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". 5 De igual manera sirve de apoyo la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN". 6 Bajo esa tesitura, conforme al numeral 16 de nuestra Carta Magna, todo acto de autoridad debe reunir los requisitos siguientes: 1. Ser emitido por autoridad competente. 2. Adoptar la forma escrita. 3. Citar el fundamento legal en que se sustenta el acto. 4. Encontrarse motivado. La exigencia de motivación implica que la autoridad debe exponer por qué considera que las circunstancias y modalidades del caso particular se adecuan a la hipótesis normativa, esto es, para aplicar una norma jurídica al caso concreto donde vaya a operar el acto de autoridad, ésta debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que se adecuen a los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto autoritario pueda conocer su fundamentación y motivación, así como quien lo emitió, para que esté en condiciones de producir su defensa. Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Ilustra la anterior consideración la jurisprudencia I.6o.C. J/52, observable con registro número 173,565, en la página 2127 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, enero de 2007, de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA."7 De lo anterior, resulta que, en torno a satisfacer los requerimientos de adecuada fundamentación y motivación, son precisamente los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración, con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre que existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. Ahora bien, son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues a diferencia de lo expuesto por éste, la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se ajustó a los requisitos previstos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Para afirmar lo anterior, resulta conveniente tener presente que el auto de trece de julio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio Contencioso Administrativo 226/2021-S-1, en el que, entre otras cuestiones, se impuso la sanción económica combatida por los quejosos, en modo alguno puede estudiarse de manera aislada, ya que el proveído por el cual se hace el apercibimiento y se establece la conducta que debe de cumplir la parte requerida en el juicio de origen es el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues de conformidad con el punto tercero del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio contencioso administrativo 226/2021-S-1, la Magistrada responsable requirió a las autoridades responsables Director de Licencias e Inspecciones, Subdirector de Inspecciones e inspector Rafael Gerardo Corro Mejía, adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informaran a la Sala responsable sobre el cumplimiento de la suspensión otorgada a la parte actora Comercializadora COMOR, sociedad anónima de capital variable, consistente en que las citadas autoridades procedieran al retiro de los sellos de clausura que fueron colocados en ese establecimiento, con giro de mini súper, ubicado en calle principal sin número del Poblado Lázaro Cárdenas del municipio de Tlacotalpa, Tabasco, y se abstuviera de realizar cualquier acto que impidiera la actividad comercial que tiene autorizada la empresa actora a través de la licencia de funcionamiento número 3502, hasta en tanto fueran notificadas de la sentencia ejecutoriada pronunciada en el juicio contencioso administrativo de origen. Apercibiéndoles, que de no cumplir se les aplicaría a cada uno multa equivalente a sesenta Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), que resultaba de multiplicar el valor de la unidad de Medida (89.69) por sesenta, conforme al método previsto en el artículo 4 fracciones I, II y III de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Así mismo, en dicho punto tercero, la Magistrada responsable apercibió a los aquí quejosos en términos de los artículos 70 y 71, en relación con los numerales 13 fracción I, y 15 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mismos que por su importancia se transcriben a continuación: "Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó." "Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros." "Artículo 13.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal podrá hacer uso de los siguientes medios de apremio: I. Multa de 1 a 150 veces el valor diario de la UMA, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la UMA, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; (.)" "Artículo 15.- En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad administrativa o penal competente para que proceda en los términos de la legislación aplicable." Dicha sanción económica impuesta en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, como ya se dijo, no puede estudiarse de manera aislada, ya que el proveído por el cual se les hace el apercibimiento y se establece la conducta que deben de cumplir los quejosos en el juicio de origen es el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el cual fue notificado a Director de Licencias e Inspecciones y Subdirector de Inspecciones, adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos a fojas 57 y 58 del tomo de prueba que remitió la Magistrada responsable, lo que deja en claro que si se notificaron a los quejosos, por tanto, estos se encontraban en facultad de cumplir con lo establecido en el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, cosa que no hicieron. Por ende, en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, ante tal desacato del Director de Licencias e Inspecciones y Subdirector de Inspecciones, adscritos a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, a pesar de estar debidamente notificadas del auto de dieciocho de junio del presente año, no obstante, éstas no dieron cumplimiento a la suspensión otorgada por la Magistrada responsable, la Sala consideró como grave la conducta desplegada, ordenando hacer efectivo el apercibimiento decretado. Por todo lo anterior, se puede concluir que la Magistrada de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, si fundó correctamente su determinación en los artículos 70 y 71, en relación con los numerales 13 fracción I, y 15 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y, motivó la imposición de la sanción en el hecho de que las responsables no dieron cumplimiento al requerimiento decretado en diverso proveído de dieciocho de junio del presente año, no obstante de estar debidamente notificados. Tales consideraciones constituyen razones suficientes para motivar el actuar de la autoridad, en virtud de la conducta contumaz adoptada por los quejosos al incumplir con el apercibimiento decretado en el Juicio Contencioso Administrativo 226/2021-S-1; por lo que, es de concluirse que el auto de trece de julio de dos mil veintiuno, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos. Finalmente, la negativa de amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco, ya que no se combatieron por vicios propios y únicamente se impugnan como consecuencia del acto primigenio. Por último, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercera interesada, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por el Director y Subdirector de Licencias de Inspecciones de la Secretaría de Finanza del Estado de Tabasco, respectivamente, por los motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **************** ****************, promoviendo por propio derecho, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el escrito de cuenta, signado por el Licenciado Francisco Gabriel Rodríguez Arias, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte tercero interesada sociedad mercantil denominada Comercializadora Comor, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual solicita que deje de surtir efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que no garantizó el interés fiscal dentro del plazo concedido en la resolución interlocutoria de siete de septiembre del año en curso. Por lo tanto, como de la certificación que antecede se advierte que el término de cinco días que concede el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa garantizara el interés fiscal por la suma de $5,381.40 (cinco mil trescientos ochenta y un pesos con cuarenta centavos moneda nacional), ante la autoridad exactora, o bien, acreditara ante esta autoridad, haberlo hecho ante aquélla, a efectos de resguardar los derechos de las partes en el procedimiento natural, que se le fijó para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de siete de septiembre último, transcurrió del diez al veintiuno de septiembre del presente año, con exclusión de los días inhábiles que dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el día 15 de septiembre del año en curso, por haberse declarado no laborable, indicado en el Oficio SEPLE./GEN./3069/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que obre en autos constancia alguna que acredite que haya cumplido con tal determinación; por lo que con fundamento en el precepto antes mencionado, se declara que dicha suspensión deja de surtir sus efectos; por tal razón, hágase saber a las autoridades responsables que queda expedita su facultad para la ejecución del acto reclamado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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