Daniel Abel Oropeza Falcón

Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
15/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Daniel Abel Oropeza Falcón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mediante el cual informa nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en carretera Picacho Ajusco no 714 Edificio E planta baja, Colonia Torres de Padierna, AlcaldiaTlalpan, código postal 14209 de la Ciudad de México, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Daniel Abel Oropeza Falcón; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 15/2022-5, promovido por Daniel Abel Oropeza Falcón, contra los actos que reclama del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México, por estimarlos violatorios de los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cinco de enero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el seis del mismo mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional el siete de enero siguiente, Daniel Abel Oropeza Falcón solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detalla: ACTOS RECLAMADOS 1. El comunicado número 046 publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual la autoridad responsable emitió resoluciones sobre la renovación de directivas del proceso de elecciones seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.), entre las cuáles se encuentra la Sección 14 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) 2. La omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno. AUTORIDAD RESPONSABLE Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diez de enero de dos mil veintidós, se desechó la demanda respecto a la autoridad que el quejoso señaló como responsable denominada Secretario General del Comité Ejecutivo Local de la Sección 14 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; y se admitió a trámite la demanda de amparo respecto a la autoridad restante, la cual fue registrada con el expediente 15/2022-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se ordenó tramitar incidente de suspensión, por así haberse solicitado expresamente por la quejosa; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Al respecto, el ocho de febrero de dos mil veintidós1 , se realizó el emplazamiento del tercero interesado Raúl Francisco Becerra de Dios, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Local de la Sección 14 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, previo diferimiento la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Foja 64 del presente juicio de amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo2 , para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: 1. El comunicado número 046 publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual la autoridad responsable emitió resoluciones sobre 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)" 3 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. la renovación de directivas del proceso de elecciones seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.), entre las cuáles se encuentra la Sección 14 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) 2. La omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO EN EL INCISO A) DEL CONSIDERANDO SEGUNDO QUE ANTECEDE. No es cierto el acto reclamado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México, consistente en el comunicado número 046 publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual la autoridad responsable emitió resoluciones sobre la renovación de directivas del proceso de elecciones seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.), entre las cuáles se encuentra la Sección 14 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.); no obstante haberlo admitido la Subdirectora de lo Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del referido Centro Federal, al rendir el informe justificado en su representación. Además, cabe señalar que tal y como la autoridad señalada como responsable lo aduce, que el comunicado 046 de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, constituye una comunicación meramente informativa, ya que de conformidad con lo establecido en al artículo 371, fracción IX; 371 Bis, 590-A, 590 B, de la Ley Federal del Trabajo, y artículo 5º y 9º, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se advierte que cuente con facultades de resolver impugnaciones de elecciones de directiva sindical, que el quejoso le atribuye. En efecto, resulta inexistente el acto reclamado en estudio, toda vez que dicho acto no le resulta atribuible por no estar facultada para emitir ese tipo de actos. Al respecto, los artículos 371 fracción IX, 371, Bis, 590-A, 590 B, de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán IX. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes: a) La convocatoria de elección se emitirá´ con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos; b) La convocatoria deberá´ publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de diez días; c) El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así´ como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta; d) Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá´ publicarse y darse a conocer entre éstos con al menos tres días de antelación a la elección; e) Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar, y f) La documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, contendrá´ cuando menos los siguientes datos y requisitos: 1.- Municipio y entidad federativa en que se realice la votación; 2.- Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 3.- Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate; 4.- El nombre completo del candidato o candidatos a elegir, y 5.- Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales efectos acuerde el sindicato. El procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al Secretario General o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o convenciones sindicales, cumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso." En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el procedimiento de elección carecerá´ de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso; "Artículo 371 Bis.- Las elecciones de las directivas de los sindicatos estarán sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción IX del artículo 371 de esta Ley, conforme a lo siguiente: I. Los sindicatos podrán solicitar el auxilio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto que certifiquen el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Al concluir la elección, la autoridad que acuda a la verificación deberá formular un acta en la que conste el resultado de la elección y de la forma en que ésta se llevó a cabo, de la que se entregará copia al sindicato solicitante; II. La solicitud será realizada por los directivos sindicales o por lo menos por el treinta por ciento de los afiliados al sindicato, y III. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá desahogar este sistema de verificación de la elección de las directivas sindicales para que se cumpla con los principios constitucionales de certeza, confiabilidad y legalidad, y los señalados en el artículo 364 Bis de esta Ley. En caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, el Centro podrá convocar y organizar un recuento para consultar mediante voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores el sentido de su decisión." Artículo 590-A.- Corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral las siguientes atribuciones: I. Realizar en materia federal la función conciliadora a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional; II. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así´ como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional; III. Establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal; IV. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, y V. Las demás que de esta Ley y la normatividad aplicable se deriven." "Artículo 590-B.- El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se constituirá y funcionará de conformidad con los siguientes lineamientos: Será un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el Órgano de Gobierno. Tendrá´ personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá´ por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Será competente para substanciar el procedimiento de la conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones, antes de acudir a los Tribunales, conforme lo establece el párrafo quinto de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, será competente para operar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. El titular del organismo será su Director General. El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado, quien además de lo previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XX de la Constitución, deberá cumplir con los requisitos que establezca la Ley de la materia." Asimismo, los artículos 5º y 9º de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación y Registro Laboral esteblecen: "Artículo 5. El Centro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal, conforme lo establecido por los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 123, Apartado A, de la Constitución y artículos 684-A a 684-E de la Ley Federal del Trabajo. Además, será competente para registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. " "Artículo 9. Corresponden al Centro las siguientes atribuciones: I. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria individual prevista en el párrafo cuarto de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 Constitucional; II. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria colectiva, misma que se brindará a petición de las partes o de la autoridad judicial; III. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 Constitucional; IV. Establecer el servicio profesional de conformidad con los parámetros estipulados en la Ley Federal del Trabajo y esta Ley; V. Establecer planes de capacitación de conformidad con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y esta Ley; VI. Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, así como verificar el cumplimiento de los principios democráticos y los requisitos legales aplicables; VII. Convocar y organizar los recuentos para consultas a solicitud fundada de los trabajadores, o en caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada en la verificación de la elección de directivas sindicales conforme al artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo; VIII. Expedir las constancias de no conciliación; IX. Expedir las constancias de representatividad; X. Verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo que los rigen y sus convenios de revisión, vigilando el ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto; XI. Tomar en consideración las propuestas y opiniones del Comité Nacional de Concertación y Productividad referidas en el artículo 153-K, fracciones XII, XIII y XIV, de la Ley Federal del Trabajo; XII. Verificar que el contenido de los contratos colectivos de trabajo se haya hecho del conocimiento de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por el artículo 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo; XIII. Proporcionar la documentación e información relativa al registro del contrato colectivo o de la administración del contrato-ley, tabuladores, padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella información que posea a los tribunales que así lo requieran; XIV. Hacer pública conforme al artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la información de los sindicatos, y brindar a las personas que lo soliciten copia de los documentos que obren en los expedientes registrados, previo pago de los derechos correspondientes, en términos del artículo 8o. de la Constitución y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, priorizando la utilización de medios tecnológicos; XV. Establecer un modelo de gestión conciliatoria y administrativa para su adecuado funcionamiento; XVI. Establecer el Código de Conducta para las personas servidoras públicas al Centro; XVII. Implementar medidas que garanticen un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación, violencia y acoso, así como la sustentabilidad ambiental del propio órgano; XVIII. Imponer las multas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, conforme a la normatividad aplicable, y XIX. Las demás que establezcan la Ley Federal del Trabajo, la presente Ley y la normatividad aplicable." De igual forma, el Artículo 23 del Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establece: "Artículo 23. Compete a la Coordinación del Registro de Asociaciones: . XV. Determinar la existencia de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada respecto de un proceso de elección de dirigencia sindical;" . Sin embargo, del análisis del contenido de los preceptos antes indicados se advierte que la referida autoridad responsable no está facultada para actuar en el sentido en que el quejoso pretende que lo haga, esto es, no se advierte que esté facultada para de resolver impugnaciones de elecciones de directiva sindical; por tanto, el acto que se le reclama es inexistente. 02/01/23 11:55:33 Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Sin que pase inadvertido para la suscrita quien resuelve que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo haya anexado las siguientes pruebas documentales: ? Documental consistente en copia simple de la credencial de Petróleos Mexicanos ficha número 460424, a nombre de Daniel Abel Oropeza Falcón. ? Documental consistente en copia simple de la credencial para votar a nombre de Daniel Abel Oropeza Falcón. ? Copia simple de la solicitud de registro de planilla de veinte de noviembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, al ser copias simples, su valor probatorio se reducen a un indicio, que no arrojan certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no haya sido objetada por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.C.J/37 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1759, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 634 de la Ley de Amparo en relación a las autoridades señaladas en este considerando. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En efecto la Subdirectora de lo Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado por una parte, niega la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la constancia que remitió a su referido informe consistente en copia certificada del oficio CFCRL/CGRA/0113/2022, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, signado por el Director de Información Sindical de la Coordinación General de Registro de Asociaciones, con sede en la Ciudad de México, del cual se advierte su existencia. Constancia a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 4 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" supletoriamente por disposición expresa del normativo 2, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable al encontrarse corroborado con la documental precitada. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, la Subdirectora de lo Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México, en apoyo a su informe justificado, anexó en lo que aquí interesa, copia certificada del oficio CFCRL/CGRA/0113/2022, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, signado por el Director de Información Sindical de la Coordinación General de Registro de Asociaciones, con sede en la Ciudad de México, del cual se aprecia que acordó el escrito del quejoso de uno de diciembre de dos mil veintiuno, recepcionado por la responsable a través de la Oficina Estatal Tabasco, en el cual al respecto acordó lo siguiente: [.] "Al respecto, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, artículos 358, 364 Bis, 371 y 377 de la Ley Federal del Trabajo; y 123 fracción XIX del Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, me permito atender en los siguientes términos: Se tiene por hechas sus manifestaciones las que se tiene aquí por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias y, en tención a ellas, se indica que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se rige bajo el principio de legalidad, entre otros y, por tanto, se hace de su conocimiento que esta autoridad no cuenta con atribuciones para intervenir en los hechos denunciados. Lo anterior, en apego al artículo 3, punto 2 del Convenio 87, relativo a la "Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical", el cual establece que "las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o impedir su ejercicio legal" (sic). Por otra parte, respecto del procedimiento individual seguido ante la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje , esta autoridad laboral en sede administrativa carece de competencia para pronunciarse respecto del mismo. En las relatadas condiciones, queda expedito su derecho para hacerlo valer ante las instancias y órganos internos de decisión ya establecidos al interior de la organización sindical, y ante la autoridad jurisdiccional competente a efecto de no violentarse la soberanía y libertad sindical de la organización que nos ocupa". [.] Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el cinco de enero de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había acordado el escrito de uno de diciembre de dos mil veintidós, recepcionado por la responsable a través de la Oficina Estatal Tabasco; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA" SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********** por las razones apuntadas en los considerandos tercero y quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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