Damian Romero Lira
Expediente 776/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Damian Romero Lira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, POR HABERSE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación . Cuaderno original del incidente de suspensión Destruible. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y fue negada la definitiva, es susceptible de destrucción. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
R E S U E L V E. ÚNICO. Se niega a Damián Romero Lira, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando tercero de esta interlocutoria.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con cuatro minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 776/2020-IV, promovido por Damián Romero Lira; enseguida, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante el Secretario Christoper Rodríguez Escobar; sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: Demanda de amparo promovida por Damián Romero Lira, por propio derecho. Auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por el que se radicó la demanda de amparo registrándola con el número de amparo 776/2020-IV, y se admitió a trámite la misma. Constancia de notificación electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. Informes justificados rendidos por: - Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. - Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de despacho, por sí y en cumplimiento a los oficios 23639/2020 -Juez Tercero del Distrito Judicial de Sánchez Piedras-, 23638/2020 -Juez Segundo de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras- y 23637/2020 -Juez Primero de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras-. - Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en el que se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable señalada como Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Todo lo anterior consta en autos. En este acto, el Secretario hace constar que por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable señalada como Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Al respecto, debe indicarse que dicho término ya transcurrió, pues el mismo se le notificó el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, surtiendo sus efectos el treinta posterior, por lo que el plazo de referencia transcurrió del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno, -con descuento de los días uno, dos y tres de enero de dos mil veintiuno, por ser inhábiles-, sin que haya hecho manifestación al respecto, en específico desvirtuar la inexistencia de la referida autoridad, o bien, señalara su denominación correcta. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos, para los efectos legales a que haya lugar; además, en atención a que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en torno a la vista otorgada en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene por inexistente a la autoridad inicialmente denominada como Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala; con lo anterior se cierra esta etapa y se declara abierto el periodo de pruebas. PERÍODO PROBATORIO Acto seguido, se abre el período de pruebas: en el que el Secretario certifica que ninguna de las partes las ofreció. Al no existir ningún tipo pruebas por desahogar se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, el Juez acuerda: al no existir alegatos por relacionar se cierra la fase respectiva. Por otro lado, el Secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto en la Oficialía de Partes Común, como de la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente Juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados se encuentran, en orden cronológico, certificado, sellado y foliado. Doy Fe. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. R E S O L U C I Ó N 1. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 776/2020-IV, promovido por Damián Romero Lira, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA 2. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Damián Romero Lira, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y otras autoridades, que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE 3. Por razón de turno conoció de la demanda este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mismo que mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, radicó la demanda de amparo registrándola con el número de amparo 776/2020-IV, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. 4. La audiencia constitucional, se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO I COMPETENCIA 5. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto en reclamo tiene ejecución en el lugar en el que este Juzgador ejerce jurisdicción. II FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 7. Del estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de comparecencia, búsqueda, aprehensión y detención, girada en su contra, así como su ejecución III INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 8. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. 9. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." 10. Pues bien, las autoridades responsables: - Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. - Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de despacho, por sí y en cumplimiento a los oficios 23639/2020 -Juez Tercero del Distrito Judicial de Sánchez Piedras-, 23638/2020 -Juez Segundo de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras- y 23637/2020 -Juez Primero de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras-. - Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos a estas reclamados. 11. Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados se debe sobreseer en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. 12. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." 13. El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). 14. Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. 15. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. 16. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." 17. Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. 18. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. 19. El artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". 20. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. 21. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar pruebas. 22. Ahora bien, se estiman inexistentes los actos reclamados consistentes en: La orden de aprehensión y detención que se haya librado en su contra, así como su ejecución. 23. Lo anterior, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio. 24. En el mismo sentido, también se deben considerar inexistentes los actos reclamados a la autoridad denominada como Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, toda vez que dicha autoridad resulto ser inexistente. 25. En efecto, al resolver la Contradicción de tesis 112/2008-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. 26. Asimismo, señaló que en caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. 27. Consideraciones que quedaron plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia común, Novena Época, Página 52, Registro digital 167784, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN." 28. En dicho contexto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en torno a la vista otorgada en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se tiene por inexistente a la autoridad inicialmente denominada como Agente del Ministerio Público Investigador, con residencia en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, y por tanto, los actos a ésta reclamados. 28. En este contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. 29. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 776/2020-IV, promovido por Damián Romero Lira, respecto de los actos precisados en el considerando II, reclamados a las autoridades descritas en el considerando III, por los motivos indicados en el mismo considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Licenciado Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia incidental Visto el estado de autos, se advierte que en resolución interlocutoria de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista al quejoso por el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto de la denominación de la autoridad responsable, inicialmente señalada como "Agente del Ministerio Público Investigador con residencia en la Ciudad de Apizaco Tlaxcala"; sin embargo, no consta en autos la constancia de notificación de dicha determinación. En consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado, para que realice la notificación personal al quejoso, ordenada en resolución interlocutoria de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, a fin de que la parte quejosa quede debidamente enterada del requerimiento señalado en el párrafo que antecede. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales en el presente incidente de suspensión, se difiere la celebración de la audiencia incidental, por lo que se señalan las trece horas con un minuto del ocho de febrero de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente al quejoso el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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