Damaso Diego Matínez Rodríguez
Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 39 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Damaso Diego Matínez Rodríguez
- Catalina Pérez Valencia
- Rodrigo Baez Reyes
- Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala
- Martín Sandoval Antonio
- Alma Rosa Pérez Valencia
- Martín Sandoval Antonio y Otros.
- Ismael Luna Bruno
- Armando Antonio Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del diez de noviembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE POR UNA PARTE NEGADO Y POR OTRA CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No hay devolución de documentos. Sin que sean necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En ese contexto, en la sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo promovido por Martín Sandoval Antonio, Dámaso Diego Martínez Rodríguez, Alma Rosa Pérez Valencia, Catalina Pérez Valencia, Ismael Luna Bruno, Rodrigo Báez Reyes, Armando Antonio Martínez, Rigoberto Martínez Castillo y Humberto Ramón Aguilar Cañas, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "Asimismo, dadas las manifestaciones de tortura hechas valer por el imputado Martín Sandoval Antonio, se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos de que el Juez de la causa: 1. Deje intocado el auto de vinculación a proceso que constituyó el acto reclamado, toda vez que el mismo es constitucional y fue dictado apegado a derecho como se expuso en el considerando correspondiente. 2. Dicte un acuerdo en el que ordene dar vista al ministerio público con la manifestación de posibles actos de tortura -en su vertiente delictiva- que el imputado Martín Sandoval Antonio, señaló fue objeto, para que inicie la carpeta de investigación correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias a fin de determinar si, en su caso, se acredita ese hecho tipificado como delito y quién o quiénes participaron o intervinieron en su comisión, bajo el estándar probatorio de este tipo de procesos; y, 3. Asimismo, el juez responsable deberá tomar las medidas correspondientes para que dentro de la causa penal, se ordene realizar la investigación exhaustiva y diligente, ya que así será viable determinar el impacto de los alegatos de tortura en la causa penal. Por ello, a través de la investigación que nos ocupa, el juez de la causa deberá verificar la veracidad del alegato de tortura del quejoso Martín Sandoval Antonio, requiriéndose para tener por demostrada la tortura como violación a la integridad personal con repercusión al derecho humano de debido proceso, un estándar más bajo que el exigido para la configuración del delito de tortura, pues bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. 4. Por lo tanto, previa acusación que, en su caso, formule el agente del ministerio público, la autoridad judicial deberá ordenar la realización de los exámenes pertinentes para el adecuado esclarecimiento de lo sucedido, dependiendo el tipo de maltrato alegado, aplicándose para ello lo previsto en el protocolo de Estambul. 5. Para lo anterior, toda vez que el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, se le concede libertad de jurisdicción al juez de la causa para que determine lo correspondiente a la preparación de la aplicación del protocolo de Estambul en los términos y forma que corresponda, a fin de que, en el momento procesal oportuno, de ser el caso, se esté en aptitud de desahogarse ante la autoridad jurisdiccional que corresponda". Posteriormente, en auto de seis de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de referencia y, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En ese tenor, mediante oficios 2704/2021 y 4073/2021, el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, remitió respectivamente: Transcripción del auto dictado el doce de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa judicial 127/2019, de su índice. Transcripción del auto dictado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa judicial 127/2019, de su índice; así como copia certificada de diversas constancias que obran en la referida causa judicial. En consecuencia, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Del análisis de las constancias remitidas por la responsable, se aprecia que en dentro de la causa judicial 127/2019, se realizó lo siguiente: Por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, la Juez responsable: Ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público, a efecto de que inicie una investigación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos, para determinar si existió la tortura aducida por Martín Sandoval Antonio -aquí quejoso-; lo anterior, dejando intocado el auto de vinculación a proceso que constituyó el acto reclamado. Nombró como peritos auxiliares en la administración de justicia a Ma. del Rosario islas García y María Reyna Rivera Sosa, con la finalidad de que realizaran los exámenes psicológicos y médicos correspondientes al quejoso Martín Sandoval Antonio, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Estambul y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes. Lo anterior, según refirió, para que pueda determinar, en su momento, el impacto de los alegatos de tortura en la causa judicial. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito, Trámite número Dos, Región Norte, adscrita al Departamento de la Investigación del Delito informando que con motivo de la vista efectuada, se radicó la carpeta de investigación AITLAX-3/1405/2021. En auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los dictámenes periciales en materia de medicina forense y psicología jurídica y criminología, mismos que fueron ordenados en autos de la causa judicial. En consecuencia, es evidente que la Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, cómo se advierte en los párrafos que anteceden, pues: 1) dio vista al Agente del Ministerio Público con la manifestación de posibles actos de tortura -en su vertiente delictiva- que el imputado señaló fue objeto, ello, dejando intocado el auto de vinculación a proceso dictado; 2) tomó las medidas correspondientes para, dentro de la causa judicial, ordenar la investigación de los alegatos de tortura y, con libertad de jurisdicción, ordenó la realización de exámenes periciales psicológicos y médicos al quejoso Martín Sandoval Antonio, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Estambul y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes; lo anterior, para determinar, en su momento, el impacto de los alegatos de tortura en la causa penal. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se reserva archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento Agréguese el oficio signado por la Jueza Cuarto del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias con las que refiere haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Se da vista con cumplimiento En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados debiendo correrle traslado con el oficio y anexo de cuenta; lo anterior, por el término de tres días computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y terceros interesados. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. Agréguese el oficio signado por la Juez Cuarto del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; a través del cual anexa las constancias con las que acredita que fue designada la perito médico forense Ma. Del Rosario Patricia Islas García, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que giró oficio al Director del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, a efecto de se permita a la experta en mención, el acceso al expediente clínico del interno Martín Sandoval Antonio y le proporcione la información que requiera para que pueda rendir su dictamen pericial. Igualmente, se advierte que la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito, le informó los avances en la etapa de investigación realizados dentro de la carpeta C.I.AI.TLAX/T-3/1405/2021. Con lo anterior, téngase a la autoridad responsable, informando las gestiones que realiza por virtud a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; estando en espera de su total cumplimiento. Finalmente, con el presente acuerdo se ordena la apertura del segundo tomo del presente juicio, debiendo realizar la certificación correspondiente de cierre en el tomo I. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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