Damariz Denice Delgadillo Chávez
Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Damariz Denice Delgadillo Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó y se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es conservable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, devuélvase al 2. Subdirector Médico del Hospital Regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, un legajo de copias certificadas de diversas constancias, relacionadas con el oficio 207C0401050100L/SMHRT/0475/2020, de trece de octubre de dos mil veinte, que remitió como complemento a su informe justificado (promoción 5597). Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa..."
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 372/2023-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado el veintiocho siguiente, la quejosa ********************por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: 1. El oficio 207C040I050I00L/SMHRT/0475/2020 de trece de octubre de dos mil veinte, signado por el Subdirector Médico del Hospital Regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 2. El acuerdo de inicio de procedimiento de diecisiete de marzo del año dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHJ/PA/228/2020. 3. El citatorio a garantía de audiencia de veintidós de marzo del año en curso. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad: Titular de la Presidencia de la 1. Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México (promoción 5669), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le fue reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Por otra parte, no obstante la negativa al rendir su informe justificado, por parte del apoderado y representante de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y a su vez, del 2. Subdirector Médico del Hospital Regional de Tlalnepantla de dicho Instituto (promoción 5597), se tiene por cierto el acto que se le atribuye, toda vez que queda desvirtuada por la manifestación que realiza en el propio informe. Orienta a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de Julio de 1994, Octava Época, materia común, con número de registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con el legajo de copias certificadas de diversas constancias, relacionadas con el oficio 207C0401050100L/SMHRT/0475/2020, de trece de octubre de dos mil veinte, que remitió dicha autoridad como complemento a su informe con justificación; así como el legajo de copias certificadas del expediente CHJ/PA/228/2020 del índice de la 1. Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que adjuntó al rendir su informe justificado; las cuales gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia infundadas. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Ahora bien, la Titular de la Presidencia de la 1. Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México (promoción 5669), señala que el presente juicio de amparo es improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, toda vez que la quejosa, previo a acudir a la vía de amparo indirecto, debió impugnar el acto aquí reclamado, mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pues sus efectos pueden suspenderse de conformidad con los ordinales 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, los cuales no exigen mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Causal de improcedencia que se estima infundada, dado que dicha fracción y numeral establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya legalidad debe ser objeto de examen oficioso por la propia autoridad que lo emitió, o bien, a instancia de parte mediante la interposición de algún medio de defensa o juicio, por el cual se obtenga la modificación, revocación o nulidad del acto combatido; esto es, consagra el llamado principio de definitividad. No obstante lo anterior, considerando que la quejosa se desempeña como integrante de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, como se desprende de las actuaciones que obran en autos, es inexacto sostener que debió combatir los actos reclamados mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a fin de cumplir con el aludido principio; toda vez que, en caso de demostrar en dicha instancia la ilegalidad del procedimiento seguido en su contra y, por ende, de la resolución respectiva, no podría ordenarse su reincorporación al servicio, escenario que vulneraría irremediablemente su derecho fundamental al trabajo y a no ser separada injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel Constitucional como convencional, porque de conformidad con la fracción XIII del apartado B del numeral 123 de la Constitución Federal, está prohibida la reinstalación de este tipo de funcionarios públicos, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De ahí que el citado acuerdo de inicio de procedimiento emitido por la autoridad responsable, constituye un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, razón por la cual no está obligada a agotar el principio de definitividad, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1329 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30 (mayo de 2016), Tomo II, Materia Común, Décima Época, de tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." Así como la jurisprudencia PC.II.A. J/24 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página 2652 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83 (febrero de 2021), Tomo III, Materias Común, Administrativa, Décima Época, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (FGJEM), POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/14 A (10a.)]." En ese sentido, al tenor de las consideraciones previamente expuestas, se concluye que también resulta infundada la diversa causal de improcedencia alegada por la autoridad responsable; porque no se actualiza lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, al ser notorio que la 1. Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, sí tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, relativo al inicio del procedimiento administrativo seguido en contra la quejosa, como se dijo, constituye un acto de imposible reparación, de conformidad con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Por ende, si las consecuencias de los actos reclamados pueden afectar los derechos sustantivos de la quejosa de modo irreparable, entre ellos, su derecho fundamental al trabajo y a no ser separada injustificadamente de él, también resulta infundada la diversa causa de improcedencia que hace valer la citada autoridad responsable, prevista en el numeral 61, fracción XII, de la propia ley de la materia. Quinto. Causal de improcedencia fundada, respecto al acto identificado con el numeral 3. consistente en el citatorio a garantía de audiencia. Respecto a dicho acto reclamado, de manera oficiosa este juzgador, considera que el presente juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de conceptos de violación, conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . VIII. Los conceptos de violación." Por cuanto hace a la citada causal, debe decirse que el primero de los dispositivos en cita, prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición de la ley, en tanto que el también invocado artículo 108, fracción VIII, impone al promovente del juicio la obligación de expresar en la demanda el concepto o conceptos de violación. La consecuencia que tiene por no realizarlo así, conlleva la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de constitucionalidad respecto del acto reclamado, pues por virtud de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho, ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de derechos fundamentales, el juez de amparo se encuentra impedido para indagar cuáles son las afectaciones que debe apreciar. Por ello, resulta improcedente el juicio promovido a través de una demanda que adolezca de conceptos de violación, pues faltándose a una obligación legal como la que impone dicha fracción, es inconcuso que se actualiza dicha hipótesis prevista en la fracción XXIII del diverso numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Precisado lo anterior, resulta importante destacar que de la lectura pormenorizada del libelo que nos ocupa, no se advierte razonamiento lógico-jurídico alguno tendente a impugnar el acto autoritario que reclama respecto al citatorio para garantía de audiencia, es decir, no se expresa argumento jurídico alguno del que se desprenda la causa de pedir, ni menos aún, cuál es la lesión o agravio que al parte quejosa estima le causa el referido acto, ni los motivos que originaron ese agravio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 323, Tomo VIII, septiembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." De acuerdo con el criterio jurisprudencial transcrito, si bien, se desprende que no es necesario que los conceptos de violación se formulen siguiendo estructuras y formalismos rígidos, sino que basta para que se estudien, que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la parte quejosa estima el acto reclamado y los motivos que lo originaron, lo que en la especie no se realizó, lleva a concluir que no existe posibilidad de adentrarse a su estudio. No obstante que el escrito de demanda debe interpretarse íntegramente, es decir, en su completa unidad, de acuerdo con las reglas de estudio que norman la técnica del juicio de amparo, sin soslayarse que en el caso, como ya se dijo, se advierte la existencia de un capítulo relativo a conceptos de violación, éstos carecen de argumentos lógicos jurídicos tendentes a proponer su análisis, como lo indica la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De modo tal, que, en la especie, se insiste, no se advierte razonamiento o argumento jurídico alguno respecto del acto antes precisado, sino que únicamente sus motivos de disenso van encaminados a combatir los diversos actos -legalidad del acuerdo de inicio de procedimiento de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y del citado oficio 207C040I050I00L/SMHRT/0475/2020 de trece de octubre de dos mil veinte-; irregularidad que deviene en la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento legal, que imposibilita a este Juzgador para pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad planteada. Por lo que con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio respecto al acto identificado con el numeral 3., descrito en este considerando. Lo anterior, con independencia de que la parte quejosa fue omisa en señalar como autoridad responsable al notificador que efectuó tal citatorio; pues la aquí quejosa, es parte formal y material en el procedimiento de origen, pues de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que la peticionaria de amparo desahogó por escrito su garantía de audiencia, ya que presentó un ocurso -acuse de recibo de treinta de marzo de esta anualidad- en el que, entre otras cuestiones, formuló alegatos y ofreció pruebas de su parte, el cual incluso fue tomado en consideración en la citada audiencia respectiva de esa data. Por tanto, no existe obligación de este órgano jurisdiccional de otorgar vista para ampliación de demanda, toda vez que por los motivos expuestos, debe considerarse que la impetrante conocía del citado procedimiento y, por ende, sabía quién practicó la notificación al desahogo de la referida garantía de audiencia; lo que de modo alguno variaría el sentido de la presente determinación, ya que incluso, de señalarla, a la misma conclusión se arribaría y no se destruiría la actualización de la causal de improcedencia que aquí se invoca; pues este proceder se justifica a fin de no actuar en detrimento del principio de expedites de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Se invoca al efecto la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.), registro 2010513, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." Consecuentemente, al no advertirse diversa causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que sea necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido. SEXTO. Conceptos de violación relacionados con la legalidad de los actos reclamados identificados con los numerales 1 y 2. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sin embargo, se precisa que la parte quejosa aduce: 1. Que respecto al acto reclamado identificado con el numeral 1. -oficio 207C040I050I00L/SMHRT/0475/2020 de trece de octubre de dos mil veinte signado por el Subdirector Médico del Hospital Regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios-, transgrede en su perjuicio las garantía de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, porque la responsable no fundó ni motivó su competencia ni su actuación, toda vez que no expresó los fundamentos legales en los que sustente la facultad de la autoridad que lo emite, las causas, motivos y circunstancias que tomó en cuenta para su emisión, conforme a lo previsto en el numeral 16 Constitucional. 2. Que por cuanto hace al acto reclamado identificado con el numeral 2 -acuerdo de inicio de procedimiento de diecisiete de marzo del año dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHJ/PA/228/2020-, transgrede en su perjuicio las garantía de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, porque su apertura en torno al supuesto incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 100, apartado B, fracción I, inciso o), 182 de la Ley de Seguridad del Estado de México y 34, fracción XXVII del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Administración municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no justifica cómo es que con los certificados de incapacidad que constan en el expediente, se incumplió la obligación de abstenerse de realizar conductas que le desacrediten como persona fuera del servicio. Aunado a que el artículo 1.10 del Código Administrativo señala que todo acto se presumirá válido hasta que no haya sido declarada su invalidez, la cual incluso sólo pude ser declarada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en términos de los artículos 273 a 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y no por el Subdirector Médico del Hospital Regional Tlalnepantla. SÉPTIMO. Análisis de fondo respecto a los actos reclamados identificados con los numerales 1 y 2. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se considera oportuno precisar que en el caso, el juicio de amparo, lo promueve la quejosa sujeta al procedimiento administrativo de origen, supuesto en el que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo tanto, su análisis se efectuará al tenor de la exposición de los conceptos de violación, al tratarse de sujetos del derecho administrativo. Se invoca al efecto, la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), registro 2013378, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Administrativa, Décima Época, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL." Sin embargo, aún atendiendo a la causa de pedir, los referidos conceptos de violación hechos valer por la solicitante del amparo resultan infundados, los cuales por cuestión de técnica jurídica al guardar estrecha relación se analizan en su conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Primeramente, se estima oportuno resaltar que el principio de seguridad jurídica, se encuentra consagrado en el artículo 14 Constitucional, que refiere el derecho de legalidad a fin de dotar de seguridad y certeza jurídica y, que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito, debidamente fundados y motivados. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado; por lo que, un acto es legal, cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador; atento a que el principio de legalidad, es la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. Así, como se dijo, el derecho de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en el mismo; ésta como una de las exigencias previstas en el artículo 16 Constitucional. De conformidad con el precitado numeral, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento concreto de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad administrativa como la del caso en concreto, dado que en el procedimiento seguido en forma de juicio, ejerce actos jurisdiccionales, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior, encuentra sustento -por analogía- en la jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Ahora, tratándose del procedimiento administrativo de separación, como el que acontece en el asunto de origen, la fundamentación y motivación del auto de inicio es de vital importancia, porque debe informarse con precisión al interesado la acusación que se le dirige, esto es, especificar los hechos, causas y condiciones que dan lugar a la imputación formulada en su contra, a fin de que esté en aptitud de alegar y probar, toda vez que, al saber con precisión en qué consisten tales datos, podrá negar, reconocer o refutar los hechos y, a partir de ello, aportar las pruebas que estime conducentes. Escenario que, no se omite señalar, guarda estrecha relación con el contenido del artículo 14 de la Constitución Federal, cuyo segundo párrafo establece, como condición esencial para que una persona pueda ser privada de sus derechos, la existencia de un juicio previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Bajo este contexto, toda vez que se reclama el acuerdo de inicio de procedimiento de diecisiete de marzo del año dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHJ/PA/228/2020, seguido en contra de la quejosa por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, debe precisarse que dicho órgano colegiado, en términos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Seguridad del Estado de México, es competente para conocer de las responsabilidades administrativas en que incurran los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal, pues cuenta con las atribuciones de investigar, substanciar y resolver, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se determine cualquier forma de terminación del servicio cuando incumplan: i) con los requisitos de permanencia que establece la Ley de Seguridad del Estado de México y demás disposiciones aplicables; ii) con las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y, iii) con el régimen disciplinario establecido en la precitada ley. En tal sentido, se concluye que la autoridad responsable como incluso lo sostuvo, sí es legalmente competente para sustanciar y resolver el citado procedimiento administrativo, habida cuenta que dicha autoridad, en el referido acuerdo de inicio del procedimiento, citó los preceptos legales que justifican su competencia, entre los que se encuentra el referido numeral 160 de dicha legislación. Ahora bien, en relación al marco normativo que rige para dicho inicio de procedimiento, debe establecerse que los artículos 163, 164 y 166 de la Ley de Seguridad del Estado de México, disponen lo siguiente: "Artículo 163.- El superior inmediato del elemento policial que incumpla con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con el régimen disciplinario establecido en esta Ley, integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia. Artículo 164.- La Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se refiere el artículo anterior, abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente. . Artículo 166.- De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo." Como se advierte de los citados numerales, el superior inmediato del elemento policial que incumpla -entre otros supuestos-, con el régimen disciplinario establecido en la propia legislación, integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia, autoridad que abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia, o no, de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente, mismo que, de ser procedente, será identificado con un número progresivo e incluirá el año en que se inicia. Ahora, es cierto que dichos preceptos no imponen la obligación a la autoridad de realizar un análisis previo de la cuestión planteada, o bien, de los documentos que integran el expediente del elemento policial; sin embargo, con independencia de que en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo no se debe prejuzgar sobre la conducta imputada al presunto infractor, debe reiterarse que el artículo 16 Constitucional exige que todo acto o mandamiento de autoridad debe estar debidamente motivado y fundado, lo que se traduce, en el caso concreto, en la obligación de realizar un análisis preliminar de las constancias para determinar si la conducta atribuida al servidor público encuadra en las hipótesis normativas en que se sustenta dicho auto inicial, cuestiones que deberán expresarse en el mismo con el objeto de satisfacer las exigencias antes señaladas. En efecto, si bien la valoración del material probatorio es un acto propio de la resolución con la cual concluyen ese tipo de procedimientos administrativos, lo cierto es que deben expresarse los razonamientos que permitan dar a conocer la esencia de todas las circunstancias y condiciones que sustentan el auto de inicio correspondiente, máxime que será lo que permita al elemento policial conocer los hechos que determinaron el probable incumplimiento en el que incurrió y, en consecuencia, tener acceso a una real y auténtica defensa durante el procedimiento de separación. Además, de acuerdo con los artículos 163 y 164 de la Ley de Seguridad del Estado de México previamente transcritos, la Comisión de Honor y Justicia deberá abrir un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia, o no, de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente, lo que implica que, si decide iniciarlo, tal determinación deberá estar sustentada en el examen del resultado de la investigación, lo cual incluye los elementos de convicción integrados PREVIAMENTE al expediente. Expuesto lo anterior, al imponerse del contenido del auto que ordenó el inicio del procedimiento administrativo reclamado, se advierte que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, precisó el objeto y alcance de tal actuación con base en la imputación que se formuló a la hoy quejosa, misma que, en el caso concreto, consiste en lo siguiente: "II. IMPUTACIÓN. Esta se hace consistir en el probable incumplimiento de sus obligaciones y al deber de disciplina que como integrante de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura tenía obligación de cumplir, consistente en que la C. DELGADILLO CHÁVEZ DAMARIZ DENICE, desacreditó su persona fuera del servicio, al presentar a la otora (sic) Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal los supuestos certificados de incapacidad en fechas 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte , 09 nueve de septiembre de 2020 dos mil veinte y 14 catorce de septiembre de 2020 dos mil veinte; por SIETE días del periodo comprendido del 05 cinco de septiembre de 2020 dos mil veinte, al 11 once de septiembre 2020 dos mil veinte; y por CATORCE días del periodo comprendido del 14 catorce de septiembre de 2020 dos mil veinte al 27 veintisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte, respectivamente, de los que se informó a través del oficio número 207C0401050100L/SMHRT/0475/2020, de fecha 13 trece de octubre de 2020 dos mil veinte, suscrito por el Subdirector Médico del Hospital Regional Tlalnepantla Turno Vespertino, que los supuestos certificados de incapacidad expedidos a favor de la C. DELGADILLO CHÁVEZ DAMARIZ DENICE NO SON VÁLIDOS, ya que los citados certificados de incapacidad no se encuentran respaldados en el expediente clínico del servidor público y el sello no corresponde a esa unidad médica, por lo que con lo anterior faltó notoriamente a los principios que rigen a las instituciones de Seguridad. Una vez fijada la Litis materia del presente asunto, previo a exponer las consideraciones y fundamentos legales en los que se basan los medios de prueba que obran en el expediente, se considera necesario establecer el marco normativo que regula las obligaciones y deberes que constriñen a los integrantes de esta Institución, toda vez que con dicha conducta se ubicó en la hipótesis normativa prevista en los artículos 100, apartado B, fracción I, inciso o) y 182, de la Ley de Seguridad del Estado de México, y 34, fracción XXVII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del a Administración Municipal de Naucalpan de Juárez, México. ." Como se aprecia de lo anterior, la autoridad responsable expresó los motivos por los cuales la accionante probablemente incumplió con los deberes de disciplina que le son propios como policía adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, concretamente debido a que, presentó supuestos certificados de incapacidad "en fechas 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte, 09 nueve de septiembre de 2020 dos mil veinte y 14 catorce de septiembre de 2020 dos mil veinte; por SIETE días del periodo comprendido del 05 cinco de septiembre de 2020 dos mil veinte, al 11 once de septiembre 2020 dos mil veinte; y por CATORCE días del periodo comprendido del 14 catorce de septiembre de 2020 dos mil veinte al 27 veintisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte". Y que, de acuerdo con lo informado a través del oficio 207C040I050I00L/SMHRT/0475/2020 de trece de octubre de dos mil veinte, signado por el Subdirector Médico del Hospital Regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención a lo requerido por el Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género -oficio 207C040102013S/UJC/DJA/5598/2020 de ocho de octubre de dos mil veinte y, a su vez, atento al requerimiento formulado por el Director de Administración y finanzas del Ayuntamiento de Naucalpan, con el oficio GDSCYTM/DAyF/3541/2020-, los certificados a los que ahí se hace mención, carecen de validez, toda vez que el E057747, no fue expedido a nombre de DELGADILLO CHÁVEZ DAMARIZ DENICE, sino de otra paciente; los diversos E057375 y E056936, se encuentran cancelados, además que no están respaldados en el expediente clínico de la servidora pública y, por otro, el sello que contienen algunos de ellos, no corresponde a la citada unidad médica, ya que conforme a dicho expediente, no hay indicios de existencia o constancia médica de ingresos o atención otorgada de los días veintinueve de agosto, cinco de septiembre y catorce de septiembre, todos de dos mil veinte. Concordante con ello, se destaca que la responsable, en el acuerdo reclamado, transcribió en su integridad los mencionados preceptos que estimó fueron infringidos a raíz de la conducta imputada a la quejosa y, acto seguido, se describieron los medios de prueba recabados en el periodo de información previa, a saber: . En esos términos, se advierte que la Comisión de Honor responsable, una vez valorados los medios de convicción antes insertos, concluyó que eran aptos y suficientes para iniciar el procedimiento administrativo en contra de la quejosa, dado que todas las documentales, con excepción de las descritas en los puntos 2, 3 y 4, constituían documentos públicos de conformidad con lo que establece el artículo 57 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que, los referidos certificados de incapacidad, constituían documentales privadas, al tenor de lo dispuesto por el diverso numeral 57 del propio código. Derivado de ello, se ordenó notificar personalmente a la accionante para que compareciera a la audiencia de garantía correspondiente, a efecto de otorgarle el derecho de conocer y desvirtuar la irregularidad que se le imputa; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por los numerales 167, 168 y 169 de la Ley de Seguridad del Estado de México. Bajo este panorama, es válido concluir, que opuesto a lo argumentado en los conceptos de violación, en primera, la misiva 207C040I050I00L/SMHRT/0475/2020 de trece de octubre de dos mil veinte, signada por el Subdirector Médico del Hospital Regional de Tlalnepantla del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no se trata de un acto de molestia ni privativo que deba colmar los extremos previstos a rango Constitucional, contenidos en los numerales 14 y 16 del Pacto Federal, consistentes en la fundamentación y motivación, ya que la actividad que se despliega para constatar la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni precautoriamente algún derecho sustantivo del trabajador; ya que éste fue emitido en atención a lo requerido por el Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género -oficio 207C040102013S/UJC/DJA/5598/2020 de ocho de octubre de dos mil veinte y, a su vez, atento al requerimiento formulado por el Director de Administración y finanzas del Ayuntamiento de Naucalpan, con el oficio GDSCYTM/DAyF/3541/2020-. Se invoca al efecto por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 151/2016 (10a.), registro 2012934, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 720, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE MOLESTIA. Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica reconocido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En ese sentido, la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que tiene en su poder para constatar el acatamiento de las disposiciones fiscales, no es un acto de molestia, ya que la actividad que despliega para constatar la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite revisar su situación fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de comprobación, particularmente la suspensión del plazo para que opere la caducidad de esas facultades, el cual, tratándose de pagos y declaraciones definitivas, inicia una vez remitida la información contable a través de medios electrónicos." En ese sentido, por cuanto hace al acuerdo de inicio de procedimiento de diecisiete de marzo del año dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHJ/PA/228/2020, debe establecerse que sí se expresaron las razones particulares y los preceptos jurídicos en que se sustenta tal determinación, además de que existe adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, razón por la cual el acto reclamado cumple con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, toda vez que sí está debidamente fundado y motivado. Por consiguiente, es infundado el argumento relativo a que no se justificó cómo es que con los certificados de incapacidad que constan en el expediente, se incumplió la obligación de abstenerse de realizar conductas que le desacrediten como persona fuera del servicio y, que la invalidez de éstos, sólo pude ser declarada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y no por el Subdirector Médico del Hospital Regional Tlalnepantla; en primera, pues al tenor de lo antes expuesto, se colige que tiene pleno conocimiento no solo de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la imputación formulada en su contra, sino también de las disposiciones que se estimó infringió con su conducta y las pruebas que justificaron el inicio del procedimiento administrativo. Aunado a que en lo atinente a la validez de los certificados que refiere, cabe recordar que al efecto, la autoridad responsable valoró todo el cúmulo probatorio, mismo que estimó apto y suficiente para iniciar el procedimiento administrativo en su contra, habida cuenta de que se destacó el alcance y valor probatorio de las documentales públicas y a las que les reviste el carácter de privado. Concordante con lo anterior, es importante señalar que corresponde a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, justipreciar los argumentos y las pruebas que, en su caso, ofreciera la quejosa en el procedimiento administrativo, tendentes a desvirtuar la imputación que se le formuló, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al asunto de origen. De ahí que lo argumentado en dichos conceptos de violación, en lo relativo a la validez o no de los certificados, de estimarlo pertinente deberá ser expuesto, en todo caso, ante la autoridad responsable, quien abordará el análisis de todo el material probatorio que existe en el expediente, en comunión con las pruebas que exhiba la inconforme para desvirtuar las conclusiones señaladas, mismas que este juzgado federal, no se omite precisar que se estima que son claras y precisas, dado que en el citado comunicado, se reportó lo atinente a cada certificado de incapacidad. En ese orden de ideas, toda vez que los motivos de disenso expresados por la quejosa son infundados, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo en los términos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se NIEGA el amparo y la protección de la justicia de la Unión a ********************por derecho propio, respecto del acto reclamado, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; de igual forma, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios signados por el Titular de la Presidencia de la 1. Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, México, con el primero, en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, téngase comunicando que a la fecha la quejosa se encuentra desahogando su garantía de audiencia en el procedimiento administrativo *** y, con el segundo, remitiendo diversas constancias relacionadas con diverso expediente al aquí reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba las copias certificadas de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictadas en el procedimiento administrativo CHJ/PA/213/2020 y su respectiva notificación, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Sin que por el momento haya lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto a la remoción del cargo de la trabajadora -aquí quejosa-; toda vez que aquella deriva de diverso procedimiento al que aquí reclama la impetrante. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por el Titular de la Presidencia de la 1. Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como la documental que adjunta, consistente en el legajo de copias certificadas del expediente CHJ/PA/228/2020 de su índice. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe y como domicilio el que indica. Ahora bien, toda vez que las constancias que remitió la autoridad responsable se desprende que el inicio de procedimiento data del diecisiete de marzo de esta anualidad; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley de la materia, se le requiere, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, comunique el estado procesal del procedimiento administrativo CHJ/PA/228/2020 seguido contra Damariz Denice..., o bien, si a esta fecha emitió ya la determinación final, en la inteligencia que de ser en sentido afirmativo, remita copia certificada legible y completa de la misma; en el entendido que le subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no se celebra toda vez que transcurre la vista de ocho días que se otorga en esta data, y dado el requerimiento que aquí se formula a la autoridad responsable; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese, y por oficio a la autoridad responsable.
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