Dalia Sofía Álvarez López

Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
536/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Dalia Sofía Álvarez López

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la razón actuarial que antecede de la que se advierte que la fedataria de la adscripción hizo constar la imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa ********************, el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, por los motivos que expone. En tal virtud, ya que en autos no obra diverso domicilio donde pueda practicarse aquella diligencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle a la parte quejosa por medio de lista el proveído de once de junio actual, así como los autos subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. ACUERDO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ... por derecho propio, contra actos del Centro de Justicia para la Mujer, Ecatepec de Morelos, Estado de México; fórmese el expediente relativo con el número 536/2021-VI que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTOS RECLAMADOS La lectura íntegra del ocurso constitucional permite apreciar que los actos combatidos por la impetrante consisten en la inactividad dentro de la carpeta de investigación 578/2018, derivada de la denuncia registrada con los números NIC: FVG/VGC/00/MPI/443/03888/18/07 y NUC: CUA/FVG/VGC/032/139247/18/07 y la omisión de dar trámite a las solicitudes de siete y catorce de julio de dos mil dieciocho, relativas a la integración de dicha indagatoria. En ese tenor, debe mencionarse que no se tiene como acto reclamado destacado el consistente en la discriminación por su calidad de ser mujer, capacidad de pensar y estatus económico, que refiere le generó la responsable, pues se advierte que ello es consecuencia de los hechos que denunció y considera no fueron investigados. Se estima lo anterior dado a que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifiesta que el catorce de julio de dos mil dieciocho, asistió con el agente investigador el cual "dudó y omitió seguir con la carpeta de investigación, ya que según él, podía que me gustara el que recibiera violencia por parte del que era mi pareja en ese entonces." DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Hecha tal precisión, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia a que hace alusión el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Los elementos con los que se integra la aludida causa de improcedencia son los siguientes: 1) Que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3) Que por virtud de dicho medio, los actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia en mención y sólo se contemplan como casos de excepción los previstos en el segundo párrafo del precepto legal citado, consistentes en: si el acto reclamado carece de fundamentación; cuando únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución; o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En este sentido, el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión constitucional, según el cual, para impugnar un acto de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los medios de defensa que la ley que regula el acto reclamado prevé. Ahora, según lo expuesto por la promovente, la autoridad responsable ha sido omisa en integrar la carpeta de investigación 578/2018, derivada de la denuncia registrada con los números NIC: FVG/VGC/00/MPI/443/03888/18/07 y NUC: CUA/FVG/VGC/032/139247/18/07, en consecuencia, la inactividad en que se encuentra la citada indagatoria. Consecuentemente, antes de acudir al presente juicio constitucional está obligada a agotar a los medios de defensa procedentes en la carpeta de investigación, la cual, al ser de naturaleza penal y al ser un agente del Ministerio Público quien la integra, se regirá conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ordenamiento legal contempla como medio de defensa el control judicial en el numeral siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El anterior dispositivo legal revela que el legislador dispuso la procedencia de un medio de defensa legal en contra de la omisión del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito. Dicho medio de defensa consiste en que el inconforme puede acudir ante el juez de control a efecto de impugnar la omisión y/o abstención del agente del Ministerio Público; supuesto en el cual la autoridad judicial convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. De ahí que, contra los actos de que se duele la impetrante, procede el medio de defensa a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque su procedencia es contra las omisiones del representante social de investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito, como en el caso en estudio sucede, en razón que no ha sido iniciada ni integrada la referida carpeta de investigación. Cabe acotar que el supuesto que nos ocupa no encuadra en las excepciones que marca el precepto invocado de la normatividad de la materia analizado, esto es, no puede advertirse una carencia de fundamentación, dado que no establece la promovente una determinación especifica de la autoridad como acto reclamado; aunado a ello, dicho recurso constituye un medio de defensa establecido en una ley formal y material (Código Nacional de Procedimientos Penales). Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Paralelo a lo anterior, es menester señalar que el nuevo sistema penal acusatorio y oral prevé nuevas figuras jurídicas (procedimiento abreviado, criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios) como medios alternativos de solución de conflicto, o como los denomina el Código Nacional de Procedimientos Penales, "salidas alternas y formas de terminación anticipada", con los que se logra una pronta y expedita impartición de justicia a favor de la víctima u ofendido, al prever como requisito indispensable la reparación el daño al agraviado algunos de forma inmediata y otros admitiendo la restitución de forma diferida, de ahí que se estime que incluso por ello, deba ser el juez de control quien en una audiencia resuelva lo relativo acerca del reclamo que aquí se plantea. En consecuencia, al ser notoria y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se desecha la demanda que se provee en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez); con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado; lo anterior, hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, dada la naturaleza de la presente determinación, se ordena notificar personalmente por esta única ocasión a la quejosa este proveído, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, en el domicilio que señala en su escrito inicial. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea.

  3. Principal

    ...DESECHAMIENTO... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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