Dalila Xochitl Cruz Padilla
Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Dalila Xochitl Cruz Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte ya transcurrió termino de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así se tiene, que mediante sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos ahí precisados, y para los efectos siguientes: De no haberlo hecho ya, emita de manera inmediata y con plenitud de jurisdicción, el laudo que en derecho corresponda dentro del juicio laboral ******************** de su índice, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, y lo notifique a las partes en el juicio de origen. Toda vez que las partes no se inconformaron, mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió su cumplimiento. II. Actuaciones o diligencias de cumplimiento. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, informó respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; con el cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que realizara manifestación alguna Ahora bien, de dicho oficio se desprende que: En cumplimiento a la ejecutoria, emitió el laudo con fecha catorce de octubre del año en curso, dentro del expediente laboral ********************, en los términos ahí precisados. Determinación que se le notificó, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada, expedida por autoridad dotada de fe pública en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. III. Valoración del cumplimiento al fallo concesorio. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si hay imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exactitud, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En el caso, con base en las consideraciones antes destacadas, se puede llegar a la conclusión válida de que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, pues es evidente que a la parte quejosa se le restituyó en el goce del derecho humano violado, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional. En cumplimiento a la ejecutoria, emitió el laudo con fecha catorce de octubre del año en curso, dentro del expediente laboral ********************, en los términos ahí precisados. Determinación que se le notificó, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Consecuentemente, con base en lo informado por la autoridad responsable, es evidente que a la solicitante de amparo se le restituyó en el goce de las garantías violadas, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. Gírese oficio a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza a la secretaria y/o actuaria de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del laudo de catorce de octubre del año en curso, dictado en el expediente 885/2019 (3), de su índice y, su notificación realizada a las partes, por lo que solicita se tenga por cumplido el fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, así como con la totalidad de las constancias relativas al cumplimiento, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que existen en autos.Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; no obstante estar debidamente notificadas para ello; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace innecesario realizar el cómputo respectivo a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, pero se estima que dicha autoridad incluso no estaría legitimada para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, pues de conformidad con el precepto legal 87, de la ley de la materia, segundo párrafo, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que -dentro del ámbito de sus atribuciones- en el plazo de tres días, contados legalmente, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector. En el entendido que, en el referido plazo de tres días, deberá acompañar las copias certificadas de las constancias que acredite fehacientemente su cumplimiento, lo que podrá enviar vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos ($9,622.00) moneda nacional; atendiendo al valor de noventa y seis pesos con veintidós centavos ($96.22), moneda nacional, conforme a la publicación de diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se autoriza a la Secretaria de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo.Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 863/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido en la misma data en este órgano jurisdiccional, ** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se precisan a continuación: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. -Señalo como Autoridades Responsables a los: Integrantes de la Junta Especial número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado... IV.-ACTO RECLAMADO. -De las autoridades señaladas como responsables, les reclamo, la OMISIÓN de dictar el laudo dentro del juicio laboral de número de expediente ***, en los plazos y términos señalados en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo.". SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en lo que interesa, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 863/2022 (3) y se admitió a trámite; asimismo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós -previo diferimiento- se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que para tal efecto se levantó; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que la omisión reclamada se atribuyó a una autoridad dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. Dado que el acto reclamado consiste en una omisión de la autoridad responsable, lo que implica un acto negativo o de no hacer, creando dicha omisión una situación permanente mientras se subsana, puede reclamarse en cualquier tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y uno, del tomo XXI, correspondiente a mayo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS." TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 885/2019 (3), de su índice. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada a los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, pues así lo manifestó la Presidente de la citada Junta al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones del expediente laboral 885/2019 (3), de su índice, de la que se advierte que el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción en dicho asunto y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución de laudo correspondiente, sin que a la fecha lo hubiere emitido. Documental a la que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario ,Judicial de la Federación 1917-1995, registro IUS 394182, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio se aprecia la actualización de alguna, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. SEXTO. Transcripción innecesaria. No existe obligación de transcribir en la sentencia los conceptos de violación expresados por la impetrante del amparo, dado que tal omisión no infringe disposición legal alguna y toda vez que los mismos serán tomados en cuenta al resolver el presente juicio, resulta innecesario su trascripción. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación en el que se argumenta que la omisión de dictar el laudo por parte de la autoridad responsable es violatoria del derecho humano previsto por el artículo 17 constitucional, en virtud de retrasar la pronta impartición de justicia. Inicialmente debe observarse que el párrafo segundo del artículo 17 constitucional establece: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto reproducido contempla el derecho humano de seguridad jurídica (tutela judicial efectiva), relativo al derecho de todo gobernado a una pronta impartición de justicia, lo que implica la obligación de las autoridades, encargadas de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, quienes emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos a litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla; por ende, no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad de impartición de justicia pronta. Como apoyo a lo anterior, es aplicable la Jurisprudencia 431, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1477 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la justicia, Novena Época, Materia Constitucional, Registro 1011723, de epígrafe y contenido siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo, es importante precisar lo que establecen los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta." De los artículos antes transcritos se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción; dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, el cual, en caso de que ninguno de los miembros de la junta estime pertinente llevar a cabo diligencias que no se hubieren realizado por causas no imputables a las partes, o cualquiera otra que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para su discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes; una vez aprobado, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. En el caso concreto, quedó acreditada la omisión reclamada, toda vez que, en el juicio laboral de origen, se advierte que desde el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de emitir el laudo correspondiente, sin que a la fecha se hubiese realizado y cuya emisión ya no depende del impulso procesal de las partes. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable no respetó el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, atento a la naturaleza del acto, deviene incuestionable que la junta responsable transgredió los preceptos de la Ley Federal de Trabajo citados en párrafos precedentes, conculcando los derechos humanos relativos al debido proceso legal y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 17 constitucional, pues al haber dejado de emitir el laudo correspondiente las dejó en estado de indefensión al no respetar el derecho subjetivo que tienen los gobernados y que impone a los tribunales la obligación de impartir justicia en la manera y los plazos que la ley laboral señale. En apoyo a lo anterior se cita por su aplicabilidad al caso, la Jurisprudencia 635, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 702, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." De modo que, para salvaguardar el espíritu del legislador constitucional, depositado en el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez: Efectos de la concesión de amparo. De no haberlo hecho ya, emita de manera inmediata y con plenitud de jurisdicción, el laudo que en derecho corresponda dentro del juicio laboral 885/2019 (3) de su índice, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, y lo notifique a las partes en el juicio de origen. No es obstáculo a lo anterior, el hecho que no se haya llamado a juicio a la contraparte en el juicio laboral de origen de la aquí quejosa, en su carácter de parte tercera interesada, toda vez que esta determinación no deja a las partes en estado de indefensión ni transgreden sus derechos fundamentales, en virtud de que lo aquí resuelto no les depara perjuicio, ya que al concederse el amparo en modo alguno se modifican o lesionan derechos que pudiesen motivar la reposición del procedimiento, dado que el acto reclamado se trata de la omisión de dictar el laudo correspondiente, en los autos del expediente laboral 885/2019 (3), del índice de la responsable, por lo que es evidente que el sentido de la resolución les beneficia, al ser dicho acto violatorio por igual de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional. Por ende, a nada práctico llevaría dilatar el procedimiento, porque en lugar de proporcionar una solución inmediata en el litigio se obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que se trata de un amparo que en el fondo podía y debía haberse concedido, teniendo en cuenta que el reclamo es precisamente por la dilación; es decir, el diferimiento de la audiencia constitucional es incompatible con el derecho humano cuya violación se impugna, pues proceder de esa manera provocaría la continuación del estado de abstención cuya denuncia provocó la promoción del presente reclamo de amparo y ésta no veda el derecho de las partes a inconformarse en su oportunidad contra el laudo relativo si consideran que en su dictado se vulnera algún derecho de éstas. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 982, del Libro XX, mayo de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, registro 2003574, que a la letra dice: "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos." Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial adscritos para que firmen los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ****, contra el acto reclamado y a la autoridad precisada en el considerando TERCERO, en atención a las razones expresadas en el ÚLTIMO considerando de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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