Dalila Pérez Cordova
Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Comité Directivo de la Colonia la Cañada perteneciente al Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca
- Dalila Pérez Cordova
- Comité Directivo de la Colonia la Cañada perteneciente al Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE TERCERA INTERESADA
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. I. Cumplimiento de prevención. Vista la diligencia de ratificación de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se recibe el escrito signado por Dalia Pérez Córdova, parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de julio del año en curso; en atención a su contenido, así como a la demanda de amparo, se provee: En principio, se estima oportuno precisar que la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo, contra las autoridades y actos siguientes: "IV ACTOS RECLAMADOS: LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; 1.-DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA COLONIA LA CAÑADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA, reclamo; A).-EI ilegal acuerdo, sesión por escrito o verbal, mediante el cual me privaron de los derechos de posesión de mi terreno y otorgando la posesión a un tercero. B). - LA ILEGAL ORDEN VERBAL O POR ESCRITO DE PRIVACIÓN Y DESPOSESIÓN DE MI TERRENO EJIDAL. 2.-DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA, reclamo; A).- El ilegal acuerdo, sesión por escrito o verbal, mediante el cual me privaron de los derechos de posesión de mi terreno y otorgando la posesión a un tercero. B). - LA ILEGAL ORDEN VERBAL O POR ESCRITO DE PRIVACIÓN Y DESPOSESIÓN DE MI TERRENO EJIDAL." II. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia 4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS, CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso, se estima que por cuanto hace a los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, a contrario sentido, del propio cuerpo legal invocado, que establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte" "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las trascripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos y omisiones de autoridades que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridades, que afecten derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridades responsables es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo que, la procedencia del juicio tratándose de actos de particulares, está condicionada a que éstos "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación". De ahí que serán autoridades para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el presente asunto, se reclaman de las citadas autoridades, la orden de desposesión de un terreno ejidal y su ejecución; sin embargo, si bien las mencionadas autoridades, resultan ser instituciones reconocidas por la Ley Agraria, en el caso que nos ocupa, los actos reclamados, no constituye un acto de autoridades Esto es, sus actos -u omisiones-, no los realizan de manera unilateral y obligatoria, porque, se insiste actúan como representantes del núcleo de población comunal y como administradores de sus bienes agrarios; es decir, en un plano de igualdad con los demás comuneros; luego, los actos que emitan u omitan, no son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo, que se instituyó como un medio extraordinario de defensa de los gobernados contra actos de autoridad. Lo anterior, debido a que las citadas responsables son órganos de la comunidad, no del Estado, por lo cual no pueden considerarse como autoridades responsables, pues son meros órganos de representación y ejecución de la comunidad, según lo prevé el artículo 21 de la Ley Agraria, que dice: Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia. Por otra parte, los diversos numerales 23, 32, 33, 99 y 107 de la citada ley, establecen lo siguiente: "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal. Artículo 107.- Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo." Así, se sostiene que de los transcritos preceptos de la Ley Agraria se advierte que: a) tanto la asamblea general de bienes ejidales, en este caso comité directivo de la colonia que señala o comunales como el comisariado, no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación; b) sus relaciones con los sujetos del ejido o comunidad, son de coordinación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está investida del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Asimismo revelan que las autoridades responsables que señala tienen facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirven; los acuerdos a que llegue la asamblea, como máximo órgano de la comunidad, serán dirigidos, respetados, gestionados y ejecutados; sin embargo, los actos que unos y otros realicen, con motivo de la materialización de los acuerdos consensados serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a diversas autoridades, para ejecutar los actos de la desposesión de un terreno ejidal perteneciente al Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, las autoridades señaladas como responsables, carecen del carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, debido a que en sus relaciones con los sujetos de la comunidad, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación. En concordancia con lo expuesto, ha de considerarse que en el presente caso, los actos que se les reclaman, no pueden ser considerados como autoritarios violatorio de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; sino más bien como un acto unilateral realizado en un plano de igualdad, cuya existencia está relacionado o vinculado con una norma de naturaleza agraria regida por la ley de esa materia y cuya violación puede y debe ser reparada dentro de un procedimiento de esa naturaleza, es decir, las diferencias que se susciten entre esos órganos del ejido y sus ejidatarios o comuneros, como en el caso que se estudia, deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales que para tal efecto están establecidos, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la ley de esa materia, más no a través del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 151-156 Tercera Parte, Séptima Época, página 44.), de rubro y texto siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes." Así como el diverso criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Tercera Parte, página 17, que reza: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones I y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." Y, la Tesis VI.3o.A.27 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1099, de rubro siguiente: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA." En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia señalada de manera manifiesta e indudable, da lugar a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Asimismo, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Finalmente, se hace constar que lo relativo al domicilio, y autorizados, habilitación de días y horas inhábiles, Ley de Transparencia, exhorto de tramitación de juicio en línea y gratuidad en el servicio, ya fue acordado en auto de seis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por DALILA PEREZ CORDOVA, parte quejosa, por que que solicita que la audiencia de ratificación de su escrito de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, se lleve por los medios electrónicos, esto es, por videoconferencia; en atención a lo anterior se provee: Por tanto, con fundamento en los artículos 5 y 12 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se ordena la diligencia de ratificación de firma ordenada en autos, por videoconferencia, esto es, a las QUINCE HORAS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por tanto, en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, según sea el caso, deberá cumplirse lo siguiente: "I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea o "webinar". En caso de no ser eso posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. II. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. III. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. IV. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. V. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VI. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo. VIII. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. IX. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. X. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XI. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico. La participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. Lo dispuesto en el presente precepto no es aplicable para rendir alegatos orales que no se encuentren previstos en las legislaciones adjetivas que rijan los procedimientos respectivos, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. . . ." Por tanto, en atención al punto II, del acuerdo general aludido, y que es menester en el proveído en que se fije la fecha y hora en que tendrá verificativo la diligencia en cuestión, se debe indicar a las partes los datos necesarios para que puedan acceder a la videoconferencia por vía electrónica, hágase del conocimiento a la parte quejosa que el enlace de reunión para acceder a la citada diligencia, son los siguientes: https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjf.webex.com%2Fcjf%2Fj.php%3FMTID%3Dm4c4e3ba9aa69df24549c466ede784933&data=04%7C01%7C%7C326ce9cc1fbd4527216d08d9551b8a1e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637634399048096890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lg8X3X5aKWFV%2FOV0Sy0qhpG6BSxfB%2B0po15fxPtPAr8%3D&reserved=0 Entrar a través del número de reunión Número de la reunión (código de acceso): 146 794 8795 Contraseña de la reunión: Juzgado09 Entrar mediante el teléfono +52-55-5091-8054 Mexico Toll +1-408-418-9388 United States Toll Números de llamada globales https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjf.webex.com%2Fcjf%2Fglobalcallin.php%3FMTID%3Dm4656856afd3920e5b07508443d90b17e&data=04%7C01%7C%7C326ce9cc1fbd4527216d08d9551b8a1e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637634399048096890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BQMM6jb%2BEZ9AJb%2Fb7I4fSZOlcYlNfrORXkimFdj%2Fxqc%3D&reserved=0 Entrar desde un sistema o aplicación de vídeo Marcar 1467948795@cjf.webex.com<sip:1467948795@cjf.webex.com> También puede marcar 173.243.2.68 e introducir el número de reunión. Entrar usando Microsoft Lync o Microsoft Skype Empresarial Marcar 1467948795.cjf@lync.webex.com<sip:1467948795.cjf@lync.webex.com> Finalmente, para efectuar la diligencia encomendada, instrúyase a la Coordinadora Técnico Administrativo, persona responsable del ámbito técnico, para que verifique periódicamente el adecuado funcionamiento del equipo respectivo, realizando las pruebas respectivas, debiendo iniciar el funcionamiento del equipo de videoconferencia y validar su correcta operación e interconexión con la plataforma tecnológica de videoconferencia propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, como lo previene el anexo técnico (Protocolo para el uso de la videoconferencia en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal), del referido acuerdo 12/2020. Además, dígasele a la promovente que con fecha fecha veintiocho de julio del año en curso, se señalaron las QUINCE HORAS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO para que se presentara ante este juzgado de Distrito, debidamente identificada con credencial oficial, y en diligencia formal manifieste si ratifica o no el referido escrito; por tanto, de estimarlo pertinente, podrá optar por acudir de forma personal ante este Juzgado de Distrito en dicha fecha y hora programada debiendo presentar el código QR que haya sido generado, o bien hacer uso del sistema de videoconferencia en los términos antes destacados. Asimismo, dígase a la parte promovente del amparo, que de no acudir a la cita,o no establecer conexión remota en la fecha y hora programada, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos; esto es, se tendrá por no presentado el ocurso que dio origen al auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por ello, se le conmina a comparecer al menos con quince minutos de anticipación a la citada programada. Además, reitérese que el código QR será el que permita el ingreso a este órgano jurisdiccional, el cual deberá presentar en la hora y día señalados en caso de que decida acudir de forma personal, y solo podrá en su caso, acompañarlo una persona, siempre y cuando se encuentre autorizada en este asunto. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el escrito signado por Dalila Pérez Cordova, mediante el cual solicita se le autorice a René Jesús Ramírez Martínez, el acceso al expediente electrónico, así como también las notificaciones por medios electrónicos, en atención a lo anterior se provee: Se autoriza el usuario "RENEJURE", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como lo solicita el ocursante, con fundamento en el artículo 3°, 30 y décimo primero transitorio, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 93 y 94, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se autoriza las notificaciones vía electrónica para efecto de recibir cualquier notificación electrónica con el nombre de usuario de mérito, en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e 19/05/22 16:47:18 SECCIÓN AMPARO MESA VI B PRAL. 710/2021 Notifíquese de manera electrónica; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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