DALILA QUERO JUÁREZ y Otros.

Expediente 1179/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1179/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • DALILA QUERO JUÁREZ y Otros.
  • Dalila Quero Juárez
  • Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio 529-III-DGACAA-AA-19259, signado por el Director General de Amparos contra actos Administrativos, en representación del Presidente de la República; previa copia que se deje en autos, se ordena remitirlo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí, quien aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda origen del juicio de amparo relativo a este cuaderno de antecedentes (foja 52); ello, a fin de que acuerde lo que estime procedente, en el juicio de amparo 105/2019-III.

  2. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, mediante el cual se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que se avocó al conocimiento del citado juicio, asignándole el número 105/2019-III. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a ese Juzgado Federal, que a partir de esta fecha queda disponible el expediente electrónico de este juicio, a fin de que ese Juzgado pueda vincularlo con el de su registro. Por otra parte, toda vez que en la Secretaría de este juzgado obra guardado el original y una copia del oficio de la Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, por el que interpuso el recurso de queja contra el auto inicial de once de diciembre de dos mil dieciocho; se ordena remitirlos a la oficiante, para los efectos legales a que haya lugar, así como los acuses de recibo originales que obran en el expediente relativos a las notificaciones practicadas a las responsables de las determinaciones que se emitieron en el juicio de amparo 1179/2018 y su acumulado 1188/2018 (ahora 105/2019). En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de la quejosa ...... , recibido electrónicamente, por el que amplía su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado y como primer acto de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, reclamado como sistema normativo integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, entrando en vigencia el uno de enero de dos mil diecinueve, en lo referente a su iniciativa, discusión, aprobación y promulgación. Por otro lado, glósese el diverso escrito de la quejosa, por el que manifiesta que fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso; por lo que solicita que se decline competencia al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en San Luis Potosí, en virtud de su cambio de adscripción. En el caso, la quejosa amplía su demanda de amparo, señalando como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Consejo de la Judicatura Federal, Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal, Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal y Jefe del Servicio de Administración Tributaria y señala como acto reclamado y como primer acto de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos lo siguiente: Lo contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, como sistema normativo integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, en lo referente a su iniciativa discusión, aprobación y promulgación, ya que concretiza el mandato de reducción salarial de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues se determina el tope de remuneración del Presidente de la República. Además, solicita la suspensión de dicho acto reclamado. Toda vez que la quejosa fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso; por tanto, cesó el motivo que originó la competencia territorial para que esta juzgadora conociera de la demanda que la quejosa promovió, ya que ahora, la ejecución del acto reclamado tendrá verificativo en aquella circunscripción territorial. En consecuencia, esta Juzgadora estima que ahora quien resulta competente para continuar con el conocimiento del asunto y de pronunciarse con relación a la ampliación de demanda, lo es un Juez de Distrito en turno con residencia en San Luis Potosí. Es así, en principio la quejosa promovió su demanda de amparo ante un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y, por razón de turno, dicho asunto tocó conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, radicó el asunto con el número 1256/2018, declarando carecer de competencia para conocer tal demanda, ya que la quejosa se encontraba adscrita en el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, por lo que, estableció los actos reclamados tendrían ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, ya que se encontraba adscrita en dicho tribunal y, por ende, el pago de sus remuneraciones nominales y adicionales que en su caso se vieran afectadas y la eventual aplicación de las disposiciones del Código Penal Federal tendrían sus efectos en este Estado. Por tanto remitió dicha demanda al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno; la cual fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito, y por auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se aceptó la competencia declinada, puesto que se compartió el criterio del Juez declinante, lo que se admitió a trámite la demanda y se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Luego, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la diversa demanda de amparo promovida por la quejosa, que el propio Juez Federal remitió a este juzgado; la cual se radicó con el número 1188/2018, y se acumuló a este expediente 1179/2018. Ahora, la peticionaria del amparo fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso. En consecuencia, se estima competente para continuar con el conocimiento del presente asunto, así como de la ampliación de la demanda que promueve la peticionaria del amparo, a un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Lo anterior, en razón a que los actos reclamados tendrán ejecución en el territorio donde ese órgano ejerce jurisdicción, ya que el pago de sus remuneraciones nominales y adicionales que en su caso se vieran afectadas, surtirán efectos en ese Estado, de ahí que, la ampliación de demanda que promueve la peticionaria del amparo, tanto en términos del artículo 37, como del 48 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito y estime carecer de competencia la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trata de actos que importen peligro o privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de ahí que se advierte que es el Juez competente territorialmente el que debe pronunciarse respecto de la suspensión de los actos reclamados, en el caso, de la suspensión solicitada en la ampliación de la demanda que se promueve, que como se dijo resulta ser un Juez de Distrito con sede en San Luis Potosí. En efecto, el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para la fijación de la competencia entre los Jueces de Distrito, y al efecto señala: Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de la ejecución del acto reclamado, y en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Cabe hacer mención que del referido numeral 37 de la Ley de Amparo, se puede advertir que el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. En la especie, se está en el caso de la primera regla, atento a que como lo señala la quejosa en su ocurso fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso; por ende, ahora los efectos de los actos reclamados, en el ocurso inicial de demanda y escrito de ampliación de la demanda, tendrán ejecución en ese circuito judicial, puesto que es el lugar en donde la quejosa desempeñará su cargo. De tal manera que resulta competente para continuar el conocimiento de la demanda de amparo y conocer de la ampliación de demanda que se plantea, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se materializan tales actos. En ese sentido, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es inconcuso que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal para continuar el conocimiento de la demanda de amparo promovida y para emitir pronunciamiento con relación a la ampliación de la demanda de amparo que ahora promueve la quejosa, por razón de territorio, ya que la misma se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre. En consecuencia, remítase este expediente, así como el original y el duplicado del incidente de suspensión, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a quien se estima competente para continuar con el conocimiento del asunto y de la ampliación de la demanda de amparo que promueve la quejosa, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Así también, hágase del conocimiento de dicho Juez Federal, que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Subdirectora de Amparo y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, interpuso queja contra el auto inicial de once de diciembre de dos mil dieciocho, otorgándose el plazo de tres días a las demás partes para que señalaran constancias que en copia certificada deberían enviarse a la Superioridad; por lo que, una vez que este juzgado cuente con los acuses de recibo de las autoridades foráneas de las que se advierta la fecha en que quedaron notificadas de esa determinación para el cómputo respectivo, se le harán llegar tales actuaciones, para que, en caso de aceptar la competencia, continúe el trámite de dicho recurso de queja en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo. Déjese sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Por último, se tiene a la quejosa revocando el domicilio que se encuentra señalado en autos para recibir notificaciones, y designando como nuevo domicilio en lo subsecuente, el ubicado en Villa de Aragón número mil doscientos veintidós, colonia Villa Antigua, en San Luis Potosí. Toda vez que solicita la autorización de la consulta del expediente electrónico y proporciona el registro del usuario QueroJD6421, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se otorga autorización a la parte promovente para que consulte el expediente electrónico de este juicio. En razón de lo anterior, realícese el alta correspondiente del citado usuario. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de la quejosa ...... , recibido electrónicamente, por el que amplía su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado y como primer acto de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, reclamado como sistema normativo integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, entrando en vigencia el uno de enero de dos mil diecinueve, en lo referente a su iniciativa, discusión, aprobación y promulgación. Por otro lado, glósese el diverso escrito de la quejosa, por el que manifiesta que fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso; por lo que solicita que se decline competencia al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en San Luis Potosí, en virtud de su cambio de adscripción. En el caso, la quejosa amplía su demanda de amparo, señalando como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Consejo de la Judicatura Federal, Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal, Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal y Jefe del Servicio de Administración Tributaria y señala como acto reclamado y como primer acto de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos lo siguiente: Lo contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, como sistema normativo integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, en lo referente a su iniciativa discusión, aprobación y promulgación, ya que concretiza el mandato de reducción salarial de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues se determina el tope de remuneración del Presidente de la República. Además, solicita la suspensión de dicho acto reclamado. Toda vez que la quejosa fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso; por tanto, cesó el motivo que originó la competencia territorial para que esta juzgadora conociera de la demanda que la quejosa promovió, ya que ahora, la ejecución del acto reclamado tendrá verificativo en aquella circunscripción territorial. En consecuencia, esta Juzgadora estima que ahora quien resulta competente para continuar con el conocimiento del asunto y de pronunciarse con relación a la ampliación de demanda, lo es un Juez de Distrito en turno con residencia en San Luis Potosí. Es así, en principio la quejosa promovió su demanda de amparo ante un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y, por razón de turno, dicho asunto tocó conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, radicó el asunto con el número 1256/2018, declarando carecer de competencia para conocer tal demanda, ya que la quejosa se encontraba adscrita en el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, por lo que, estableció los actos reclamados tendrían ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, ya que se encontraba adscrita en dicho tribunal y, por ende, el pago de sus remuneraciones nominales y adicionales que en su caso se vieran afectadas y la eventual aplicación de las disposiciones del Código Penal Federal tendrían sus efectos en este Estado. Por tanto remitió dicha demanda al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno; la cual fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito, y por auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se aceptó la competencia declinada, puesto que se compartió el criterio del Juez declinante, lo que se admitió a trámite la demanda y se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Luego, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la diversa demanda de amparo promovida por la quejosa, que el propio Juez Federal remitió a este juzgado; la cual se radicó con el número 1188/2018, y se acumuló a este expediente 1179/2018. Ahora, la peticionaria del amparo fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso. En consecuencia, se estima competente para continuar con el conocimiento del presente asunto, así como de la ampliación de la demanda que promueve la peticionaria del amparo, a un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Lo anterior, en razón a que los actos reclamados tendrán ejecución en el territorio donde ese órgano ejerce jurisdicción, ya que el pago de sus remuneraciones nominales y adicionales que en su caso se vieran afectadas, surtirán efectos en ese Estado, de ahí que, la ampliación de demanda que promueve la peticionaria del amparo, tanto en términos del artículo 37, como del 48 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito y estime carecer de competencia la remitirá de plano, con sus anexos, al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trata de actos que importen peligro o privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de ahí que se advierte que es el Juez competente territorialmente el que debe pronunciarse respecto de la suspensión de los actos reclamados, en el caso, de la suspensión solicitada en la ampliación de la demanda que se promueve, que como se dijo resulta ser un Juez de Distrito con sede en San Luis Potosí. En efecto, el numeral 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para la fijación de la competencia entre los Jueces de Distrito, y al efecto señala: Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de la ejecución del acto reclamado, y en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Cabe hacer mención que del referido numeral 37 de la Ley de Amparo, se puede advertir que el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. En la especie, se está en el caso de la primera regla, atento a que como lo señala la quejosa en su ocurso fue reubicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, como se advierte de la constancia del oficio SEADS/051/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de enero del año en curso; por ende, ahora los efectos de los actos reclamados, en el ocurso inicial de demanda y escrito de ampliación de la demanda, tendrán ejecución en ese circuito judicial, puesto que es el lugar en donde la quejosa desempeñará su cargo. De tal manera que resulta competente para continuar el conocimiento de la demanda de amparo y conocer de la ampliación de demanda que se plantea, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se materializan tales actos. En ese sentido, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es inconcuso que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal para continuar el conocimiento de la demanda de amparo promovida y para emitir pronunciamiento con relación a la ampliación de la demanda de amparo que ahora promueve la quejosa, por razón de territorio, ya que la misma se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre. En consecuencia, remítase este expediente, así como el original y el duplicado del incidente de suspensión, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a quien se estima competente para continuar con el conocimiento del asunto y de la ampliación de la demanda de amparo que promueve la quejosa, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Así también, hágase del conocimiento de dicho Juez Federal, que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Subdirectora de Amparo y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, interpuso queja contra el auto inicial de once de diciembre de dos mil dieciocho, otorgándose el plazo de tres días a las demás partes para que señalaran constancias que en copia certificada deberían enviarse a la Superioridad; por lo que, una vez que este juzgado cuente con los acuses de recibo de las autoridades foráneas de las que se advierta la fecha en que quedaron notificadas de esa determinación para el cómputo respectivo, se le harán llegar tales actuaciones, para que, en caso de aceptar la competencia, continúe el trámite de dicho recurso de queja en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo. Déjese sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Por último, se tiene a la quejosa revocando el domicilio que se encuentra señalado en autos para recibir notificaciones, y designando como nuevo domicilio en lo subsecuente, el ubicado en Villa de Aragón número mil doscientos veintidós, colonia Villa Antigua, en San Luis Potosí. Toda vez que solicita la autorización de la consulta del expediente electrónico y proporciona el registro del usuario QueroJD6421, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se otorga autorización a la parte promovente para que consulte el expediente electrónico de este juicio. En razón de lo anterior, realícese el alta correspondiente del citado usuario. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente.

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