Dalia Avila Ramírez
Expediente 800/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 29/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dalia Avila Ramírez
- Dalia Avila Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 800/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA III B Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 800/2015, promovido por Dalia Ávila Ramirez, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este juzgado, Dalia Ávila Ramirez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se detallan. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca 2 Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca ACTO RECLAMADO a) La resolución de siete de mayo de dos mil quince, emitida en el cuaderno de queja 37/2015, que declaró extemporáneo el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa 84(FEPAM)2014 a cargo de la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV, del Tercer Turno, adscrita al Sector Metropolitano. SEGUNDO. Tramitación del juicio. El ocho de junio de dos mil quince se admitió la demanda de que se trata, se registró con el número de expediente 800/2015, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Considerado PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al reclamarse actos imputados a autoridades con residencia dentro de la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. Así, del análisis integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir contenida en tal líbelo, se deduce que la parte quejosa reclama: la resolución de siete de mayo de dos mil quince, emitida en el cuaderno de queja 37/2015, que declaró extemporáneo el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa 84(FEPAM)2014 a cargo de la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV, del Tercer Turno, adscrita al Sector Metropolitano. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Es cierto el acto reclamado al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado y corroborarse de las constancias que anexó para apoyarlo. Por otra parte, el Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca omitió rendir su informe justificado no obstante habérsele requerido; sin embargo, la presunción de certeza que en el caso prevé el artículo - de la Ley de Amparo, se ve desvirtuada con las constancias que en copia certificada anexó a su informe justificado el Procurador responsable, toda vez que de ellas se advierte que el aludido coordinador no tuvo intervención directa en la emisión de la resolución de siete de mayo de dos mil quince reclamada. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sólo por lo que al Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca se refiere. CUARTO.- Procedencia de la demanda.- Previo el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causales de improcedencia por ser de estudio oficioso y preferente. Dado que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y que este órgano de control constitucional no advierte de oficio su actualización, procede entrar al estudio de los actos reclamados, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo. QUINTO.- Estudio de los conceptos de violación.- Los conceptos de violación deben desestimarse, por las razones que a continuación se exponen. Como se precisó en el segundo considerando, la quejosa reclama la resolución de siete de mayo de dos mil quince, emitida por el Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca en el cuaderno de queja 37/2015, que declaró extemporáneo el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa 84(FEPAM)2014 a cargo de la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV, del Tercer Turno, adscrita al Sector Metropolitano. Al respecto, el peticionario del amparo en sus conceptos de violación aduce que la resolución reclamada vulnera los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica plasmados por los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que la autoridad responsable no fundó ni motivó la determinación de considerar extemporáneo el recurso se queja interpuesto. Tal aseveración resulta infundada; ya que de la resolución de siete de mayo de dos mil quince reclamada, se desprende que la responsable expresó las razones de derecho y los motivos de hecho que consideró para el dictado de la resolución combatida, es decir, se apoyó en los preceptos jurídicos que le permitían dictarla y que establecían la hipótesis que generó su decisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado. Por otra parte, alega que en el cómputo del plazo de quince días que efectuó la responsable para la interposición del recurso de queja intentado, debió haber descontado también los días veintiocho de marzo y once de abril de dos mil quince, que fueron inhábiles por haber sido sábados, lo que genera que deba considerarse su impugnación presentada en tiempo. El anterior argumento es inoperante, toda vez que existe jurisprudencia firme y obligatoria, que da respuesta integra a la pretensión de la quejosa, pues en ella la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el cómputo del término de quince días a que se refiere el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca para interponer dicho recurso, debe incluir como días hábiles los sábados. La jurisprudencia a la que se alude es de rubro y texto siguiente: QUEJA INTERPUESTA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE OAXACA PARA INTERPONER DICHO RECURSO, DEBE INCLUIR COMO DÍAS HÁBILES LOS SÁBADOS. De la interpretación armónica de los artículos 114 y 83 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 67 del Código de Procedimientos Penales de esa entidad federativa, se advierte que el ofendido o querellante puede interponer el recurso de queja ante el Procurador General de Justicia del Estado contra la decisión del Agente del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal respecto de los hechos denunciados, dentro de los quince días contados desde que se les haya hecho saber esa determinación. Sin embargo, ni las disposiciones citadas, ni algún otro precepto de dicho Código, precisan si los sábados son días hábiles o inhábiles para efectos del cómputo del término en mención. Además, el legislador no dispuso la aplicación supletoria de alguna otra legislación, en lo no previsto por la codificación adjetiva penal del Estado. Ahora bien, el primer párrafo del artículo 159 del aludido Código dispone que todos los términos que señala son improrrogables y que se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación, lo cual debe entenderse como la regla general, mientras que el segundo párrafo describe las excepciones a dicha regla, consistentes en que: 1. sólo los términos que señala el propio Código para tomar la declaración preparatoria del inculpado y pronunciar el auto de reclusión preventiva se contarán de momento a momento y desde que el procesado fuere puesto a disposición del tribunal competente; y, 2. en los términos de los señalados supuestos se incluirán los domingos y demás días considerados como inhábiles. De ahí que si el legislador equiparó los domingos con los demás días inhábiles y no hizo mención a los sábados, válidamente puede afirmarse que los consideró hábiles. Además, si la excepción a la regla radica en que se incluirán en los términos los domingos y demás días inhábiles sólo para los casos en que se tome la declaración preparatoria o se pronuncie el auto de reclusión preventiva, por regla general, cuando no se trate de dichos supuestos, se incluirán como hábiles los sábados. Por otra parte, si el recurso de queja a que se refiere el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca está previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa localidad y si dicho medio de impugnación compete al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de aclarar el vacío legislativo, es válido acudir a la citada Ley Orgánica. Así, el artículo 66 de la citada legislación orgánica estatal establece que para las actuaciones del Ministerio Público todos los días y horas son hábiles, y si bien es cierto que la queja es una actuación que ejercita el querellante u ofendido, también lo es que la intención del legislador consistió en que la representación social laborara incluso los sábados, por lo que si el recurso de queja es un medio de impugnación cuya resolución compete a la Procuraduría General del Estado, resulta inconcuso que el cómputo del término para su interposición debe incluir como hábiles los días sábados. [Época: Novena Época, Registro: 174194, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 43/2006, Página: 172] En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación, y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado por la quejosa. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero.- Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación a los actos reclamados al Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución Segundo.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Dalia Ávila Ramirez, contra los actos reclamados al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones dadas en considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, en el que concluyó el engrose de la presente sentencia. Conste.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa Dalia Ávila Ramírez; visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele copia simple de las constancias que solicita, por autorizadas para recibirlas a las personas que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos. Notifíquese. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Virginia Reyes Aguilar, que autoriza y da fe.
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