Dalila Espinoza Mancera
Expediente 432/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Dalila Espinoza Mancera
- Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha providencia ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c), del citado acuerdo, el presente expediente, así como el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) de la disposición administrativa en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 432/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte (fojas 3 a 11), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado a este juzgado en la propia fecha, Dalila Espinoza Mancera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto y autoridades que a continuación se indican. Acto reclamado "IV.- ACTO RECLAMADO.- --- El ilegal aseguramiento de mi inmueble ubicado en San Isidro de Morales comunicad de Sata Cruz de Juventino Rosas, Gto. sin (sic) ninguna orden de cateo sustrayendo del mismo diversos artículos." Autoridades responsables. "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDES RESPONSABLES. Como ordenadoras: -Tiene tal carácter el Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, domicilio (.). -Tiene tal carácter el Juez Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, domicilio en (.), Juventino Rosas Gto. Como ejecutoras -Lic. José Antonio Aguilera Torres, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas con domicilio en (.), Guanajuato, Gto. -Coordinador Regional de Investigaciones Región "C" de la Fiscalía General del Estado con domicilio en calle (.), de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. -jefe de células de la dirección de Investigaciones de la unidad especializada en Trámite Común con sede en esta ciudad de Celaya con domicilio en (.). -jefe de células de la dirección de investigaciones de la unidad especializada en Trámite Común con sede en esta ciudad (sic) de Santa Cruz de Juventino Rosas, con domicilio en (.). -Coordinador Regional de Investigaciones de la fiscalía especializada en delitos de Alto impacto, con domicilio en (.) Guanajuato, Gto." Acto que la parte agraviada estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 18 a 20 vuelta), esta potestad federal la registró bajo el número 432/2020-V, y la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; también señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERECERO. Inexistencia de autoridades. En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se declararon inexistentes a las autoridades que la parte quejosa señaló en su escrito inicial de demanda como: "jefe de células de la dirección de Investigaciones de la unidad especializada en Trámite Común con sede en esta ciudad de Celaya con domicilio en (.)". -"jefe de células de la dirección de investigaciones de la unidad especializada en Trámite Común con sede en esta ciudad (sic) de Santa Cruz de Juventino Rosas, con domicilio en (.)"; y, -"Coordinador Regional de Investigaciones de la fiscalía especializada en delitos de Alto impacto, con domicilio en (.) Guanajuato, Gto." Por tanto, esta determinación no se ocupará de esas autoridades, al haberse declarado inexistentes para efectos de esta incidencia. De igual modo, el día de hoy fue celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede (fojas 108 y vuelta). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos ejecutados en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, sitio en el que este órgano de control constitucional ejerce competencia territorial. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados son: El aseguramiento de dos agosto de dos mil veinte, decretado en la subyacente carpeta de investigación 70244/2020, sobre el bien inmueble que la agraviada identifica como el ubicado en Avenida Los Pinos, esquina Franco-Morales, sin número de la comunidad de San Antonio de Morales, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; así como la sustracción de diversos artículos de dicho bien raíz. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Celaya; 2. Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Santa Cruz de Juventino Rosas; y, 3. Coordinador de Investigaciones Región "C" de la Fiscalía General del estado de Guanajuato; y, 4. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con sede en Guanajuato capital. Cabe destacar que mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte (foja 66 y vuelta), se tuvo a la parte quejosa por aclarando que el domicilio que defiende en este asunto constitucional lo es el ubicado en ubicado en Avenida Los Pinos, esquina Franco-Morales, sin número de la comunidad de San Antonio de Morales, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; no así como lo describió en el escrito inicial de demanda. Con tal motivo se requirió a las responsables que aclararan su informe justificado en el que debían considerar los nuevos datos -sobre el inmueble de mérito-, aportados por la quejosa; lo que así ocurrió. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados a algunas de las autoridades. Las autoridades juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede y base Celaya (fojas 74); juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Santa Cruz de Juventino Rosas (foja 87); y, coordinador de Investigaciones Región "C" de la Fiscalía General del estado de Guanajuato (foja 75), negaron la existencia de los actos que se les atribuye; sin que la quejosa ofreciera prueba en contrario para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, como las negativas informadas por las responsables en mención, no fueron desvirtuadas por la parte quejosa, ni de autos se advierte la existencia de los actos que se les atribuyó a dichas autoridades; entonces, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de la materia, exclusivamente por lo que ve los actos que se le endilgó a las autoridades indicadas en este considerando. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con sede en Guanajuato capital, negó los actos reclamados (foja 78). Sin embargo, realizó manifestaciones que denotan su existencia, pues al respecto indicó: "(.) Sin embargo, atendido al principio de buena fe y lealtad con la que se conduce esta Fiscalía, le informo que por parte de esta autoridad nos encontramos llevando a cabo una investigación dentro de la carpeta de investigación que se indica al rubro por el ilícito penal de robo equiparado, derivado de tal situación es que se tuvo a bien realizar la solicitud de orden de cateo para ingresar al inmueble sin número oficial visible ubicado en avenida Francisco Morales esquina con Prolongación Hidalgo de la comunicad de San Antonio de Morales municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, con las coordenadas de geo localización 20.582758, -100.912675. Solicitud de cateo que fuera realizada en fecha 01 de agosto del año 2020, ante el Juzgado de Oralidad Penal con sede en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, y la cual fue otorgado (sic) en esa misma fecha mediante el cuadernillo número 01920-7, autorizando llevar a cabo dicha técnica de investigación en el inmueble referido, dando 72 horas para ello. --- Ante tal situación, es que por parte de esta unidad especializada se tuvo a bien llevar a cabo dicho acto de investigación en fecha 02 de agosto del año 2020, ello con las formalidades que establece el numeral 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo por parte de la fiscalía se decretó dentro del referido acto de investigación la medida de aseguramiento del bien inmueble por tratarse de instrumento que sirve para el ocultamiento del vehículo de motor objeto de la diligencia de cateo. (.)". Lo que antecede, pone de manifiesto la existencia los actos reclamados, por tanto, deben tenerse por ciertos. En sustento a lo expuesto se invoca la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, del tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de los actos debatidos se robustece con la documental que la agente del ministerio público responsable exhibió en alcance a su informe de ley, consistente en copias autenticadas de algunas actuaciones relativas a la carpeta de investigación 70244/2020 de su índice; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un procedimiento mercantil tramitado por y ante autoridad judicial. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el particular se concretiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia, toda vez que la parte quejosa incumplió con la carga de demostrar que es propietaria del bien raíz que defiende, y por ende, de justificar el interés jurídico para promover el presente juicio de derechos fundamentales. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causa de improcedencia prevista por el numeral trascrito, se hace consistir en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra, que repudien violatorio de sus derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, la procedencia del medio extraordinario de control constitucional, refiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, sean posesorios, de propiedad o de cualquier otra clase, y sin duda, cuando un acto de autoridad causa perjuicio al quejoso, lesionándole directamente en su persona o patrimonio, es precisamente cuando puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Ilustran lo anterior las jurisprudencias J/26 y 16/94, publicadas, la primera en la página 117 del tomo VIII de diciembre de 1991 del Semanario Judicial de la Federación; la segunda en la página 17 del tomo 82 de octubre de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que son del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, corresponde a la parte quejosa acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para promover el juicio constitucional, esto es, que los actos que reclama afectan derechos de los que es titular. En este orden de ideas, el interés jurídico de la parte peticionaria del amparo, en el presente caso, se constriñe al derecho sustantivo de propiedad en relación con el bien inmueble asegurado en la carpeta de origen, a la cual por cierto la quejosa es tercera extraña auténtica. Ciertamente, en principio ha de establecerse que la parte quejosa es tercera auténtica con relación a la carpeta de investigación de donde derivan los actos reclamados en tanto que no figura como parte procesal en dicha pesquisa; empero, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos de la agraviada, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. Considera la parte promovente del amparo, en síntesis, que sus derechos de propiedad y posesión se ven violentados por las actuaciones de la carpeta de investigación de origen, donde se aseguró el inmueble ubicado en Avenida Los Pinos, esquina Franco-Morales, sin número de la comunidad de San Antonio de Morales, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; pues aduce que ese bien es de su propiedad, y que no ha sido oída ni vencida en juicio; por lo que dichos actos violan en su perjuicio los derechos reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el objeto de acreditar la propiedad que aduce tener sobre el bien inmueble que defiende, la quejosa ofreció la copia certificada por notario público de la constancia expedida a nombre de la agraviada por el delegado de la comunidad de Rancho Viejo, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, fechada el veinte de veinte de agosto de dos mil veinte, donde se asentó: "(.) Constancia de propiedad Por medio de la presente, yo el c. Rafael Cervantes Labrada, en mi carácter de delegado de la comunidad de Rancho Viejo, hago constar que la C. Dalila Espinoza Mancera es única dueña de una propiedad con domicilio la (sic) los pino esquina con la avenida Franco- Morales S/N en la comunidad de San Antonio de Morales, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas Gto. Es importante mencionar que en dicha propiedad se encuentra asentada una tienda de auto servicio, la cual, se encuentra abierta al público desde octubre de 2018. Se extiende la presente para los fines y usos legales que al interesado convengan, a los 20 días del mes de agosto del año 2020. --- Atentamente Rafael Cervantes Labrada --- Delegado de la Comunidad de Rancho Viejo. [firma y sello])"; (foja 14). Tal Medio de convicción que valorado en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º, resulta insuficiente para el fin pretendido, esto es, acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en este juicio constitucional. Cabe aclarar que de conformidad con el precepto 197 de la mencionada codificación procesal civil federal, quien esto resuelve goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para obtener el valor de las mismas, unas frente a las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación; además, el pronunciamiento aquí realizado sobre la valoración a la documental exhibida por la parte agraviada, es útil solo para determinar la procedencia de este juicio constitucional, dado que no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, toda vez que ello se debe dilucidar ante la potestad común. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IV.1o.C.39 K visible a foja 1774, tomo XXXII, diciembre de 2010 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163326, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ALCANCES DE LA VALORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE SE EXHIBA PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DEL DERECHO QUE SE ESTIMA TRANSGREDIDO, TRATÁNDOSE DE TERCEROS EXTRAÑOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, tratándose de terceros extraños a juicio, basta con demostrar la titularidad del derecho conculcado por el acto de autoridad; en tal contexto, la valoración del documento que se exhiba con ese propósito, debe ser exclusivamente para determinar la procedencia del juicio constitucional, es decir, no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, sino únicamente en cuanto a su existencia con anterioridad al acto reclamado, pues en la medida en que se acredite la existencia del acto que le dio origen, se demuestra el derecho que se estima transgredido." Enseguida se analiza el referido documento exhibido por la parte quejosa, para corroborar si merece eficacia probatoria, y por ende, se justifica el interés jurídico. Como cuestión previa, es relevante indicar que la propiedad es un derecho real cuyos medios de adquisición son de índole muy variada: contrato, prescripción, adjudicación, sucesión, accesión, incorporación, etcétera, siendo el acuerdo de voluntades -contrato o convenio-, sin duda, el medio más frecuente para adquirir la propiedad. El Código Civil para el Estado de Guanajuato regula diversos contratos por medio de los cuales la propiedad de una cosa puede adquirirse, verbigracia, la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo, estableciendo determinadas reglas relativas a su contenido, forma y efectos jurídicos. En efecto, de los artículos 1741, 1764 y 1765 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se desprende: La compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho; Solo puede vender lo que es de su propiedad, y; La venta de cosa ajena resulta nula. La referida legislación civil sustantiva ha reconocido normalmente eficacia instantánea a esta traslación de dominio derivada del simple consenso contractual de voluntades respecto a la cosa. Sin embargo, tratándose de cierto tipo de bienes, específicamente, los inmuebles, la ley ha dispuesto como observancia adicional algunas formalidades a efecto de garantizar la certeza y seguridad jurídica en su tráfico, en razón de su valor y de las importantes repercusiones sociales que conlleva la adquisición de estos bienes, lo que hace conveniente dar publicidad al dominio y a las distintas formas de su manifestación estableciendo un control minucioso y continuo sobre los actos que afecten la plena disposición de estos bienes patrimoniales. Con la finalidad de garantizar la certeza y seguridad jurídica en la celebración de los actos jurídicos entre particulares, la ley civil se ha valido de dos importantes auxiliares: el notariado y el Registro Público de la Propiedad. El primero de estos auxiliares se integra por un calificado grupo de peritos en derecho investidos de fe pública y facultados para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos. La intervención del notario conduce a garantizar la perfección jurídica del negocio celebrado y la conservación de su constancia, produciéndose, además, un medio probatorio de la operación realizada al que la ley le atribuye eficacia de prueba plena, a diferencia de aquellos contratos de carácter privado que son elaborados y celebrados por las partes a su leal saber y entender. El Registro Público de la Propiedad, por su parte, es una institución producto de las necesidades de la vida cotidiana para evitar que las transmisiones y gravámenes relativos a bienes inmuebles se efectúen en forma clandestina y se vea afectada o disminuida la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes, y ante la necesidad de ponerlos jurídicamente en circulación haciendo necesaria la intervención del poder público a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento. Este Registro, en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente los inmuebles, para que toda persona que tenga interés en efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: quién es propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie con que cuenta y se pretende adquirir, y demás datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. En este orden de ideas, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe de la operación es su fecha cierta. Si bien el asiento registral proporciona total certidumbre sobre la fecha del documento, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita que: El documento se hubiese presentado para su inscripción en algún Registro Público; El instrumento se hubiese presentado ante un fedatario o funcionario público con motivo de sus funciones; y, Hubiese ocurrido la muerte de cualquiera de los contratantes o de quienes intervinieron en su declaración. Cierto, la Primera Sala de nuestro más alto tribunal estableció que al ocurrir cualquiera de estas circunstancias, surge la presunción clara de que el documento al menos existió en esos momentos pues con ello se genera un principio de prueba que necesariamente orienta a esa conclusión, porque la inscripción en el registro no deja duda de que el documento existía en el momento en que se hizo, su presentación ante funcionario o fedatario público produce también esta misma consecuencia y la muerte de los contratantes o firmantes lleva entender que no pudieron plasmar su firma después de su fallecimiento. Así las cosas, tratándose de documentos privados, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que se hubiesen celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa que el documento privado que no actualice alguna de las mencionadas hipótesis solo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Las anteriores consideraciones se encuentran en la jurisprudencia por contradicción de tesis, que se suscitó entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, publicada en la página 214, del tomo IV, Materia Civil, Novena Época, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 192662, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en, los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes ; por lo que es dable concluir , que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta , imposibilita determinar que todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de ésta manera, la legalidad y la certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Se reitera que en el caso, la parte quejosa, con el propósito de justificar su interés jurídico exhibió copia certificada por notario público de la constancia expedida a nombre de la agraviada por el delegado de la comunidad de Rancho Viejo, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, fechada el veinte de veinte de agosto de dos mil veinte, donde se hizo constar que la agraviada es propietaria del bien raíz que ahora defiende en este asunto (fojas 12 y 13). Se insiste, dicho medio de convicción se estima ineficaz para alcanzar la pretensión constitucional de la quejosa, en primer lugar porque la certificación que el notario público realizó sobre la copia de la constancia expedida por el delegado de la comunidad de Rancho Viejo, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, el veinte de veinte de agosto de dos mil veinte, donde se hizo constar que la agraviada es propietaria del bien raíz que ahora defiende en este asunto, incumple con la totalidad de los requisitos que establece el artículo 72, último párrafo, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato; requisitos legales necesarios para ponderarla válida; por lo que carece de valor probatorio. Tal numeral dispone: "Artículo 72. Queda prohibido a los notarios actuar fuera del protocolo, con las excepciones siguientes: (.) II. Los testimonios que legalmente extiendan; III. Las certificaciones relativas a los instrumentos públicos y las que resulten del cotejo de documentos; (.) Las certificaciones derivadas de cotejos se asentarán en la última hoja que corresponda al documento que se compulsa y coteja con su original o en hoja adherida al mismo. La certificación deberá contener: la mención del documento original cuyo cotejo se certifica, el número de fojas que comprende, el nombre de la persona a quien se expide, la razón «doy fe», la firma del notario y el sello de autorizar, así como las demás medidas de seguridad que se establezcan por el Ejecutivo del Estado". Ahora, en la certificación notarial en examen, se estableció: "EL CIUDADANO LICENCIADO FELIPE ROBERTO MONTOYA RAMIREZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 19, CON ADSCRIPCIÓN EN ESTE LUGAR Y SU PARTIDO JUDICIAL, CERTIFICA: --- QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL Y EXACATA REPRODUCCIÓNDE SU ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA, QUE CONSTA DE 01 UNA FOJA LA CUAL CONCUERDA EN TODAS SUS PARTES EXTENDIENDOSE LA PRESENTE A SOLICITUD DEL (sic) C. YOLANDA VANESSA NAIF REYES EN LA CIUDAD DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 09 NUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE DOY FE. --- LIC. FELIPE ROBERTO MONTOYA RAMIREZ NO. PO. NO.19 --- CED. PROF. 335585 --- MORR- 420401-B94 [RUBRICA Y SELLO DE NOTARIO)." De la lectura de la certificación transcrita, se advierte que el notario no realizó la mención del documento cuyo cotejo se certifica, dado que únicamente se hace alusión a que lo tuvo a la vista sin especificar en qué consiste. La resaltada inconsistencia genera duda fundada sobre el actuar del notario, pues no se sabe qué o cuál documento original tuvo a la vista al asentar su certificación. Luego, si la certificación notarial incumple con la totalidad de requisitos legales para su validez, en tanto que no se estableció la mención del documento original cuyo cotejo se certifica; entonces es inconcuso que la certificación de mérito carece de valor probatorio, toda vez que ese dato constituye exigencia de validez para la actuación notarial en análisis, en términos del artículo 72, último párrafo, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, habida cuenta que esa disposición tiene como objetivo primordial salvaguardar el principio de certeza de los actos encomendados a los notarios públicos. Conviene resaltar que la finalidad de las certificaciones producidas por fedatarios públicos, es dar seguridad jurídica a las partes con relación tanto a la fecha de celebración de los actos, como a los documentos que realmente cotejan, y puede estimarse que existe esa seguridad jurídica, si se reconoce un acto que no contravino las disposiciones legales que establecen las exigencias necesarias para su validez, y además, no contiene irregularidades evidentes que pongan en entredicho su autenticidad. Es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1ª./J 51/2005, visible en la página 183, del tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." Por tanto, partiendo de los razonamientos expuestos, se colige que la documental en trato, consistente en copia certificada de la constancia expedida a nombre de la quejosa, por el delegado de la comunidad de Rancho Viejo, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, carece de valor probatorio para demostrar que la agraviada es propietaria del inmueble que defiende; por ende, es insuficiente para demostrar su interés jurídico Más aún, en el hipotético caso de que se tratara del original de la referida constancia, de cualquier forma este operador jurídico estima que es insuficiente para demostrar el interés jurídico de la quejosa, habida cuenta que no constituye medio idóneo para justificar la propiedad de un inmueble. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2o.P.A.17, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, enero de 1996, página 273, de rubro y texto: "CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL DELEGADO MUNICIPAL. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN. No es ilegal que se niegue eficacia probatoria a la constancia expedida por el delegado municipal, porque, objetada o no, la misma es insuficiente para demostrar la posesión". En ese orden de ideas, al no haberse acreditado fehacientemente el derecho de propiedad que la quejosa alegó en su favor, resulta manifiesto y de modo indudable que en el caso se actualiza la referida hipótesis de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en este asunto, con fundamento en el 63, fracción V, del mencionado cuerpo normativo. Es importante señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el tratamiento sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es de citarse en respaldo, por su contenido, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, la jurisprudencia 2/J.54/98, consultable en la página 414, del tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxx respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese al sumario el ocurso que suscribe la quejosa Dalila Espinoza Mancera, por virtud del cual solicita que se requiere a la autoridad responsable -agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, la remisión de las copias relativas a la carpeta de investigación 70244/2020. Al respecto, dígasele que mediante proveído de veinticinco de noviembre pasado, se tuvo a la responsable en cita remitiendo las constancias de mérito, con lo que se le dio vista.
- Principal
Agréguese el oficio firmado por el agente del Ministerio Público de Litigación, Especializado en Delitos de Alto Impacto de la Unidad Especializada en Técnicas e Investigaciones Especializadas, con sede en Guanajuato capital, por el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad y remite copia autentificada de la carpeta de investigación 70244/2020. Por tanto, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la ley de la materia, se tienen por exhibidas las constancias relacionadas con la carpeta de investigación de donde emana el acto reclamado, las que se admiten y se tienen por desahogadas. En atención a la naturaleza del procedimiento de origen se ordena resguardar el material exhibido en sobre cerrado dentro de la secretaría del juzgado que corresponde.
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