Dalila Almanza Soto
Expediente 788/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Dalila Almanza Soto
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo la promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales para devolver.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) Dalila Almanza Soto o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el doce y trece de septiembre del año en curso -siendo inhábiles el diez y once, y del catorce al dieciocho del mismo mes y año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Agréguese el escrito de **********por el cual da cumplimiento a la prevención formulada mediante acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso; por tanto, se tiene por desahogado dicho requerimiento y se provee: Vista la demanda presentada por *********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°,14, 16, 107 y 133 constitucionales. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". La quejosa reclama el auto emitido en el expediente **** el tres de agosto de dos mil dieciséis, que ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación del bien inmueble propiedad de la quejosa ubicado en la calle *****, de esta ciudad, en el que la quejosa es parte demandada; esto es, se trata del proveído último dictado en el procedimiento de remate, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, la promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligada a agotar el recurso correspondiente, previamente a acudir a esta instancia constitucional. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. (Párrafo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004) Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. (Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. ARTÍCULO 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso. ARTÍCULO 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. (Artículo Reformado. P. O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 237. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los Jueces de Partido como por los Menores. (Artículo Reformado. P.O. 1 de abril de 1997) ARTÍCULO 244. Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. ARTÍCULO 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos". De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: Procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede contra aquellos autos que, dictados en procedimientos, decidan un incidente o lo disponga el mismo Código, además de que la sentencia definitiva sea susceptible de apelar. En concreto, en cuanto al procedimiento natural, esto es, sumario hipotecario, la apelación encuentra su procedencia en el artículo 704-O del Código de Procedimientos Civiles que a la letra dice: "ARTÍCULO 704 O. En los juicios hipotecarios sólo son apelables los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitivas, así como los autos que declaran fincado el remate. La apelación sólo se admitirá en el efecto devolutivo. (.)" Se trata entonces de una regla de exclusión entre ambos recursos que no amerita mayor análisis, dado que constituye un lugar común en el ámbito procesal. En ese contexto, es decir, los anteriores numerales, contrastados con la premisa fáctica contenida en el juicio natural, se concluye que el auto que ordena a la demandada que otorgue la escritura del bien adjudicado, no encuadra en los supuestos de la apelación; puesto que no se actualiza ninguna de las hipótesis que alude el artículo 704-O, esto es, no es un acto que niegue la admisión de la demanda, ni que admita pruebas; asimismo, no es una sentencia interlocutoria ni definitiva, ni se trata del acuerdo que declara fincado el remate, sino que es un proveído autónomo a aquél. Luego, bajo la regla de exclusión expuesta, procede el recurso de REVOCACIÓN. No es óbice la relevancia del acto reclamado que, inclusive, encuentra su propia reglamentación de procedencia expresa en el artículo 107 de la Ley de Amparo; empero, no existe disposición legal, ni razón jurídica o interpretativa, que permita forjar una excepción al principio de definitividad que rige la materia iusfundamental. De igual manera, no es válido formular una analogía con algún otro supuesto previsto en la normatividad, dado que resulta jurídicamente inaceptable en tanto que el tópico representaría una excepción y el mecanismo de integración normativa para colmar una laguna o vacío legislativo únicamente es factible usarlo en aquellas disposiciones que por su naturaleza puedan aplicarse de manera extensiva; es decir, tratándose de disposiciones de aplicación estricta, como sucede en las excepciones, solamente podrán aplicarse a los supuestos para los que fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que se dejaría de acatar la voluntad del creador de la disposición. Así lo ha sostenido el Alto Tribunal a través de diversos criterios que datan desde la quinta época. Se cita uno de ellos, visible en el tomo XIX, página 754, del Semanario Judicial de la Federación con registro IUS 282725, de rubro y texto: "LEYES DE EXCEPCION. Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido en ellas." En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA promovida por *********Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) Dalila Almanza Soto o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el treinta y uno de agosto y uno de septiembre del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del dos de septiembre de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Vista la demanda de amparo presentada por *******, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese con el número 788/2016. Previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días y bajo protesta de decir verdad: Precise qué acto reclama pues, si bien, señala como tal el auto de tres de agosto pasado, en el que se le ordenó que otorgara la escritura de adjudicación del inmueble materia del juico de origen y se duele de vicios dentro del procedimiento de remate; también indica que "no se me ha emplazado a juicio legalmente". Indique la etapa procesal en que fue celebrado el convenio judicial de veinticinco de noviembre de dos mil quince; esto es, si ya se había dictado sentencia y el sentido de ésta en su caso. Manifieste si tuvo alguna intervención en el procedimiento, después de celebrado el convenio judicial; en su caso, indique los términos en que ocurrió. Precise si interpuso algún recurso contra el acuerdo de tres de agosto del año en curso. Aclare la fecha del auto en el que se le ordenó comprobar el cumplimiento del convenio, pues señala que fue dictado el diecisiete de agosto de dos mil quince y el convenio, según su dicho, fue signado el veinticinco de noviembre de dos mil quince; esto es, resulta imposible jurídica y materialmente formular un requerimiento sobre algo que aún no existía, acorde con las fechas expresadas. Una vez aclarado el punto anterior, manifieste si ese requerimiento le fue notificado personalmente; en su caso, precise la fecha en que ocurrió. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia promovente, no así por los profesionistas que autorizó en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página trescientos cuarenta y ocho, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Del escrito aclaratorio deberá exhibir copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la promovente de la demanda, para que en el caso de no dar cumplimiento a la prevención en cita, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 114 de la ley en cita. Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones en la calle ***** de esta ciudad; y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
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