Dalila Altamirano Hubbe

Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1075/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Dalila Altamirano Hubbe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de agosto del presente año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que no obstante que en el presente asunto, se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como conservable, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO, para resolver los autos del INCIDENTE POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, interpuesto por la parte quejosa ********************, en los autos del juicio de amparo número 1075/2023-VIII-B; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el diez de julio de dos mil veintitrés, recibido por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció Clemencia Adelaida Salas Salazar, a favor de la directa quejosa Dalila Altamirano Hubbe, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que le atribuye a las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, y Director del Hospital General Regional Número 1, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad. De quienes reclama, lo siguiente: La incomunicación y peligro de perder la vida, derivada de la omisión de proporcionarle la atención médica integral y oportuna que dice requerir con motivo de la mala intervención quirúrgica de la que fue objeto en dicha institución. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo y toda vez que entre los actos que reclamó la quejosa, figuraba como de carácter urgente, el peligro de privación de la vida, derivado de la omisión de proporcionarle de manera inmediata los medicamentos y/o tratamientos requeridos, dada su condición de vulnerabilidad a consecuencia de su padecimiento, se decretó la suspensión de plano; además, se requirió a las autoridades responsables para que acataran los términos en que fue concedida dicha suspensión y rindieran el informe correspondiente, posteriormente, previa ratificación de la demanda, se admitió a trámite. TERCERO. Concesión de la suspensión de oficio y de plano. El diez de julio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de oficio y de plano solicitada para los siguientes efectos: "[.] SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a fin de que las autoridades responsables de inmediato cesen en los actos que ponen en peligro la salud de la quejosa, y por tanto, faciliten con la misma prontitud los tratamientos, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, terapias y demás actos para la atención del padecimiento médico que le aqueja; y si no los tuvieren procedan a su subrogación. 27.- Por tanto, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas razonables y necesarias a fin de proporcionar de manera inmediata los medicamentos y/o tratamientos requeridos por la directa quejosa, a efecto de que cesen aquellos actos que ponen en peligro su salud, e incluso su vida, por la omisión de proporcionarle dichos tratamientos, dada su condición de vulnerabilidad a consecuencia de su padecimiento. 28.- Asimismo, toda vez que la promovente del amparo señala como acto reclamado, la incomunicación que sufre la directa quejosa; con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley reglamentaria del juicio constitucional, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación de la directa quejosa.[.]". CUARTO. Incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Luego, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional en auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, ********************, interpuso incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano de diez de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, se admitió a trámite la denuncia por defecto en el cumplimiento de la suspensión otorgada a la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a dichas responsables para que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión planteado, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión definitiva, resulta pertinente transcribir parte del acuerdo de diez de julio del año actual, a fin de determinar los efectos de la suspensión de oficio y de plano concedida a la parte quejosa: "[.] SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a fin de que las autoridades responsables de inmediato cesen en los actos que ponen en peligro la salud de la quejosa, y por tanto, faciliten con la misma prontitud los tratamientos, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, terapias y demás actos para la atención del padecimiento médico que le aqueja; y si no los tuvieren procedan a su subrogación. 27.- Por tanto, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas razonables y necesarias a fin de proporcionar de manera inmediata los medicamentos y/o tratamientos requeridos por la directa quejosa, a efecto de que cesen aquellos actos que ponen en peligro su salud, e incluso su vida, por la omisión de proporcionarle dichos tratamientos, dada su condición de vulnerabilidad a consecuencia de su padecimiento. 28.- Asimismo, toda vez que la promovente del amparo señala como acto reclamado, la incomunicación que sufre la directa quejosa; con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley reglamentaria del juicio constitucional, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación de la directa quejosa. [.]" TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión, expuso lo siguiente en la parte conducente: "[.] No obstante, hasta la presente fecha y hora de presentación la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la suspensión de plano que le fue otorgada, por lo que me veo en la necesidad de promover el presente incidente, para que se le requiera el inmediato cumplimiento a la suspensión de plano, se me levente la incomunicación y en caso de insistir en su incumplimiento sea denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 208 de la ley de Amparo [.]". CUARTO. Al rendir sus informes, el Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, en lo que interesa, señaló: "(.) informo que en fecha doce de julio de dos mil veintitrés a la hoy quejosas le fue realizado el estudio de RF CISTOGRAMA, el cual tuvo como resultado el siguiente: CONCLUSIÓN: HALLAZGOS EN RELACIÓN A FISTULA VESICOVAGINAL." Es decir, una fístula vaginal es una abertura inusual que se desarrolla entre la vagina y otro órgano, como la vejiga, el colon o el recto. En el caso concreto, se trata de una Fístula Vesicovaginal, también denominada "fístula vesical", esta abertura se presenta entre la vagina y la vejiga urinaria y es una de las fístulas más comunes. En virtud de lo anterior, a la hoy quejosa se le continua prestando atención médica necesaria, es decir, la atención médica se proporciona en los tiempos y con la regularidad pertinente, tal y como se puede observar de las notas de atención de fechas 18/07/2023, 19/07/2023 y 20/07/2023, siendo que la de fecha 20/07/2023 fue evaluada por el Urólogo Sáenz Marrufo Eric Roberto: (.) Fístula vesicovaginal PO reparación laparocópica de fístula vesicovaginal Actualmente la paciente refiere leve dolor en sitio de entrada de los trócares, tolerando la vía oral aún con dieta líquida, uresis presente a través de sonda transuretral. A la exploración física encuentro paciente neurológicamente íntegra, orientada en tiempo, espacio, persona, adecuada coloración de piel y mucosas, con cuello móvil, cilíndrico sin adenopatías, campos pulmonares sin integrar síndrome pleuropulmonar, ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad sin estertores sin sibilancias, abdomen a la inspección plano, blando y depresible, sin datos de irritación peritoneal, con presencia de heridas quirúrgicas bien afrontadas, sin datos de sangrado o dehiscencia, cicatriz de cirugía previa en hipogastrio, pensore en flanco izquierdo que se encuentra dirigido a hueco pélvico al momento con gasto cuantificado en 7 cc de características hemático residual. Genitales acorde a edad y sexo, con presencia de sonda Foley transuretral de 24 FR con 5 cc en globo con gasto de 1000cc con tinte hemático, extremidades íntegras, simétricas y eutróficas, llenado capilar normal. Paciente femenino de la cuarta década de la vida en este momento clínica y hemodinámincamente estable cursando su posoperatorio de reparación laparoscópica de fístula besico vaginal, sin datos de bajo gasto o respuesta inflamatoria sistématica, tolerando la vía oral con dieta líquida sin presentar náuseas o emesis, en reposo absoluto, continuará en vigilancia estrecha. Plan: Progresar dieta, continua en reposo, se solicitan laboratorios de control por ordinario el día de hoy, continua en vigilancia. Pronóstico reservado a evolución clínica. DIAGNOSTICO N820-Fistula vesicovaginal PRONÓSTICO BUENA PARA LA VIDA Ahora bien, en seguimiento a la supuesta incomunicación que la hoy quejosa manifiesta, se informa que durante el pase de visita de fecha veinte de julio de dos mil veintitrés, se le informó a la paciente que permanecerá ingresada tentativamente hasta el lunes veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, para su vigilancia postoperatoria. Paciente en conocimiento y satisfecha con dicha indicación, asimismo, posterior a las intervenciones, la madre de la paciente ha acudido a visitas hospitalarias, así como se le ha brindado información sobre el estatus de salud de la hoy quejosa, tal y como se desprende de los correos electrónicos de fecha 14 y 20 de julio de 2023. (.)" (FOJAS 50 Y 51) Para acreditar lo anterior, anexó copia certificada de los documentos denominados estudio: RF CISTOGRAMA, de fecha dos de julio de dos mil veintitrés realizados a la aquí quejosa, notas medicas de fechas dieciocho, diecinueve y veinte de julio del presente año e impresiones de pantalla de fechas catorce y veinte de julio del año en curso. QUINTO. Ahora bien, en la especie, lo procedente es declarar infundado el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida a la aquí quejosa. Para arribar a lo anterior, es menester dejar sentado que la parte quejosa interpuso el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, al considerar que hasta el momento en que se interpuso dicho incidente (diecisiete de julio de dos mil veintitrés), la quejosa no había recibido los medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos para la atención del padecimiento médico que le aqueja. Sin embargo, conviene señalar que del análisis del oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/14606/2023 [promoción ********************], y anexos que el Director del Hospital responsable acompañó al mismo, a los que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Se advierte que el veinticuatro de julio de este año, la directa quejosa fue dada de alta en virtud de su buena evolución médica, en la que se determinó "que no presentaba datos de bajo gato (sic) o respuesta inflamatoria sistémica, tolerando la vía oral con dieta normal sin presentar náuseas o emesis; esto, con posterioridad a una exitosa intervención de ********************." Posteriormente, en fecha uno de agosto actual, la quejosa fue valorada por el servicio de urgencias de dicho hospital, en donde no se detectaron ********************, con fuga ********************, razón por la que se le realizó el recambio de ******************** y se retiró el ********************; quedando en monitoreo su estado de salud post-operación y contando con cita abierta a urgencias en caso de cualquier eventualidad. Como se puede observar, la suspensión de plano concedida se constriñó para que cesara cualquier acto que pusiera en peligro la salud de la quejosa derivado de la omisión de proporcionarle los medicamentos y tratamientos requeridos, dada su condición de vulnerabilidad a consecuencia de su padecimiento, y en esa medida se realizaran de inmediato los exámenes médicos necesarios para preservarla, así como también cesara de inmediato la incomunicación de la directa quejosa. Luego, si las autoridades responsables acreditaron haber realizado a la quejosa los servicios de laboratorio y estudios médicos correspondientes, así como el procedimiento quirúrgico que requería, para restablecer su estado de salud y determinar el tratamiento adecuado a su padecimiento para su total recuperación, concluyendo con ello en su alta médica de dicho centro hospitalario, es inconcuso que el presente incidente debe declararse infundado. Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE: ÚNICO. Se DECLARA INFUNDADO el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, relativo al juicio de amparo 1075/2023-VIII-B, promovido por ********************, en contra de los actos reclamados al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán y Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 1075/2023-VIII-B, promovido por ****e, contra los actos que reclama del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el diez de julio de dos mil veintitrés, recibido por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció Clemencia Adelaida Salas Salazar, a favor de la directa quejosa Dalila Altamirano Hubbe, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán y del Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, (denominaciones correctas), ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Suspensión de plano. En esa propia fecha (diez de julio de dos mil veintitrés), en atención a la naturaleza de los actos reclamados, se decretó de oficio la suspensión de plano, ordenándose prevenir a la directa quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, ratificara la demanda promovida a su favor, para lo cual se comisionó a una de las actuarias adscritas a este juzgado. TERCERO. Ratificación y admisión de la demanda. Por auto de once de julio de dos mil veintitrés se tuvo por ratificada y se admitió a trámite la demanda, la que previamente quedó registrada con el número 1075/2023-VIII-B; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la directa quejosa, en: La incomunicación y peligro de perder la vida, derivada de la omisión de proporcionarle la atención médica integral y oportuna que dice requerir con motivo de la mala intervención quirúrgica de la que fue objeto en dicha institución. TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social [promoción 11895], con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto del Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos, negó categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por su parte, la autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán [promoción 11896], con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y peligro de perder la vida, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar esa negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los restantes actos reclamados al Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, pues aun cuando negó su existencia en su informe de ley, realizó manifestaciones que evidencian la certeza de los actos que se le atribuyen; lo que se corrobora con el contenido de los informes rendidos en autos. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, ha quedado establecido, que se debe tener como acto reclamado por la parte quejosa la omisión de proporcionarle la atención médica integral y oportuna que dice requerir con motivo de la mala intervención quirúrgica de la que fue objeto en dicha institución. Sin embargo, de lo informado por el Director del Hospital responsable en su oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/14606/2023 [promoción 12241], y anexos que acompañó al mismo, a los que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Se advierte que el veinticuatro de julio de este año, la directa quejosa fue dada de alta en virtud de su buena evolución médica, en la que se determinó que no presentaba datos de bajo gasto o respuesta inflamatoria sistémica, tolerando la vía oral con dieta normal sin presentar náuseas o emesis; esto, con posterioridad a una exitosa intervención de reparación laparoscópica de fístula vesico vaginal. Posteriormente, en fecha uno de agosto actual, la quejosa fue valorada por el servicio de urgencias de dicho hospital, en donde no se detectó pérdidas transvaginales de orina, con fuga perisonda moderada, razón por la que se le realizó el recambio de sonda trans-neural y se retiró el catéter opened; quedando en monitoreo su estado de salud post-operación y contando con cita abierta a urgencias en caso de cualquier eventualidad. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Dalila Altamirano Hubbe, en contra de los actos que reclamó del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/14606/2023, suscrito por el Director del Hospital General Regional número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, que remitió en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera a las autoridades responsables en acuerdo de dos de agosto del presente año, del cual se dio vista a la parte quejosa por el término de veinticuatro horas. Ahora bien, toda vez que las constancias que obra en autos se advierte que aún no transcurre el término que se le concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto a lo señalado por el Director del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, en el mencionado oficio. Lo anterior, ya que la notificación del proveído de cuatro de los corrientes tendrá lugar el once del mes y año en curso, mediante lista de estrados, por lo que el plazo de veinticuatro horas aún no ha transcurrido. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia relativa al incidente de violación a la suspensión de oficio y de plano que debería tener verificativo en esta propia fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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