Dalia Noemi Chacon Gomez

Expediente 1327/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1327/2014
Año
2014
Actuaciones
7
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • Dalia Noemi Chacon Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Consecuentemente, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Jefe de Departamento de Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en suplencia por ausencia del Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal "1" de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, el cual remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial y la cuenta que anteceden, de donde se desprende que la quejosa ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de cuatro de abril del año en curso para que cumpliera con las prevenciones hechas en el mismo. Sin embargo, de los autos en consulta se advierte que al promoverse el recurso de inconformidad, la parte quejosa anexó un escrito de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, suscrito por la misma, por el cual solicitó a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, la devolución del saldo a favor del ISR generado en el ejercicio 2014, sustentándolo en la ejecutoria emitida en este juicio de amparo (fojas 690 a 699). En consecuencia, como una medida tendiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada en estos autos, requiérase al Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificado de este proveído, informe a este juzgado cómo concluyó el referido trámite, debiendo remitir copias certificadas de las constancias que acrediten dichos. Apercibido que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la materia. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por Xochitl Kristal Cohuo Tzec, autorizada de la quejosa Dalia Noemí Chacón Gómez, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que realiza diversas manifestaciones en relación con el requerimiento que se hizo a la parte quejosa por auto de veintidós de marzo último. Igualmente, por las razones que indica, expresa su inconformidad con la trayectoria que se está dando al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto, añadiendo que no es factible que la autoridad responsable Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, cumpla con la misma, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio por lo que tocaba a dicha autoridad. Ahora bien, tales alegaciones resultan inatendibles, toda vez que si bien es cierto que en sentencia dictada el treinta de enero de dos mil quince, por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, se sobreseyó en relación con los actos de ejecución reclamados a la mencionada institución financiera (foja 340 reverso), el cual posteriormente fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante ejecutoria de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (foja 612). También lo es, que mediante resolución de uno de febrero del año en curso, dictada por la misma superioridad en la inconformidad 30/2017 (foja 754 reverso), promovida por la parte quejosa en contra del auto de veintisiete de junio del año próximo pasado, la nombrada superioridad ordenó a este juzgado requerir destacadamente a Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que efectúe un nuevo cálculo del impuesto a pagar, en términos de los artículos 93 y 96 del capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta -vigente al momento en que se efectuó la retención reclamada-. Para hacer patente lo anterior, se transcribe la parte conducente de la aludida determinación. "...Por lo anterior, este Tribunal considera que la mencionada AFORE sí puede y debe aplicar el referido procedimiento y recalcular la cantidad que procedía retener a la quejosa de conformidad con lo dispuesto en los invocados dispositivos (93 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), debiendo en su caso allegarse de los datos o información que sean necesarios para hacerlo, mediante nuevas operaciones matemáticas y careciendo de trascendencia alguna que ya no tenga en su poder el dinero, pues ello no le impide realizar los cálculos conforme a las citadas disposiciones, máxime que la certeza de un saldo a favor se encuentra sub judice al nuevo cálculo que se realice, y de ser así, será la autoridad competente quien deberá entregársela. Asimismo, opuesto a lo planteado por la inconforme, el cumplimiento de la ejecutoria no conlleva en modo alguno el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, sino solo el recálculo del tributo a enterar por la cantidad de $222,963.00 (doscientos veintidós mil novecientos sesenta y tres pesos) -que a la demandante de la tutela constitucional correspondía recibir como saldo de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez-, conforme a lo dispuesto por los artículos 93 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente al momento que la AFORE XXI BANORTE efectuó la retención de $44,593.00 (treinta y dos mil ochocientos noventa y nueve pesos), entregando únicamente a la quejosa la suma de $418,781.26 (cuatrocientos dieciocho mil setecientos ochenta y un pesos 26/100, moneda nacional), según aparece en la constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS que obra en autos del juicio de amparo. De ahí que la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria haya determinado en cumplimiento a la sentencia de amparo, en el ámbito de su competencia, que se abstendrá de aplicar a la quejosa la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; sin que resulte procedente la pretensión de la aquí inconforme, en el sentido de que al tener la retención el carácter de pago provisional, deben aplicarse las disposiciones del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y esperarse a la declaración anual para determinar la cantidad a devolver a su favor, ni que para poder la citada autoridad y la AFORE XXI BANORTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, acatar a cabalidad el fallo protector, deben realizar el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio, por ser el que puede generar diferencias a favor de la quejosa, pues como en párrafos precedentes los efectos de la concesión que se fijaron en la ejecutoria pronunciada por este Tribunal en el amparo en revisión 213/2015, no tienen tal alcance. Lo anterior, parte de lo resuelto en la ejecutoria de amparo, en aplicación a la jurisprudencia 2ª./J. 171/2016 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la República, que sostuvo que la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 que remite al Capítulo IX del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, específicamente a su artículo 145, para efectuar el cálculo del impuesto a retener (como pago provisional), una vez superado el monto exento indicado en el artículo 93, fracción XIII, por la obtención en una sola exhibición de los recursos provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley y subordinación jerárquica, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al hacerlo así, modifica el trato fiscal establecido para ese tipo de ingresos por concepto de retiro u otros pagos por separación, los cuales, por decisión del legislador, no pueden gravarse como ingresos esporádicos u ocasionales, que es lo que sucedió en la especie. Por lo cual, si el alcance de la sentencia protectora consistía precisamente en que se realizara además de la no aplicación en perjuicio de la impetrante de la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en lo presente y en lo futuro, el recálculo del mencionado tributo acorde con lo establecido en los artículos 93 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Capítulo I Título IV "DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO."), vigente al momento en que se verificó la retención de que se trata, así como en las disposiciones secundarias aplicables y que en caso de resultar diferencias a favor, se le entregaran, lo que en el caso aún no se ha cumplido; resulta inconcuso que en estos momentos no es factible coincidir con la postura del Juez de Distrito, en el sentido de que debe tenerse por cumplida la ejecutoria en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, puesto que solo se advierte que la autoridad responsable inicialmente involucrada no dio total cumplimiento al manifestar que no tiene los datos necesarios para el cálculo correspondiente. Empero, en ese caso, debe allegarse de la información que requiera para realizar con efectividad el ordenado recálculo. Por ende la determinación recurrida contraviene lo dispuesto por el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, dado que el A quo tenía la obligación de requerir a las autoridades responsables, otorgando el plazo necesario, el cumplimiento exacto de la sentencia concesoria que demostrara todos los lineamientos precisados en la misma. En las condiciones apuntadas, no puede tenerse por cabalmente cumplido el fallo protector, al haberse hecho, como se vio, de manera defectuosa. Por ende, dado que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece el principio restitutorio de la sentencia de amparo que conceda la protección federal, en el sentido de que como su nombre lo indica, tendrá por objeto restituir al quejoso en el goce del derecho humano infringido, dejando las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de que se cometiera esa violación, se estima que lo procedente es declarar fundado el recurso de inconformidad y revocar el auto recurrido para devolver los autos del amparo indirecto al Juez de Distrito, y éste requiera el exacto cumplimiento de la ejecutoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento injustificado se seguirá el procedimiento de inejecución previsto en los diversos numerales 193 y 196 del mismo ordenamiento legal. Así las cosas, procede devolver los autos al Juez Federal para que: Emita un acuerdo en el que requiera a las autoridades responsables relacionadas en la sentencia protectriz, destacadamente a la AFORE XXI BANORTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que efectúe un nuevo cálculo del impuesto a pagar, en término de los artículos 93 y 96 del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta -vigente al momento en que se efectuó la retención reclamada-. En caso de que con motivo del nuevo cálculo resultaren diferencias a favor de la quejosa, requiera a la autoridad competente para que le haga entrega de las mismas..." En tal virtud, prevéngase nuevamente a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, cumpla con lo ordenado en proveído de veintidós de marzo último. Bajo el apercibimiento que de no cumplir en el nuevo plazo concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. Por otra parte, de los autos en consulta se advierte que al promoverse la inconformidad en comento, se anexo un escrito de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, suscrito por la quejosa Dalia Noemí Chacón Gómez, por el cual solicitó a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, la devolución del saldo a favor del ISR generado en el ejercicio 2014, sustentándolo en la ejecutoria emitida en este juicio de amparo (fojas 690 a 699). En consecuencia, con el propio apercibimiento, prevéngase también a la referida quejosa para que en el mismo término señalado con anterioridad, manifieste bajo protesta de decir verdad si el referido trámite concluyó satisfactoriamente a sus intereses y de ser posible acompañe las constancias que acrediten sus afirmaciones. Notifíquese personalmente.

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