Dalia Luna Lorenzo

Expediente 371/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
371/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Dalia Luna Lorenzo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por DALIA LUNA LORENZO, por su propio derecho contra actos dictados por el Juez Mixto de Primera Instancia de María Lombardo de Caso Mixe, Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y electrónico con el número 371/2018. Desechamiento. De la lectura integral de la demanda de amparo, de manera destacada, se desprende que la quejosa reclama en esta instancia constitucional el siguiente acto: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS. a).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Le reclamo la ilegal resolución interlocutoria emitida en el expediente familiar número 9/2004, dentro del cuaderno incidental de pensión, de diez de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual la autoridad señalada como responsable, en el punto quinto de resolutivo dice: el actor incidentista Samuel Luna Torres, justificó plenamente los hechos constitutivos de su acción y la demandada incidentista Dalia Luna Lorenzo y que en representación su mamá María Luisa Lorenzo Aparicio recibe el cheque, dio contestación a la demanda incidental, consecuencia se declara que ha cesado la obligación del actor incidentista de proporcionar pensión alimenticia definitiva a su hija Dalia Luna Lorenzo y quien recibe los pagos es la señora su mamá María Luisa Lorenzo Aparicio, por ende se deja sin efecto la pensión alimenticia definitiva decretada mediante sentencia de fecha veinte de junio de dos mil cinco y del oficio con número 376, de fecha treinta de junio del año dos mil cuatro. " Respecto de tal acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución recurrida, ante la autoridad competente. En el caso, la resolución incidental de diez de marzo de dos mil dieciocho, por la que se ordena la cancelación de la pensión alimenticia que fue fijada a favor de la quejosa en el expediente familiar 09/2004, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de María Lombardo de Caso, Mixe, Oaxaca, aquí reclamada admite el recurso de apelación. En efecto, los artículos 972, 973, 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, contenidos en el título décimo séptimo capítulo único establecen: ".TITULO DECIMOSÉPTIMO CAPÍTULO ÚNICO De las controversias de orden familiar Artículo 972.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por éste Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por disposiciones generales de éste Código, igualmente se regirán por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos: pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. De la interpretación conjunta de tales preceptos legales, se advierte que las resoluciones dictadas sobre alimentos son apelables en el efecto devolutivo. En ese tenor, resulta evidente que la resolución incidental de diez de marzo de dos mil dieciocho, por la que se ordena la cancelación de la pensión alimenticia que fue fijada a favor de la quejosa en el expediente familiar 09/2004, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de María Lombardo de Caso, Mixe, Oaxaca, es una resolución recurrible por medio del recurso de apelación, de conformidad con los numerales 973 en relación con el 974 invocados. Luego, toda vez que no se advierte que la accionante del amparo hubiera interpuesto el recurso de apelación en contra de la resolución incidental combatida, previo a la promoción del juicio de amparo, es evidente que no agotó el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio constitucional. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 2113, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia". En ese contexto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio invocada, se impone desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, practíquense sus notificaciones aún las de carácter personal que le correspondan en el presente juicio mediante lista de acuerdos, en los términos a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Amparo; asimismo, téngasele autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de la materia a CARLOS ENGELS LEONARDO ESPINOSA, y solo para recibir notificaciones a las restantes personas que refiere, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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