Daissy Nashely Gutiérrez Castelán

Expediente 1254/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1254/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Daissy Nashely Gutiérrez Castelán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 19/2018; lo anterior, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, y dese de baja en el libro respectivo. Ahora bien, advirtiéndose de la razón levantada por el Actuario del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, que no le fue posible notificar el proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a la parte quejosa, por las razones que expone; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a),de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el mismo por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, al resolver la contradicción de tesis 107/2007, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". NOTIFÍQUESE. ------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE ENSEGUIDA SE INSERTA. - - - - - - - ------INSERCIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por DAISSY NASHELY GUTIÉRREZ CASTELÁN, contra los actos reclamados a la Jefa de Recursos Humanos Córdoba, de la empresa Teléfonos de México S.A.B de C.V.; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1254/2017. Del estudio de la demanda de amparo, se advierte, debe desecharse la misma, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo; ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados estos últimos preceptos en sentido contrario, de la Ley de Amparo; dichos numerales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Cabe destacar que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Noviembre de 2001, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se desprende: la peticionaria de amparo reclama esencialmente de la responsable el oficio sin número de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, donde se le hace saber una suspensión laboral de ocho días. Lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad que señala como responsable, no tiene esa calidad, pues la relación que existe entre ésta y la aquí quejosa, no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que la quejosa tenga celebrado con Teléfonos de México, en el caso, como trabajadora en la sucursal de Tuxtepec, Oaxaca, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública; además, sus decisiones, si bien pudieran tener fuerza vinculatoria para sus trabajadores, no menos verídico es que, no pueden ser impuestas coactivamente por la citada empresa, pues el patrón requiere ocurrir ante una autoridad para que sea ésta quien las ejecute. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Abril de 1996, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1° y 5°, fracción II, interpretados estos últimos preceptos en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la quejosa, para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su escrito. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, no ha devuelto el despacho 19/2018, en el que se encomendó notificar a la quejosa Dayssy Nashely Gutiérrez Castelán; en tal circunstancia, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, devuelva el despacho, en el entendido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Primero de lo Penal en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 748/2017, del índice de este Juzgado; acúsese recibo y hágase la anotación correspondiente en el libro respectivo Ahora bien, toda vez que de la diligencia de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, no se advierte que la Ejecutora del Juzgado Primero de lo Penal en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, haya notificado a Dayssy Nashely Gutiérrez Castelán, el auto de treinta de noviembre de ese mismo año; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración el acuerdo 1/2002, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que se aprueba la redistritación judicial para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como la división territorial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, teniéndose presente la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este Juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese despacho al Juez Penal en Turno de Tuxtepec, Oaxaca, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique a Dayssy Nashely Gutiérrez Castelán, el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, del cual remítasele copia autorizada, en su domicilio ubicado en la calle Nayarit número ocho, Colonia Centro, en la Ciudad de Loma Bonita, Tuxtepec, Oaxaca; y hecho que sea, devuelva a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo anterior, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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