Dalia Gabriela Larraga Lizcano

Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Dalia Gabriela Larraga Lizcano

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de junio del año en curso, que desechó la demanda promovida por ... , no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. DEMANDA Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ...., por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada, identificada con las iniciales A.Z.U.L., contra actos que reclama del Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 307/2021. DIGITALIZACIÓN. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo consiste en: a) El auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 589/2004, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. b) La ejecución del oficio 1457/2021 derivado del proveído citado con antelación. Asimismo, en el punto dos de los antecedentes manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ordena girar oficio al ingeniero Gerardo Martínez Moreno, Encargado de la Súper Intendencia de la Zona Valles Unidad de Negocios del Golfo Centro, CFE Distribución, en el cual se ordena que la cantidad resultante al porcentaje del veintidós por ciento del descuento decretado por concepto de pensión alimenticia, en la nómina de Juan Manuel Ulloa Rojas, que deberán ser puestas a disposición del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial. Al respecto, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el cual se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en los casos en los que la ley ordinaria prevea un recurso o medio de defensa, a través del cual el acto reclamado sea susceptible de ser nulificado, revocado o modificado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y únicamente en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si se soslayan estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría las facultades de los tribunales ordinarios. Como se adelantó, en el caso se reclama el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 589/2004, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se ordena que la cantidad resultante al porcentaje del veintidós por ciento del descuento decretado por concepto de pensión alimenticia, en la nómina de Juan Manuel Ulloa Rojas, que deberán ser puestas a disposición del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial. Puntualizado lo anterior, se estima que el acto que por esta vía reclama la promovente, previo al ejercicio de la acción constitucional, se encontraba en condiciones de promover el recurso de revocación, previsto en el artículo 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. En ese orden de ideas, el acto aquí reclamado carece de definitividad para los efectos de este juicio de amparo, ya que en su contra procede el recurso de revocación, medio de impugnación que tiene por efecto modificar o revocar la determinación combatida; de ahí que se surte la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 1149 del cuerpo normativo invocado, que rige el juicio de origen, se dispone: "Artículo 1149. Los autos que no fuesen apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta." El artículo transcrito, prevé de manera textual la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos dictados por un Juez, como en el caso se actualiza. Se afirma, en virtud de que los autos que no admitieren recurso de apelación pueden ser revocados por el juez que los emite. De manera que, si la quejosa reclama el auto mediante el cual el juez del conocimiento ordenó girar oficio al centro de trabajo del deudor alimentario a fin de que proceda a la cancelación del porcentaje que se había convenido en el contradictorio natural por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la parte quejosa y su menor hija, de manera previa a la promoción del presente juicio de amparo, tenía el deber de agotar el medio de impugnación que la legislación ordinaria prevé a efecto de lograr la revocación o modificación de aquél. Máxime, porque en la especie, no se está en ninguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tales como que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Lo anterior tiene sustento en la resolución pronunciada el veintidós de octubre de dos mil veinte, en el expediente número 181/2020, relativo al amparo en revisión en materia civil, interpuesto por el tercero interesado Noel ..., fallo en el cual se revoca la resolución recurrida y se sobresee en el juicio de amparo, al resolverlo así por unanimidad de votos el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XIX.2o.13 K, con registro digital 203473 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la Novena poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 340, con el sumario siguiente: RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 114, FRACCION IV Y 73, FRACCION XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, solo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Luego, si en la especie, antes de acudir al amparo la parte quejosa no agotó el recurso de revocación que para el efecto prevé el artículo 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí; es inconcuso que no observaron el principio de definitividad que rige en la materia, motivo por el cual, al quedar plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo, en términos del precepto 113 del mismo ordenamiento legal. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 18 (dieciocho) de Marzo, número 214-B (doscientos catorce), del Fraccionamiento Valle Alto, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se autoriza únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 307/2021 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. DEMANDA Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ...., por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada, identificada con las iniciales A.Z.U.L., contra actos que reclama del Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 307/2021. DIGITALIZACIÓN. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo consiste en: a) El auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 589/2004, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. b) La ejecución del oficio 1457/2021 derivado del proveído citado con antelación. Asimismo, en el punto dos de los antecedentes manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ordena girar oficio al ingeniero Gerardo Martínez Moreno, Encargado de la Súper Intendencia de la Zona Valles Unidad de Negocios del Golfo Centro, CFE Distribución, en el cual se ordena que la cantidad resultante al porcentaje del veintidós por ciento del descuento decretado por concepto de pensión alimenticia, en la nómina de Juan Manuel Ulloa Rojas, que deberán ser puestas a disposición del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial. Al respecto, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el cual se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en los casos en los que la ley ordinaria prevea un recurso o medio de defensa, a través del cual el acto reclamado sea susceptible de ser nulificado, revocado o modificado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y únicamente en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si se soslayan estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría las facultades de los tribunales ordinarios. Como se adelantó, en el caso se reclama el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 589/2004, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se ordena que la cantidad resultante al porcentaje del veintidós por ciento del descuento decretado por concepto de pensión alimenticia, en la nómina de Juan Manuel Ulloa Rojas, que deberán ser puestas a disposición del Juzgado Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial. Puntualizado lo anterior, se estima que el acto que por esta vía reclama la promovente, previo al ejercicio de la acción constitucional, se encontraba en condiciones de promover el recurso de revocación, previsto en el artículo 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. En ese orden de ideas, el acto aquí reclamado carece de definitividad para los efectos de este juicio de amparo, ya que en su contra procede el recurso de revocación, medio de impugnación que tiene por efecto modificar o revocar la determinación combatida; de ahí que se surte la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 1149 del cuerpo normativo invocado, que rige el juicio de origen, se dispone: "Artículo 1149. Los autos que no fuesen apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta." El artículo transcrito, prevé de manera textual la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos dictados por un Juez, como en el caso se actualiza. Se afirma, en virtud de que los autos que no admitieren recurso de apelación pueden ser revocados por el juez que los emite. De manera que, si la quejosa reclama el auto mediante el cual el juez del conocimiento ordenó girar oficio al centro de trabajo del deudor alimentario a fin de que proceda a la cancelación del porcentaje que se había convenido en el contradictorio natural por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la parte quejosa y su menor hija, de manera previa a la promoción del presente juicio de amparo, tenía el deber de agotar el medio de impugnación que la legislación ordinaria prevé a efecto de lograr la revocación o modificación de aquél. Máxime, porque en la especie, no se está en ninguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tales como que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Lo anterior tiene sustento en la resolución pronunciada el veintidós de octubre de dos mil veinte, en el expediente número 181/2020, relativo al amparo en revisión en materia civil, interpuesto por el tercero interesado Noel ..., fallo en el cual se revoca la resolución recurrida y se sobresee en el juicio de amparo, al resolverlo así por unanimidad de votos el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XIX.2o.13 K, con registro digital 203473 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la Novena poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 340, con el sumario siguiente: RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 114, FRACCION IV Y 73, FRACCION XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, solo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". Luego, si en la especie, antes de acudir al amparo la parte quejosa no agotó el recurso de revocación que para el efecto prevé el artículo 1149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí; es inconcuso que no observaron el principio de definitividad que rige en la materia, motivo por el cual, al quedar plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo, en términos del precepto 113 del mismo ordenamiento legal. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 18 (dieciocho) de Marzo, número 214-B (doscientos catorce), del Fraccionamiento Valle Alto, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se autoriza únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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