Cruz Taurino Pérez Guadarrama
Expediente 479/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Cruz Taurino Pérez Guadarrama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 153 a 156), se concedió al quejoso Cruz Taurino Pérez Guadarrama por conducto de su apoderado legal Hidilberto Torres Hervert, el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal, a recoger las documentales exhibidas en el presente sumario constitucional, ello, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado las mismas serían depuradas con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado en el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los diversos documentos que se acompañaron al sumario en que se actúa serán depurados con el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia que negó el amparo en el presente sumario constitucional, no fue recurrida dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta tanto a las autoridades responsables como a los terceros interesados, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2879, libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Asimismo, resulta aplicable por identidad de razón a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diez de febrero de dos mil diecisiete, Decima Época, con número de registro 2013630, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Del mismo modo, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistentes en los autos originales de la Tercería Excluyente de Preferencia 01/2018/T.P, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, toda vez que existen constancias presentadas por el quejoso en su escrito de demanda, se ordena notificar personalmente a dicha parte, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichas documentales serán depuradas con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA CINCO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia que negó el amparo en el presente sumario constitucional, no fue recurrida dentro del término legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta tanto a las autoridades responsables como a los terceros interesados, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Del mismo modo, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado, consistentes en los autos originales de la Tercería Excluyente de Preferencia 01/2018/T.P, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, toda vez que existen constancias presentadas por el quejoso en su escrito de demanda, se ordena notificar personalmente a dicha parte, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichas documentales serán depuradas con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el apoderado legal del quejoso Cruz Taurino Pérez Guadarrama, como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, la copia certificada que insta, previa razón de recibo que se deje en autos. Al respecto, se reitera al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.
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