Dalia Castilla Jiménez
Expediente 1961/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1961/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Dalia Castilla Jiménez
Actuaciones
- Principal
MESA 5.-Visto; el estado que guardan los presentes autos, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual el licenciado César Augusto Domínguez Galán, quien promueve a favor de Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, y solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve el licenciado César Augusto Domínguez Galán, quien promueve a favor de Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, contra actos de las siguientes autoridades en su denominación correcta. DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE La parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Director y/o Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. Al respecto, cabe destacar que en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado la autoridad local migratoria, ha reiterado que la denominación correcta de las 3 autoridades que cita la parte promovente es SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como un hecho notorio para este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se aclara la denominación de la autoridad, por lo que en el presente juicio de amparo se tiene como responsable a la SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en párrafo precedente. ANOTACIONES Se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1961/2022-2. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: 1. Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria de los quejosos, así como la omisión de garantizarle el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2. La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra de los quejosos. 3. El traslado de una entidad a otra." Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de esta Juzgadora realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no 5 restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna lo siguiente: 1. La ilegal privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención. 2. Orden de deportación. 3. El traslado de una entidad a otra. INCOMPETENCIA Antes de avocarse al conocimiento del presente asunto, resulta necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual reza: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del artículo transcrito, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere - hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito 7 en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Actos que les son atribuidos en cuanto a su ejecución por la parte promovente a autoridades con sede en el Municipio de Acayucan, Veracruz; manifestaciones que hacen prueba plena de su confesión, de conformidad con los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, cabe destacar que el promovente manifestó que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz; a lo cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por tanto, al ser los actos reclamados los siguientes: 1. La ilegal privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención. 2. Orden de deportación. 3. El traslado de una entidad a otra. Se puede concluir que es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar al que corresponda el domicilio del centro de alojamiento temporal antes referido, lo anterior, pues en el caso se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento es importante señalar que el legislador estableció competencia al Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual lógicamente debe relacionarse con las autoridades que se señalaron como responsables; por tanto, si la ejecución del acto reclamado señalado en párrafos que anteceden; se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, no es jurídicamente posible que este juzgado se avoque a su conocimiento; por lo que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, fracción XX del Acuerdo General 03/2013 y 03/2021 que lo adiciona, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas 9 en el numeral 37 de la Ley de la Materia, ordena remitir el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, a quien se estima competente para conocer la demanda de amparo de mérito, por cuanto hace a los actos reclamados. La decisión asumida encuentra su fundamento en lo previsto en el punto cuarto, apartado primero del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que dispone (lo subrayado es propio): "X. DECIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza." De lo anterior, es inconcuso que quien ejerce jurisdicción en la ciudad en que tiene ejecución y se tratan de ejecutar los actos reclamados, es el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno; de ahí que sea procedente declinar competencia en los términos apuntados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, la Tesis I.15o.A.41 K sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2288, XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de 11 una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". También, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 178232, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Página: 5, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Se reserva acordar lo conducente en relación a la admisión de la demanda hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, informe si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. En esa medida, tomando en consideración que los actos reclamados identificados con los numerales 1), 2), 3), se tratan de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que se debe proveer sobre la suspensión de plano del mismo, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS SIGUIENTES: 1. La ilegal privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención. 13 2. El traslado de una entidad a otra. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y como consecuencia, se concede a favor de los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, a fin de que cesen inmediatamente los actos reclamados antes citados enumerados del uno al dos, así como cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos del goce de la garantía individual peticionada. Asimismo, la suspensión de plano aquí otorgada se concede, para que en caso de no haber iniciado las autoridades responsables el procedimiento administrativo en contra de los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, lo inicien respetando todos sus derechos, entre ellos el de comunicarse con su representante legal, o persona de su confianza. En la inteligencia que el hecho que se encuentren los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, internos en las instalaciones de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues la autoridad responsable debe respetar los derechos humanos mínimos de la parte impetrante del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentra recluidos suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Lo cual no implica la autorización del libre tránsito en el territorio nacional de los quejosos, sin respetar las disposiciones administrativas migratorias. Así también, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración lo expuesto en la demanda de garantías en la que se afirmó que fue privada de su libertad por autoridades migratorias, para lo siguiente: 1. En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad a Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, bajo las siguientes condiciones: 1.1. Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que asegure que los impetrantes del amparo Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente 15 atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 1.2. Se le requiera a los Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde pueda ser localizados, el cual deberá encontrarse en la Ciudad de Veracruz, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta ciudad. 1.3. Se indique a los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, que no deberán abandonar la demarcación geográfica de Veracruz, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 1.4. Se requiera a los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, DE NACIONALIDAD CUBANA, para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. 3. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. 4. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional el Juez de Distrito en esta ciudad, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de los quejosos y se contraponga con lo aquí ordenado. Sirve de apoyo, la tesis aislada con registro 2024000, emitida por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicado el siete de enero de dos mil veintidós con datos pendientes, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por 17 parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar". Así como la ejecutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 19/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en la que declaró parcialmente fundado, y como consecuencia, modificó la suspensión de plano decretada en proveído de veinticuatro de enero de este año, emitido en el juicio de amparo 83/2022, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 19 SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO AL ACTO CONSISTENTE EN LA DEPORTACIÓN. Ahora, toda vez que también se señala como acto reclamado la orden de deportación; con fundamento en los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de ese acto, para el efecto que los directos quejosos, no sean deportados del territorio mexicano. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." SOLICITUD DE INFORMES RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a las autoridades responsables Siguientes: 1. Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. 2. Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, con sede en la ciudad del mismo nombre. 3. Directora o Encargada de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz. Para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen a este Juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias que acrediten tal extremo. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2, infórmese a las autoridades responsables en cuestión que están en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos 21 provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrá adjuntar a su informe el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; haciendo uso de la firma electrónica, mediante FIREL, e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. Apercibida que para el caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III de éste último ordenamiento. NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, toda vez que los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, refiere el promovente son de nacionalidad cubana, y que se encuentran en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Veracruz con sede en Acayucan, y dado que dichas estación migratoria se encuentran fuera de la residencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), en relación al 27 fracción II y 116 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Juicio en Línea o interconexión, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno. Lo anterior, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado y de la Justicia Federal, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Veracruz con sede en Acayucan, y notifiquen la presente determinación a los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, que se refiere son de nacionalidad cubana, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada, y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. De igual forma, requieran a los directos quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier 23 Sánchez Jiménez, que se refiere son de nacionalidad cubana, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta: 1.- Manifiesten SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO QUE PROMOVIÓ el licenciado César Augusto Domínguez Galán, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. 2. Asimismo, para que en su presencia, se permita a la parte quejosa comunicarse con las personas que deseen (entre éstos, sus defensores, familiares o asistentes consulares) para lo cual deberá facilitársele los medios necesarios para tal fin; haciéndose constar tal acto en la razón actuarial respectiva. 3. Además, deberá entregar los oficios dirigidos a las autoridades responsables que al efecto se adjuntan, a los cuales se anexan copia de la demanda de amparo. En términos del artículo 21 Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a esos Juzgados puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Asimismo, para que notifique a las autoridades responsables los oficios que se anexan, derivados del presente acuerdo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena a las autoridades responsables y dependencias mencionadas, así como a las personas subordinadas a ésta y a quienes se encuentren encargadas de la estación migratoria, para que permitan al actuario judicial adscrito el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentre alojados los quejosos Dalia Castilla Jiménez, Elizabeth Castilla Jiménez y Javier Sánchez Jiménez, de quienes refieren son de nacionalidad cubana, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; los cuales establecen: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas "Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. 25 Artículo 6. 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada." Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas "ARTICULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de que pueden ser denunciados por el delito de desaparición forzada, se les 27 impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados César Augusto Domínguez Galán, Carlos Hernández Rodríguez y Osmar Constantino Denis Morales, y los restantes profesionistas que menciona en su libelo de amparo únicamente en términos restringidos de dicho numeral, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de 29 Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS De igual manera la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico, y recibir citas y notificaciones, al respecto se acuerda: Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, al siguiente usuario: "cesard93" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 361 y 572 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. 1 Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente. 2 Artículo 57. Las y los titulares otorgarán o revocarán los permisos necesarios para que las partes, sus representantes o autorizados puedan notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, conforme a las reglas establecidas en el Capítulo Cuarto del Título Primero de la Ley de Amparo o en las legislaciones aplicables, y tras verificar que se cuenta con la capacidad procesal para formular la solicitud respectiva. Al respecto, el Sistema Electrónico del PJF previamente valida que se use una Firma Electrónica vigente y que ésta se encuentre vinculada con la persona solicitante. El otorgamiento de permisos para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" de cada persona autorizada para tal efecto, con los datos de las partes en los sistemas electrónicos y los de los expedientes respectivos. El proveído que acuerde favorablemente la solicitud para notificarse electrónicamente se notificará por la vía que corresponda, en la inteligencia de que las siguientes determinaciones jurisdiccionales se notificarán a la parte respectiva por vía electrónica en tanto no revoque la referida solicitud. No obstante, las notificaciones realizadas por la vía tradicional antes de la electrónica derivada de la solicitud correspondiente, se tendrán por válidas. La solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico respectivo. En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones personales a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales judiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese y personalmente mediante exhorto a los quejosos.
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