Daireth Paola Pérez Suárez
Expediente 2311/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2311/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco
- Daireth Paola Pérez Suárez
Actuaciones
- Principal
MESA 10.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido vía SISE enviado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, la cual quedó registrada como amparo ********************de lo que se toma conocimiento; toda vez que en auto de dos de los actuales, se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
MESA 10.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vistos; de la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó enviar al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el presente juicio de amparo, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo (referencia: juicio de amparo 2288/2022), sin que a la fecha obre en autos el acuse de recibo correspondiente, por parte del citado órgano jurisdiccional. Asimismo, certifico que se realizó una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), encontrándose que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, el treinta de diciembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que aceptó el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Valeria Daireth Paola Pérez Suárez, Kariosmar Albany Cuero López y Cristian José González González, el cual se radicó con el número de expediente 2342/2022-VII, de su índice. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso i), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico, hasta el treinta noviembre de dos mil veintidós y a partir del uno de diciembre siguiente el expediente físico contendrá los documentos recibidos de manera impresa, mientras que la documentación recibida vía electrónica, únicamente constará en el expediente virtual. Por lo anterior, y en virtud de la aceptación del conocimiento previo planteado por este juzgado, remítase los oficios de cuenta, signados por la Agente Federal de Migración "B" del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en ausencia de la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
mesa 10-- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual ********************en representación de 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16, 17 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 2311/2022-10. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ". los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico". PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna a favor de los directos quejosos lo siguiente: La privación de la libertad, aseguramiento, e incomunicación de los quejosos en la Estación Migratoria de esta ciudad. La deportación. La libertad de tránsito. En esa medida, tomando en cuenta que los actos citados se tratan de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que se debe proveer sobre la suspensión de plano de los mismos, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. DENOMINACIÓN CORRRECTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE La parte quejosa señaló como autoridades responsables al: DIRECTOR DE LA ESTACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE VILLAHERMOSA, TABASCO. JEFE DE LA ESTACION MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN VILLAHERMOSA, TABASCO. ENCARGADO y/o TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA ESTACION MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA TABASCO. Al respecto, cabe destacar que en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado la autoridad local migratoria, ha reiterado en múltiples ocasiones que la denominación correcta de las autoridades que cita la parte promovente es: SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como un hecho notorio para este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se aclara la denominación de la autoridad, por lo que en el presente juicio de amparo se tiene como responsable a la SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN A LOS ACTOS RELATIVOS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD, ASEGURAMIENTO, PRESENTACIÓN E INCOMUNICACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, a fin de que cesen inmediatamente los actos consistentes en la privación de la libertad, aseguramiento, presentación e incomunicación, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos del goce de la garantías individuales peticionadas. En la inteligencia que el hecho que se encuentren los directos quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad venezolana, internos en las instalaciones de la Estación Migratoria Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad, del Instituto Nacional de Migración, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues las autoridades responsables deben respetar los derechos humanos mínimos de la parte impetrante del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentran recluidos suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que les permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Así también, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración lo expuesto en la demanda de amparo en la que se afirmó que los quejosos fueron privados de su libertad por autoridades migratorias, para lo siguiente: 1. En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad a 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad venezolana, bajo las siguientes condiciones: Dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los impetrantes del amparo 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. Se les requiera a los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde puedan ser localizados, el cual deberá encontrarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta ciudad. Se indique a los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la Ciudad de Villahermosa, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Se requiera a los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. 3. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. 4. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, existe una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de los quejosos y se contraponga con lo aquí ordenado. Sirve de apoyo, la tesis aislada con registro 2024000, emitida por Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicado el siete de enero de dos mil veintidós con datos pendientes, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Así como la ejecutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 19/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en la que declaró parcialmente fundado, y como consecuencia, modificó la suspensión de plano decretada en proveído de veinticuatro de enero de este año, emitido en el juicio de amparo 83/2022, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN AL ACTO RELATIVO A LA ORDEN DE DEPORTACIÓN. Por otra parte, respecto de la orden de deportación, que se emita en contra de los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO por cuanto hace a la autoridad responsable. Lo anterior, para el efecto de que la orden de deportación, que se emita en contra de los quejosos no se ejecute y queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo competente, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión; así, prevéngase a la autoridad en cuestión para que de manera inmediata se abstengan de llevar a cabo el acto mencionado en contra de los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad Venezolana, en los términos indicados. Asimismo, les deberá hacer saber que tienen el derecho de ser asistidos por la autoridad consular de su país en caso de que así lo soliciten. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que, el Juez de Distrito al conceder la suspensión lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación que se emita en contra de los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad venezolana. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que los peticionarios del amparo fueran deportados o retornados a su país de origen, trayendo como consecuencia que se les ocasionara daños y perjuicio de difícil reparación, pues provocaría en ella una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. No pasa inadvertido que la parte promovente señale que solicita la medida cautelar a efecto de que se otorgue la libertad a los directos quejosos; sin embargo, este juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por los quejosos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 14, registro 2019200, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Por tales motivos, resulta necesario emitir la presente medida cautelar en los términos precisados en el presente acuerdo. En el entendido, que para las suspensiones aquí decretadas la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Migración, deberá respetarle los derechos siguientes: Prestarle servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndoles tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de los extranjeros arriba citados, a hombres y mujeres; De haber, mantener a los menores de edad preferentemente con su progenitora, salvo que por su integridad requiera de un alojamiento especial; Procurar la convivencia familiar; Garantizar el respeto de los derechos humanos de los extranjeros presentados; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. ACTO RELATIVO AL LIBRE TRÁNSITO. Por otro lado, en relación a la petición de los quejosos en el sentido de que se conceda el libre tránsito sobre el territorio mexicano; se NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR; puesto que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Empero, el ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Dicho precepto 11 es del tenor siguiente: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." En el caso, la Ley de Migración, es la encargada de regular la política migratoria, con un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Las disposiciones de la Ley de Migración son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Por lo que al haber una disposición de orden público y de interés social, que regula la política migratoria, y por corresponder dicho acto jurídico administrativo a la autoridad migratoria, es de negarse la medida cautelar, por contravenir el requisito establecido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Lo anterior se determina de esta manera, reiterando que ya se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto a los actos privativos de libertad y deportación, en términos de los numerales 126 y 160 de la Ley de Amparo. COMISIÓN DE ACTUARIO PARA QUE DE FE DE ESTADO FÍSICO Y VERIFIQUE LA RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA En ese contexto, toda vez que del escrito de demanda se observa que los quejosos 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, de nacionalidad venezolana, se encuentran detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación, Tabasco, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción de este juzgado, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable, y notifique la presente determinación a los referidos quejosos; además, para que a través de sus sentidos, dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentren, y la fecha en que ingresaron a la estación migratoria, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. Manifiesten SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; los cuales establecen: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas "Artículo 2. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6. 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b ) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas ARTICULO I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona." Asimismo, prevéngase a la responsable, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciadas por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a la autoridad responsable la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de VEINTICUATRO HORAS por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA POR TURNO PLANTEADA. Ahora, conviene precisar los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. [.] II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. [..] II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; [.]" Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, se radicó el juicio de amparo 2288/2022, promovido por 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad, contra actos consistentes en la privación de la libertad y/o aseguramiento, deportación al país de origen, incomunicación y restricción al libre tránsito. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto d hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por otro lado, del análisis de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que ********************en representación de 1) Daireth Paola Pérez Suárez, 2) Kariosmar Albany Cuero López y 3) Cristian José González González, reclama de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la privación de la libertad y/o aseguramiento, deportación al país de origen, incomunicación y restricción al libre tránsito. Bajo ese contexto, en atención a lo establecido en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo referido, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, es quien tiene conocimiento previo de los actos reclamados antes mencionados. Por lo que para quien aquí provee, estima que es en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en donde debe tramitarse y resolverse el presente asunto, dado que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo de que se trata, hubo conocimiento previo respecto de la privación de la libertad y/o aseguramiento, deportación al país de origen, incomunicación y restricción al libre tránsito en contra de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, en términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común envíese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la referida demanda de amparo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo (referencia: juicio de amparo 2288/2022), realice la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito), y así el prenombrado Órgano Jurisdiccional decida si se avoca o no al conocimiento del mismo, solicitando atentamente informar la determinación que adopte. Apoya lo anterior, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Diciembre de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque las hayan promovido diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, cuando se actualizan estos supuestos en relación con dos órganos jurisdiccionales que resolvieron previamente, la competencia debe determinarse en favor del que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto." Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2010 (9a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Septiembre de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Atendiendo a lo estipulado en el artículo 52 Bis, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior; haciendo uso de la firma electrónica, mediante FIREL, e.firma, y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de ******************** (********************), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. Atendiendo al contenido de la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a ********************en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "********************". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Ahora, en relación a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales judiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a los quejosos.
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