Daily |Morera Espinosa
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daily |Morera Espinosa
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia Villa Hermosa, Tabasco, recibido en línea; en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que ACEPTÓ LA COMPETENCIA planteada por este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, al tratarse de un cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Sub Comisión Jurídica del 1. Instituto Nacional de Migración, y en representación jurídica del 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad responsable rindiendo su informe en relación con la suspensión de plano; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad oficiante, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a la persona que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Ahora bien, en relación al correo electrónico que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villa Hermosa Tabasco, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la referida autoridad responsable rindiendo su informe en relación con la suspensión de plano, por cuanto hace a las autoridades responsables con números arábigos, 3., 4., 5., 6., 7., 8., y 9., en esas condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad oficiante, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a la persona que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Ahora bien, en relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Mendoza Zaragoza en favor de DAILY MORERA ESPINOSA, contra actos del 1. Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 994/2022, y acuérdese lo conducente. INCOMPETENCIA El presente asunto se trata de un juicio de amparo donde se reclama de manera preliminar lo siguiente: a). La orden de detención en contra de la directa quejosa. b). La orden de deportación y/o repatriación de la directa quejosa. c). La ejecución de dichas órdenes. Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso concreto, de la demanda, se desprende que los actos que reclama en vía amparo indirecto, son de naturaleza positiva, entendiéndose positivos tales aquellos en que para perfeccionarse y crear plenamente sus consecuencias jurídicas, el órgano de gobierno tiene ante sí un hacer por delante, derivado del mismo acto reclamado, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, en razón de que el promovente al señalar como actos reclamados la detención y deportación o repatriación de la directa quejosa, y al advertirse del escrito de demanda, que bajo protesta de decir verdad manifiesta que la directa impetrante de amparo, DAILY MORERA ESPINOSA, se encuentra alojada en la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, pues al ser detenida por Agentes Federales el Instituto Nacional de Migración el pasado veintinueve de octubre, cuando se encontraba en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, posteriormente fue trasladada a la referida estación migratoria en Villahermosa, Tabasco. Por lo que, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la ejecución del acto reclamado se concretó en Monterrey, Nuevo León, y continua ejecutándose en Villahermosa, Tabasco, donde este Juzgado no tiene jurisdicción; por lo que el suscrito considera que el juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto, no queda a voluntad de los peticionarios de amparo, dejando en ellos la opción de elegir ante qué Juzgado desean promover su demanda, sino que, como ya se dijo; la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo. En esa virtud, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente: "X. DECIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. (.)" Por tanto, con fundamento además en el artículo 48, de la Ley que reglamenta el juicio de garantías, este órgano de control jurisdiccional estima carecer de competencia legal por territorio, para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. En consecuencia, se declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, con residencia en Villahermosa, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentra detenida la directa quejosa. Por tanto, mediante atento oficio, se ordena remitir el original y copias de la referida demanda de amparo, a cualquiera de los citados órganos jurisdiccionales, con sede en Villahermosa, Tabasco, que se considera que por razón de turno es legalmente competente, para que determine si acepta o no la competencia legal que se le plantea, y se le solicita haga del conocimiento de este Tribunal Federal, la resolución que al respecto pronuncie, ello conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la Ley de Amparo. Conforme a ello, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obstante, dado que la demanda de amparo se promueve en términos de los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, del citado artículo 48, de la ley de la materia, a continuación se provee lo conducente. SUSPENSIÓN DE PLANO Tomando en consideración que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: a). La orden de detención en contra de la directa quejosa. b). La orden de deportación y/o repatriación de la directa quejosa. c). La ejecución de dichas órdenes. En atención a los actos reclamados consistentes en la detención (privación de la libertad) de la que dice es objeto la directa quejosa, fuera de procedimiento, se considera que respecto de dichos actos es procedente conceder la suspensión de plano en términos de lo dispuesto por el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así es, y para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario citar el artículo 126 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Del precepto legal antes trascrito se puede advertir, para lo que aquí interesa que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate, entre otros actos, de los que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la incomunicación, desaparición forzada, así como los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se desprende que la medida suspensional, en esos supuestos, se decretará de plano en el mismo auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio, a efecto de que proceda a su cumplimiento inmediato. En consecuencia, como hasta este momento sólo se cuenta con las manifestaciones que el autorizado de la parte promovente hizo en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que el veintinueve de octubre del presente año la directa quejosa, Daily Morera Espinosa, fue detenida por Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración, cuando estaba alojada en un hotel en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y trasladada a oficinas del referido Instituto de ese lugar; posteriormente, el treinta y uno de octubre del mismo año fue llevada a instalaciones de esa dependencia con sede en Villahermosa, Tabasco; lo anterior, toda vez que la directa quejosa no acredita su situación migratoria regular con ningún documento. Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, y toda vez que no se advierte que tal medida sea consecuencia de la comisión de un delito, sino de una presunta irregularidad migratoria, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto de los citados actos reclamados, y sin requisito de garantía alguna, para el efecto de que: Una vez sustanciado el procedimiento migratorio incoado a la directa quejosa, Daily Morera Espinosa, se resuelva su situación migratoria dentro del país, y de ser procedente, sin demora alguna, sea puesta en libertad; ello sin perjuicio de que las autoridades administrativas de haber iniciado el procedimiento correspondiente (incluido el del reconocimiento de condición de refugiada) dé continuidad al mismo hasta su legal conclusión, bajo la reserva de libertad de la quejosa, quien deberá quedar a su disposición para la aludida continuación del procedimiento. En el entendido de que la directa quejosa queda, en cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, acepte la competencia planteada por el suscrito; y de las autoridades responsables migratorias, únicamente para la continuación del procedimiento administrativo que en su caso, se hubiese iniciado o se inicie en consecuencia, en el que deberán tomar en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Además, dicha medida se otorga y subsistirá, siempre y cuando se cumpla con las medidas de aseguramiento que a criterio del suscrito se estiman adecuadas, y que corresponden a las siguientes: 1. Una vez que se determine de su situación migratoria la procedencia de su libertad y ello sea ejecutado, la quejosa Daily Morera Espinosa deberá presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente cuantas veces sea requerido para ello. 2. Así también, deberá presentarse ante la autoridad administrativa que le requiera, los días lunes de cada semana, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere. Para tal efecto, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que establezcan un sistema de registro, para que se certifique la comparecencia de la aquí directa quejosa Daily Morera Espinosa, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento, y lo informe de inmediato a este Juzgado, lo cual deberá hacer a partir la fecha en que la quejosa realice la primera presentación y, en su caso, que no se cumplió con esa o cualquier posterior comparecencia. 3. Así también, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, la quejosa Daily Morera Espinosa, deberá proporcionar y acreditar ante el Juzgado de Distrito que tenga conocimiento del presente juicio, el domicilio donde residirá en esa ciudad, una vez obtenida su libertad, o aquél en el que permanecerá y en el que se le practicarán las citaciones que resulten necesarias. 4. Por otra parte, la directa quejosa no podrá ausentarse sin previa autorización del Juzgado de Distrito que tenga conocimiento del presente asunto, que tenga conocimiento de este juicio, del domicilio que al efecto señale para su resguardo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones que han sido impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada. Asimismo, se precisa que la medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato, puesto la aquí quejosa goza además de la presunción de inocencia y, por tanto, no se debe restringir su libertad personal mientras no esté acreditado que haya cometido alguna conducta contraria a derecho, o que exista determinación alguna que justifique la necesidad de que continúe la detención y alojamiento del que se viene doliendo la directa quejosa, por encontrarse, incluso, a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. Además, se requiere a las autoridades migratorias señaladas como responsables, para que obedezcan esta orden bajo la más estricta responsabilidad y de manera inmediata, debiendo informar de la misma manera a este Juzgado de Distrito, o a aquel que en su momento tenga conocimiento del presente asunto, sobre el cumplimiento dado a esta medida. Se les apercibe que de no hacerlo incurrirán en la probable comisión de un hecho delictivo, sancionable con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable. En otro orden de ideas, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, proteger su integridad corporal, e impedir cualquier acto que tenga como resultado la expulsión del país, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, también SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen o no se lleve a cabo cualquier acto que pudiera tener como resultado la deportación o expulsión del país de la directa quejosa Daily Morera Espinosa, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables, quienes deberán informar a este Juzgado de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento administrativo, que en su caso, se instruya en contra de la parte quejosa. Sirve de sustento a la presente determinación, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Apercibidas, que de no hacerlo se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 262 de la Ley de Amparo aplicable. En el entendido que la presente suspensión de plano, no tiene por efecto autorizar a la quejosa a realizar cualquier actividad diversa de aquella que legalmente le haya sido autorizada por la autoridad competente, en su momento, para permanecer en el territorio nacional, por lo que en caso de que la autoridad migratoria respectiva la encuentre realizando actividades diversas a aquellas por las que les lleguen a ser otorgados permisos para permanecer dentro del país, esta suspensión no surtirá efecto legal ni material alguno. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Por otro lado, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alejandro Mendoza Zaragoza, puesto que no tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. Asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
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