Dabre Mohammed Sulaiman

Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1095/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Dabre Mohammed Sulaiman
  • Comisionado del Instituto Nacional de Migración con sede en Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1095/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas quince de diciembre de dos mil veintidós, cinco de enero, diez de febrero y catorce de marzo de dos mil veintitrés (fojas 49 a 52, 73 a 77, 101 a 104 y 129 a 132), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas quince de diciembre de dos mil veintidós, cinco de enero, diez de febrero y catorce de marzo de dos mil veintitrés (fojas 49 a 52, 73 a 77, 101 a 104 y 129 a 132), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1095/2022, promovido por ********************.********************RESULTANDO********************PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, y turnada a este Juzgado en el veinticuatro siguiente, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos de las siguientes autoridades responsables:********************AUTORIDADES RESPONSABLES********************FOJA********************SENTIDO****************************************1. Comisionado del Instituto Nacional de ******************** Migración******************** Ciudad de México********************59-60********************NIEGA****************************************2. Instituto Nacional de Migración, Delegación ******************** Federal del Estado de Chiapas ******************** (Subdelegación Federal Zona Sur)********************88********************NO EXISTE****************************************3. Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en Chiapas********************45-46********************NIEGA****************************************4. Instituto Nacional de Migración,******************** Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en el ******************** Estado de Tabasco********************RECIBIDO EN LÍNEA********************NIEGA****************************************5. Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en el ******************** Estado de Puebla********************36********************NIEGA****************************************6. Titular de Oficina de Representación del ******************** Instituto Nacional de Migración en el Estado ******************** de Tamaulipas********************41********************NIEGA****************************************7. Titular de Oficina de Representación del ******************** Instituto Nacional de Migración en el Estado ******************** de Chihuahua********************RECIBIDO EN LÍNEA********************NIEGA****************************************8. Titular de Oficina de Representación del ******************** Instituto Nacional de Migración en el Estado ******************** de México, Toluca.********************112-113********************NIEGA****************************************9. Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en el Estado ******************** de Hidalgo********************RECIBIDO EN LÍNEA********************NIEGA****************************************10. Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en el ******************** Estado de Querétaro********************56********************NIEGA****************************************11. Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en el ******************** Estado de Nuevo León********************RECIBIDO EN LÍNEA********************NIEGA****************************************12. Titular de Oficina de Representación del******************** Instituto Nacional de Migración en el ******************** Estado de Veracruz********************28********************NIEGA****************************************De quienes reclama los actos que más adelante se precisarán.********************SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda de amparo; conceder la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete a la Fiscal de la Federación adscrita a este juzgado y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede.********************TERCERO. En proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés (fojas 88-89) se tuvo por inexistente y se suspendió toda comunicación con la autoridad 2. Instituto Nacional de Migración Delegación Federal del Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Chiapas; sin que en el caso sea necesario realizar pronunciamiento alguno en torno a dicha autoridad, con base en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales.********************CONSIDERANDO********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que inciden en el derecho fundamental de la libertad personal del quejoso por su situación migratoria, impugnables en amparo indirecto.********************La materia, pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de Control Constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. ********************Y por territorio, en razón que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado.********************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados.********************De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esta instancia: la orden de detención, así como deportación emitida en contra del quejoso.********************Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia.********************TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del cuadro de reseña de autoridades responsables localizado en el resultando primero de esta resolución, se advierte que las autoridades señaladas con los números arábigos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados.********************Por tanto, como la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************Ahora, no es el caso realizar pronunciamiento alguno respecto de la autoridad señalada como responsable denominada 22. Instituto Nacional de Migración Delegación Federal del Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Chiapas, y que se tuvo por inexistente (foja 88) como lo dispone la tesis de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". ********************CUARTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término.********************Por lo expuesto y fundado, se********************RESUELVE********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables mencionadas en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando tercero.********************SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia.********************Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado de manera electrónica por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del 11. Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otra parte, a efecto de dar oportunidad a que ocurra lo antes expuesto, en relación a la vista otorgada a las partes, y en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del ocho de junio del año en curso, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

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