DAICEL ESCOBAR PUPO y Otros.

Expediente 1473/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1473/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Comisión Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México
  • DAICEL ESCOBAR PUPO y Otros.
  • Daicel Escobar Pupo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso ****, en proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 1141 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada, la demanda de amparo promovida por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, de febrero de 1994, página 307, con registro digital 213454, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Asimismo, que el término de tres días concedido a la diversa quejosa ****, para que ratificara la demanda de amparo promovida a su favor por ***, ha transcurrido, sin que lo hubiese realizado. En tal virtud, al haber manifestación expresa de no ratificar la demanda de derechos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo2, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, en cuanto a la diversa quejosa ****, al no advertirse su voluntad expresa con la instauración de la demanda promovida en su favor por ***. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico designado para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días concedido en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 44 a 46), para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a la adscripción de suscrita, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, se les tiene por precluido el derecho que pudieron haber ejercitado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la segunda certificación se advierte que ha fenecido el término concedido al promovente Eliezer Orozco Revuelta, para que diera cumplimiento a lo requerido en auto de nueve de noviembre del año en curso (fojas 37-41), esto es, para que dentro del término de veinticuatro horas, hiciera comparecer ante este Órgano de Control Constitucional a la directa quejosa Alexandra Díaz Álvarez, para que manifestara si ratificaba o no, la demanda presentada a su favor, o bien, proporcionara el lugar en el cual se encontraba recluida o alojada, sin que lo hubiera realizado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la impetrante Alexandra Díaz Álvarez, el proveído de siete de noviembre del año actual, este acuerdo así como los subsecuentes, a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale uno diverso para tales efectos. Notifíquese por lista este auto y el diverso de siete de noviembre del año en curso a la quejosa ***. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el escrito de demanda no contiene firma autógrafa o electrónica del promovente; sin embargo, los actos reclamados están dentro del supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tal razón, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eliezer Orozco Revuelta a favor de Daicel Escobar Pupo y Alexandra Díaz Álvarez, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Comisión Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. 2. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas, con sede en esta Ciudad. 3. Subdirector de Servicios Operativos y atención al Migrante de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta Ciudad 4. Director de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas, con sede en esta Ciudad. 5. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta Ciudad. 6. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas, con sede esta Ciudad. De quienes reclaman: "V.- Actos reclamados: De las Ordenadoras:- 1.- De las Autoridades ordenadoras señaladas bajo los incisos reclamo: La aplicación de los inconstitucionales artículos 99 y 111 de la Ley de Migración. 2.- La orden de la aplicación de revisión migratoria sobre tramos carreteros, es decir retenes migratorios, precisando el ubicado en Carretera internacional Tapachula-Tapanatepec, a 500 metros aproximadamente antes de llegar a la Aduana en el Municipio de Huixtla. De las ejecutoras: - 1.- La privación ilegal de la libertad de los quejosos por parte de Agentes Federales de Migración, dependiente del Instituto Nacional de Migración. 2.- El aseguramiento y/o alojamiento de los Quejosos, por más de 36 horas en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, por Autoridades Administrativas distintas al Ministerio Publico. 3.- La incomunicación con familiares y abogados, a la cual se encuentran sometidas por estar privadas de su libertad en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Carretera Tapachula - Nueva Alemania Kilómetro 1.5, Colonia 5 de febrero, Código Postal 30710, a un costado del Hospital Cofat, en esta Ciudad, acto prohibitivo y violatorio de los derechos humanos previsto en el artículo 22 de Nuestra Carta Magna. 4.- Deportación al País de origen de los quejosos u otro País. 5.- Expulsión de este Territorio Mexicano. 6.- La devolución a su país de origen derivado de retorno asistido."(Sic) Ahora bien, a efecto de velar por una impartición pronta y expedita acorde a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se estima innecesario tener como autoridades responsables a todas las señaladas por la parte quejosa en su demanda de amparo, pues atento al acto reclamado se advierte que las únicas autoridades que pueden tener participación en esos actos son las siguientes: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas, con sede en esta Ciudad. 2. Subdirector de Servicios Operativos y atención al Migrante de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta Ciudad 3. Director de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas, con sede en esta Ciudad. 4. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta Ciudad. 5. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, Chiapas, con sede esta Ciudad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo********************-IV-B. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: Aseguramiento o alojamiento prolongado. La posible incomunicación; La privación de la libertad con fines de deportación, expulsión, retorno o repatriación asistida; La inconstitucionalidad, arbitrariedad e ilegalidad de los artículos 99 y 111 de la Ley de Migración. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CONSIDERACIONES PREVIAS En virtud que la demanda fue presentada vía electrónica a través Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, sin firma autógrafa ni electrónica de los directos quejosos, este órgano jurisdiccional procede a atender los actos reclamados por ser de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución General de la República y 15 de la Ley de Amparo, y a los hechos que narra el promovente del amparo, y se reservará proveer lo que corresponda, respecto del diverso acto que hace consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 99 y 111 de la Ley de Migración. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ALOJAMIENTO PROLONGADO Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesta en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone que la parte quejosa fue detenida por elementos del Instituto Nacional de Migración el cuatro de noviembre de dos mil veintidós y trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad, lo cual consiste en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Daicel Escobar Pupo y Alexandra Díaz Álvarez, respecto del acto reclamado consistente en la privación de libertad, con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, para el efecto de que si, a la fecha, los directos agraviados tienen más de treinta y seis horas alojados o retenidos en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, SEAN PUESTOS EN INMEDIATA LIBERTAD, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 183/2022. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO INCOMUNICACIÓN Y DEPORTACIÓN Respecto del acto reclamado consistente en la posible privación de la libertad, incomunicación y deportación y/o repatriación y/o expulsión, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo a la parte quejosa su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), (1) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país." Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva. Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse; b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada." Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. El derecho fundamental citado, contenido en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, su intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas, a saber: 1) de carácter humanitario, pues los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a sus familiares o a las personas de su confianza y se aseguran de que se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad, 2) de protección, ya que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verán sometidos; y, 3) la relativa a una asistencia técnicojurídica, en virtud de que la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta. Así, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ...' Ley de Amparo "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. ..." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por los quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que Daicel Escobar Pupo y Alexandra Díaz Álvarez, no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación ilegal de la libertad, incomunicación con fines de deportación, expulsión o repatriación fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal, en el entendido de que la parte quejosa deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto; y, para los efectos siguientes: a). Cese todo acto de privación ilegal de la libertad fuera de algún procedimiento penal en contra de la parte quejosa; además, no sea objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. b). Si la detención fue hecha por autoridades distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, deberá de cesar sin demora la detención, poniendo a la parte quejosa en libertad o a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el entendido que, si la detención no tiene relación con la comisión de un hecho que la ley señale como delito, la suspensión tendrá por efecto que la parte agraviada sea puesto en libertad. c) Para el caso de que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa con motivo distinto a una orden de detención, caso urgente o flagrancia, deberá ser puesta en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional competente. d). Tratándose de actos que afecten la libertad personal de la parte quejosa dentro de un procedimiento penal, la suspensión producirá el efecto de que la parte agraviada quede a disposición de este Juzgado, en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad judicial que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata las autoridades responsables en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le hagan saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ( Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ( Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ( Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ( Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ( Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ( Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ( Acceder a comunicación telefónica; ( Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. En el entendido que la autoridad migratoria responsable deberá observar las medidas y garantizar los cuidados a la parte quejosa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de la parte quejosa por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de la parte quejosa, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso la parte quejosa estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I.P. J/28 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acto de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar a territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderé a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le de trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. REQUERIMIENTO ESPECIAL Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; asimismo, deberán informar si en su base de datos ESTUVIERON REGISTRADOS LOS QUEJOSOS DESDE EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN hasta el momento en que rindan su informe de suspensión de plano; de igual forma deberán indicar a qué lugar fueron reubicados, esto es, informar si de la citada base de datos de las estaciones migratorias de esta Entidad Federativa o bien de toda la República existen registros relativos al ingreso o reingreso de la directa quejosa; así como la fecha exacta y motivo por el cual, en su caso, dicha parte haya egresado. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que la parte quejosa Daicel Escobar Pupo y Alexandra Díaz Álvarez, ratifiquen la petición de amparo, promovida a su favor por Eliezer Orozco Revuelta, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de notificar a la directa parte quejosa, y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:  Vocear o llamar a los quejosos, en el lugar respectivo;  Notificarles el presente auto;  Requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en sus nombres. Apercibidos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas:  Dar fe del estado físico en que se encuentra la parte agraviada. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Para efectos de lo anterior, se instruye a la autoridad migratoria, que será bajo su más estricta responsabilidad, brindar todas las facilidades al actuario judicial, para desarrollar la búsqueda de la parte quejosa, en todas y cada una de las áreas físicas que constituyen la dependencia; apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora una multa en los términos precisados en párrafos que preceden; además, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por desacato a una orden judicial. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. Asimismo, una vez localizada la directa parte agraviada y hecha la ratificación de demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare la demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Deberán aclarar si la norma impugnada -artículos 99 y 111 de la Ley de Migración-que señala en su demanda de amparo la combate en su carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. En el caso de combatirla como heteroaplicativa deberá precisar la fecha en que tuvieron conocimiento o les fue notificado el acto de aplicación respectivo. SEGUNDO. Señalen como autoridades responsables a los diversos titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende la expedición y promulgación de la ley que impugna de inconstitucional -artículos 99 y 111 de la Ley de Migración-. En específico, se les hace saber, que de no señalar al titular del órgano de Estado que promulgó el decreto legislativo reclamado, se provocará la improcedencia de la acción constitucional, en virtud de que se actualizará la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a la anterior determinación, la jurisprudencia PC.III.A J/70 A (10ª) de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior es conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como los diversos 5 y 6 de la Ley de la materia, que establecen que en el juicio de amparo rige el principio de ''instancia de parte agraviada'', por lo que no es factible que este juzgado de manera oficiosa señales los actos que corresponden a las autoridades que señala como responsable, ni aun de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo que prevé la suplencia de la queja ya que solo habilita la posibilidad de suplir la deficiencia de conceptos de violación y agravios; asimismo, resulta aplicable la tesis I.4º.A.41 K (10ª), con registro digital 2019603 de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE EL JUZGADOR CONSIDERE COMO ACTOS RECLAMADOS, AQUELLOS QUE EL QUEJOSO NO SEÑALO." TERCERO. Manifiesten si es su deseo señalar como autorizado al promovente que se cita en la demanda, así como tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la misma. CUARTO. Precisen si se encuentran sujetos a algún procedimiento administrativo migratorio, con el que se les pretenda deportar o expulsar a su país de origen, o si a la fecha les fue notificado alguno. QUINTO. Indiquen si han promovido diversos juicios de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la directa parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De actualizarse una casual de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de amparo, se acordara lo conducente, ello de conformidad con el numeral 64 del ordenamiento citado. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte agraviada deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, expídase copia certificada de esta determinación, por lo que se instruye al actuario que al momento de notificarle el presente acuerdo, sirva entregarle dichas copias certificadas. DOMICILIO Y AUTORIZADO Resérvese de acordar lo relativo al autorizado y el domicilio proporcionado, hasta en tanto la parte quejosa ratifique la demanda de amparo promovida a su favor y desahogue el requerimiento realizado en el párrafo anterior. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9626987434, extensiones 1101 y 1103. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: https://web.ciscospark.com/meet/db1a6550-dac7-11ec-a23d-2c1122000108 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a los directos agraviados en el lugar en que se encuentran alojados y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. ********************Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, glósese a los autos la notificación personal realizada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado el siete de octubre del año en curso, de la que se obtiene que el directo quejoso ******************** sí ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ********************, quien señala como su autorizado al promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones el citado en su escrito de demanda y se reserva el desahogo de las diversas prevenciones.********************En relación a lo manifestado por el directo quejoso, se le tiene ratificando el escrito de demanda y se reserva proveer respecto a su admisión hasta en tanto desahogue en su totalidad las prevenciones formuladas en auto de siete de octubre del año en curso.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS********************Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad, sin que sea el caso tener como medio de notificación el correo electrónico y número que proporciona, toda vez que el mismo no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto.********************En el entendido que de solicitar que las notificaciones se practiquen vía electrónica, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, con la exigencia que deberá proporcionar el nombre de usuario a que se refiere el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues sin este requisito no es factible conceder la autorización que requiere. ********************ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO.********************Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al promovente, con el nombre de usuario ********************, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. ********************Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A", proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectiva la referida autorización. ********************No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y número que precisa, para efectos de comunicaciones no procesales.********************Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos a ********************, pues no cuenta con el mencionado requisito. ********************Además, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el actuario de la adscripción, mediante las cuales informa que la persona que se localizó no presenta lesiones en su anatomía y se observa en buen estado de salud, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ********************De igual forma, agréguese a los autos la razón actuarial de siete de octubre de este año, en la que el actuario adscrito hace constar haberse constituido a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en busca de la directa quejosa ********************, a efecto de notificarle la suspensión de plano decretada en proveído de siete de noviembre del año en curso y requerirle si ratifica o no la demanda presentada a su favor por ********************, sin que tuviera éxito pues fue informado por personal de esa institución que dicha quejosa no se encuentra ahí alojada, además de haberle llamado por su nombre en voz alta sin que obtuviera respuesta.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente ********************, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, haga comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, a la directa quejosa ********************, a efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda presentada a su favor; o bien, proporcione el lugar en el cual se encuentre recluida o alojada, y ante qué autoridad se encuentra a disposición.******************** ********************Asimismo, se apercibe al promovente ********************, que de no dar cumplimiento a lo ordenado o no indicar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251, en relación con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización.********************Ilustra a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.150 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2446, con número de registro digital: 2019008, de rubro y texto siguiente:****************************************"DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). Lo dispuesto en el precepto mencionado corresponde a las acciones legislativas cuando se reclamen actos que, por su naturaleza, imposibilitan materialmente a los agraviados a acudir personalmente a solicitar el amparo, lo que justifica que se imponga al órgano jurisdiccional correspondiente, el deber de dictar las medidas necesarias para lograr su comparecencia para recabar la manifestación de si ratifican o no esa petición a su nombre con el fin de lograr dicho cometido. Entonces, si el extranjero es deportado o expulsado del país cuando están en curso las diligencias para recabar su manifestación de si ratifica o no la demanda de amparo promovida por un tercero en su nombre, en la que reclama ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, cometidos por autoridades migratorias, lo que procede es dictar diversas medidas para localizarlo, a fin de efectuar ese requerimiento, las cuales deben ser acordes con la información allegada -como por ejemplo, requerir a las autoridades responsables para que informen el lugar o país a donde fue enviado para que, mediante carta rogatoria o instrumentos establecidos en la vía diplomática, se efectúen la búsqueda y requerimiento indicados-, ya que dicho artículo no limita expresamente o condiciona que esas acciones sólo se realicen si el agraviado se encuentra dentro del país, y tampoco si los actos reclamados referidos pueden considerarse consumados irreparablemente -que tampoco lo son-, pues ello corresponde a un estudio posterior, superada la contingencia señalada. Constata esta postura, la disposición que autoriza que la ratificación pueda realizarse mediante un representante legal, lo que es indicativo de que es innecesaria la comparecencia del quejoso para ese acto. También apoya la decisión, el Informe No. 50/16. Caso 12.834. Informe de Fondo. Trabajadores Indocumentados Vs. Estados Unidos de América, párrafos 105, 106, 107, 108 y 114 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -al cual se acude como soft law- en el que se estableció que, en los casos en que un Estado sustraiga a una persona de su país mediante una deportación, expulsión o cualquier medida análoga, las autoridades jurisdiccionales deberán adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia respecto de los diversos procedimientos instados cuando se encontraba en ese lugar. Esta interpretación es la que debe imperar en aplicación del principio pro personae, porque con ella se privilegia o se maximiza el derecho humano de acceso a la jurisdicción, con lo que se promueve su observancia y respeto. Y, con ello, se garantiza al quejoso que puede continuar con la petición de amparo, considerando que estuvo en nuestro país -en una estación migratoria- y que, al menos hasta este momento -y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto-, se cuenta con información, bajo protesta de decir verdad, de la demanda de amparo, que había solicitado la condición de refugiado buscando asilo en este país por la crisis humanitaria que se vive en el suyo -lo que se constató con los documentos agregados a dicha demanda, en la que también se reclamó la omisión de ese trámite-. A su vez, inversamente se establece una interpretación estricta o literal del artículo 15 referido, que se traduce en que la determinación de tener por no presentada la demanda en los casos señalados esté acotada a los supuestos expresamente previstos en dicho dispositivo. Por tanto, no se autoriza a tenerla por no presentada conforme al párrafo tercero del artículo 15 invocado, pues esta porción normativa se refiere a un supuesto diverso, específicamente, regula la hipótesis de que las acciones dictadas por el Juez de Distrito hubiesen resultado eficaces para que compareciera el extranjero y que se recabó su manifestación en el sentido de que no ratificaba dicho documento."********************Notifíquese; y personalmente al promovente.********************Así lo proveyó y firma Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinado en sesión celebrada el veinte de junio del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2700/2022 suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida de la Secretaria que autoriza, María Margarita Domínguez Vásquez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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