Cristopher Monroy Martínez
Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Cristopher Monroy Martínez
- Juez del Juzgado de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa y su autorizado pudieron recurrir en queja el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. En consecuencia, hágase del conocimiento al inconforme ***, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra garantizado en el presente juicio; para tal efecto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el lugar en que se encuentra recluido el referido quejoso esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, no obstante que la referida población, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, a efecto de notificarle el contenido íntegro del presente proveído al directo
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ***, Defensor Público Federal y autorizado del quejoso ***, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico. En consecuencia a lo anterior, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicio enlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectiva la referida autorización.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. De conformidad con el numeral 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de aceptación de cargo del autorizado ***, Defensor Público Federal, de la que se obtiene que aceptó y protestó el cargo de autorizado en términos amplios del quejoso ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase a ***, como autorizado en términos amplios del quejoso ***. Dese vista al defensor aludido con las constancias que integran el presente juicio de amparo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Asimismo, se hace del conocimiento del citado defensor público federal que, con tal carácter, y para cumplir con el derecho a una defensa adecuada, tiene obligación de orientar y asesorar a su representado en todos los actos del juicio y en especial, los que impliquen requerimientos, por lo que, el citado abogado, deberá justificar a este órgano jurisdiccional, ante ese tipo de actos, que mantuvo comunicación con el impetrante, para asesorarlo. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO En consecuencia, hágase del conocimiento al inconforme Cristopher Monroy Martínez, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra garantizado en el presente juicio; para tal efecto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el lugar en que se encuentra recluido el referido quejoso esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, no obstante que la referida población, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, a efecto de: a) Notificarle el contenido íntegro del presente proveído al directo quejoso ***; y, b) Previa razón que levante, proporcione copia del acuerdo de referencia, para que surta los efectos legales conducentes. Se autoriza tal diligencia, no obstante, que dicho centro penitenciario se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. En ese orden de ideas, la diligencia encomendada, deberá realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID 19.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito firmado por el licenciado ***, Defensor Público del Estado, media el cual manifiesta que no acepta el cargo conferido en su persona como asesor jurídico del quejoso ***, por las razones que expone. Atento a lo anterior, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración en párrafos que suceden. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído veintiséis de julio del año en curso, se giró oficio al Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a efecto de que designara Defensor, quien fungiría como autorizado del quejoso ***, ello, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Posteriormente, en acuerdo de tres de agosto de esta anualidad, previo desahogo de las prevenciones realizadas a la parte quejosa, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, determinación que se encuentra pendiente de causar estado, ante la falta de designación de defensor que patrocine al quejoso de mérito. Así las cosas, mediante oficio ***, de diez de agosto del año en curso, la Defensora Federal en suplencia del Encargado de Despacho de la Delegación Chiapas, por vacaciones, con sede en Tuxtla Gutiérrez, informó que se encontraba imposibilitada para nombrar defensor público federal, atendiendo a que la asesoría le compete a un Defensor del Estado, razón por la cual se requirió al Coordinador Penal Zona Costa del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, a efecto que designara defensor que patrocinara al impetrante de amparo, quien en cumplimiento a lo requerido por esta potestad, le señaló como su defensor al licenciado Joel Rincón Rabanales, profesionista que mediante el escrito de cuenta manifestó que no acepta el cargo conferido en su persona, en virtud de que el quejoso se encuentra privado de su libertad en un Centro Federal de Readaptación Social que se ubica en una Entidad Federativa distinta a la de la autoridad responsable, máxime que el acto reclamado deriva de un asunto que corresponde al fuero común. Atento a lo reseñado en párrafos precedentes, se acuerda: En principio, debe indicarse que la diferenciación en la denominación formal de quien proporcione el servicio inmediato del servicio de defensa, puede tener variantes en cuanto a la expresión con que puede identificarse a la figura del defensor. Al respecto, al llevarse a cabo el requerimiento respectivo, debe atenderse a las leyes que regulan la Defensoría Pública Federal o la local, debido a que, en materia penal federal, las funciones del defensor público y del asesor jurídico, se reitera, son excluyentes. En efecto, los artículos 1 y 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública disponen lo siguiente: (.) Por su parte, en el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, correspondiente a la segunda sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por el que se modifican diversas disposiciones de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública vigentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo del año en cita, se modificó el artículo 30, fracción IV, en los siguientes términos: "Artículo 30. (.) III. (.) b) (.) se excluyen aquellos casos que provengan o se hayan originado en el fuero común, o en los que el solicitante cuente ya con la asesoría o asistencia jurídica (.) V. En todas las materias, excepto en materia penal, tratándose de juicios de amparo . o por estar privado de su libertad." La normatividad descrita es la que el Juez de Distrito debe tener a su alcance al momento de requerir a la Defensoría Pública Federal la designación de un profesional en derecho que asista al quejoso privado de su libertad durante el juicio de amparo indirecto penal. Toda vez que, de acuerdo a su contenido, es necesario puntualizar que la denominación formal que pueda darse de la figura, esto es, defensor, asesor, representante, o bien, asistente jurídico, acarrea implicaciones de especialización y técnicas en la función que la ley les asigna. De ahí que no obstante puedan existir variantes en la expresión de la persona que represente la defensa, lo relevante es que se cumpla de manera inmediata el mandato judicial y que el Instituto Federal de la Defensoría Pública, dentro del margen de su normatividad, garantice el derecho de defensa nombrando al defensor público federal a efecto de que asista jurídicamente al quejoso, siempre y cuando tenga el carácter de profesional en derecho. Por tanto, cuando una persona se encuentra privada de libertad, en virtud de un proceso penal, promueve la demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que nombre a un abogado que lo represente, y en el supuesto de que no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, formulando el requerimiento respectivo, tomando en cuenta la condición del quejoso, esto es, si se encuentra a disposición de un Juez del orden común o federal, debido a que la competencia especializada trasciende a la normatividad aplicable para cada una de las esferas jurídicas de las autoridades involucradas con el acto reclamado. Ahora bien, en virtud que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, ante quien se encuentra radicada la causa penal 1844/2019, instruida en contra de dicho impetrante de amparo, por la comisión del delito de robo con violencia, por el cual fue sentenciado a cinco años, ocho meses de prisión; de lo anterior, se concluye que el acto reprochado en esta vía constitucional, deriva de un expediente del fuero común, emitido por una autoridad que radica en una entidad federativa distinta a la del centro federal de readaptación social en que se encuentra recluido el quejoso, por tanto, deberá patrocinarlo un Defensor Federal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia PC.VIII. J/6 P (11a.), emitida por el Pleno de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia(s): Común, Penal, Libro 13, Mayo 2022, Tomo IV, página 3808. Registro: 2024648, que a la letra dice: "DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL. LE CORRESPONDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA, CUANDO SE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO Y LA PERSONA QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL QUE SE UBICA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYO JUICIO DE ORIGEN DERIVA DE UN ASUNTO QUE CORRESPONDE AL FUERO COMÚN. (.) En ese sentido, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los normativos 1, 2, 4, fracción II y 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, gírese nuevamente atento oficio vía correo electrónico a la Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación de la presente determinación, previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2, de la ley de la materia, designe persona a fin de que funja como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ***. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, se hará acreedora a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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