Dagoberto Sosa Moguel
Expediente 1858/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Dagoberto Sosa Moguel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa el día trece de octubre siguiente, sin que a la fecha se hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Por sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso DAGOBERTO SOSA MOGUEL, en contra de los actos reclamados al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: ".la responsable, dentro del ámbito de sus facultades, realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo a la promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria, se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido.". Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante oficio número RAN/YUC/SR/DJ/4057/2022, presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diez de octubre del año en curso (foja 44), la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede esta ciudad, en ausencia de la encargada del Despacho de dicha Delegación, informó y acreditó que concluyó el procedimiento relativo a la solicitud 000845, pues con fecha seis de octubre de dos mil veintidós, resolvió la referida solicitud instada por el quejoso, decretando, por los motivos ahí expuestos, calificación registral negativa. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente coincide en su totalidad con el electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOT ELECT Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/4057/2022, signado por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la encargada del despacho, con un anexo, que remite en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de septiembre del año actual, relativo al acatamiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional. Mediante el cual informa que se fijaron las doce horas con quince minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para que la aquí parte impetrante del amparo se apersone al Centro de Atención al Público (CAT) de dicha Delegación, a fin de hacerle entrega del oficio RAN/YUC/SR/AT/1647/2022 de seis de octubre del año en curso, mediante el cual pone a su disposición la calificación registral negativa que le recayó a la solicitud con número de folio 000845. Asimismo, solicita a este órgano jurisdiccional que haga lo anterior del conocimiento de la parte quejosa. En atención a ello, toda vez que es del conocimiento público que la autoridad de referencia, carece de notificadores que informen de las resoluciones que tome ese órgano registral, en consecuencia, a fin de agilizar el procedimiento en este juicio, dése vista a la parte quejosa con lo informado, a fin de que acuda ante la responsable a las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a fin de darse por notificado del oficio RAN/YUC/SR/AT/1647/2022 de seis de octubre del año en curso, y se le haga entrega de la resolución en comento. Mediante oficio, comuníquese a la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, lo anteriormente determinado, para que sin mayores dilaciones, proceda a entregar a la parte quejosa los documentos de referencia; lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional en el propio plazo, debiendo adjuntar a su informe de mérito copia completa y legible de las constancias que acrediten ese hecho. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que: ".la responsable, dentro del ámbito de sus facultades, realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo a la promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria, se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido.". En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se realizó a la autoridad responsable el doce de septiembre siguiente, como se advierte de la constancia de notificación relativa al oficio 36270/2022, que obra glosada a este expediente; por tanto, al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 1858/2022-VI-A, promovido por DAGOBERTO SOSA MOGUEL; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el cuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el citado quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la puesta a la vista del informe justificado rendido por las autoridades responsables, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la certeza de los actos reclamados se acreditó con los informes justificados y las constancias certificadas que los apoyan, de los que se desprende su existencia, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por las responsables cuando se tiene por cierta la existencia de los actos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: La omisión de emitir la calificación registral en autos de la solicitud con número de folio 000845, presentada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, relativa al trámite SEDATU-04-045. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, según se advierte de sus respectivos informes, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. CUARTA. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51 y 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (cuatro de mayo de dos mil veintidós), a la fecha en que se promovió la demanda (tres de agosto de dos mil veintidós), ya habían transcurrido tres meses, ello significa que se ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se pronuncie en relación a la solicitud 000845 relativa al trámite SEDATU-04-045. Por lo que es incuestionable que la citada autoridad responsable, conculca con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplió con la función registral que le está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que la responsable, dentro del ámbito de sus facultades, realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo a la promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria, se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a DAGOBERTO SOSA MOGUEL, en contra del acto que reclamó al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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