Dafne Xyomara Manrique Cen

Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
989/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Dafne Xyomara Manrique Cen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 989/2023-II-A, promovido por ********************, por su propio y personal derecho, en contra de los actos atribuidos al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este órgano de control constitucional, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el que se previno a la quejosa en relación a las autoridades responsables, por auto de cinco de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 989/2023-II-A; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por auto de dos septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la quejosa promoviendo ampliación de demanda en relación a las nuevas autoridades responsables. En tal virtud, se admitió a trámite dicha ampliación, se ordenó correr traslado a las partes con el escrito respectivo, se solicitó su informe justificado a las nuevas autoridades responsables, a las cuales se les hizo de su conocimiento el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se verificó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar, en esencia: El embargo y su ejecución decretado en el expediente ********************del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, sobre los predios con números de tablaje catastral ********************y ********************, ambos de ********************, Yucatán y su inscripción. Los cuales atribuye al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán y al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, así como al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Motul, Yucatán. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán y al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, así como al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Motul, Yucatán, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora además con las constancias que acompañaron al mismo, así como con las relativas al expediente electrónico de origen ********************, puesto a disposición para su consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes denominado (SISE), por parte del juzgador federal señalado como responsable. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Son substancialmente fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, razón por la cual habrá de concederse el amparo y protección de la Justicia que solicita. En sus conceptos de violación, la parte quejosa alega que se conculcan en su perjuicio sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con el argumento, que sin ser parte en el procedimiento de origen, se le embargaron dos inmueble de su propiedad sin haberse cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. De igual manera arguye que se invade la esfera de su persona y propiedad sin que exista causa legal que así lo justifique, toda vez que es ajena al procedimiento natural, es decir, es tercero extraña al juicio ejecutivo mercantil, del que emanan los actos reclamados. Asimismo, alega que el embargo combatido, se realizó con fecha posterior al perfeccionamiento del contrato de donación, por lo que cuando el embargo fue llevado a cabo, los inmuebles sobre los cuales se trabó el mismo, ya habían salido del patrimonio del deudor, demandado en el juicio de origen. Ahora bien, es preciso señalar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: 1.- Que por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, admitió a trámite en la vía ejecutiva mercantil y bajo el número de expediente ********************, la demanda promovida por********************, endosatarios en procuración de ******************** que promovió en contra de ********************, por lo que de entre otras cosas, ordenó se requiriera al demandado el pago de lo reclamado, y en caso de no hacerlo, señalare bienes para su embargo, con el apercibimiento que de no realizarlo, el derecho para señalarlos pasaría a la parte actora; asimismo, que se le emplazare a juicio para que dentro del término de ocho días compareciera a pagar las cantidades reclamadas, o a oponerse a la ejecución si contare con excepciones. 2. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el Juez federal responsable, en atención a lo solicitado por la parte actora, previa investigación en relación al domicilio del demandado ********************; y advirtiendo que el mismo se encontraba fuera de la residencia de ese juzgado, giró despacho al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, para efectos de que en auxilio a las labores de ese órgano jurisdiccional, llevara a cabo la diligencia de exeqüendo ordenada en auto de trece de octubre de dos mil veintidós. 3.- Mediante diligencia de once de mayo de dos mil veintitrés, se emplazó al demandado de mérito, y en dicha actuación se embargaron diversos bienes como de su propiedad, entre ellos, el cien por ciento de los tablajes catastrales cinco mil quinientos cincuenta y seis (********************) y cinco mil trescientos sesenta y cinco (5365), ambos de la localidad y municipio de ********************, Yucatán. 4. Embargos que de acuerdo a la información proporcionada por el Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad, quedaron inscritos con los números ******************** y ********************. Sentado lo anterior, la parte quejosa apoya su demanda sobre la base de que sin ser oída y vencida en un procedimiento en el que no figura como parte, se le pretenda afectar en sus derechos de propiedad y posesión sobre dos inmuebles que mediante un contrato de donación a título gratuito obtuvo. Para acreditar su interés jurídico en el juicio de amparo, la parte quejosa ofreció como prueba, la copia certificada de: * La escritura pública número ciento uno, de nueve de mayo de dos mil veintitrés, pasada ante la fe del Notario Público número Ciento treinta y uno del Estado de Yucatán, que contiene un contrato de donación a título gratuito que celebró con ********************, respecto de los predios rústicos con número de tablaje catastral cinco mil quinientos cincuenta y seis (********************) y cinco mil trescientos sesenta y cinco (5365), ambos de la localidad y municipio de ********************, Yucatán. Del análisis y valoración de la prueba señalada, esto es, el referido contrato de donación a título gratuito, el cual no fue objetado por la parte tercero interesada, es preciso hacer notar, que el mismo fue celebrado en fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, ante el Notario Público Número Ciento treinta y uno en el Estado, es decir, con anterioridad a la fecha en la que se trabó embargo sobre los tablajes catastrales cinco mil quinientos cincuenta y seis ******************** y cinco mil trescientos sesenta y cinco 5365, ambos de la localidad y municipio de ********************, Yucatán, cuya propiedad y posesión ostenta la parte aquí quejosa; documento con el que se acredita que, en efecto ya era de su propiedad cuando se realizó el embargo. Asimismo, se aprecia con claridad meridiana, que ese contrato de donación a título gratuito, es jurídicamente apto para justificar el interés jurídico de la parte aquí quejosa, como titular del derecho de propiedad y posesión de los referidos tablajes catastrales que se embargaron en el procedimiento de origen, en virtud de que se trata de un documento de fecha cierta que consigna un acto jurídico celebrado ante un fedatario público, dentro del marco legal de las funciones que desarrolla, investido de fe pública Además de que dicho contrato resulta válido, pues se celebró en términos de los artículos 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485 y 1486 del Código Civil del Estado de Yucatán, el cual, además, tiene valor de documento público con peso convictivo pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Numerales de los que se desprende, por una parte, que la donación, es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, con las restricciones que se establecen en la propia ley. De igual manera disponen que se considera pura la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto; que es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que no importan una deuda. Indican que las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley; que la donación será perfecta desde que el donatario la acepta, y se hace saber de dicha aceptación al donador. De igual manera señalan que sólo puede hacerse donación verbal tratándose de bienes muebles y cuando su valor no exceda de cien veces el salario mínimo vigente; que cuando el valor de los muebles donados excediera de la cantidad indicada, necesariamente la donación deberá constar en escritura pública ante escribano o notario público, según corresponda conforme a la ley. Asimismo disponen dichos numerales que las donaciones de bienes inmuebles se otorgarán ante escribano o notario público, según corresponda conforme a la ley, de acuerdo al valor catastral o al estimado para efectos fiscales, y que la aceptación debe hacerse en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. Así pues, queda demostrado que el embargo practicado sobre los tablajes catastrales cinco mil quinientos cincuenta y seis (********************) y cinco mil trescientos sesenta y cinco (5365), ambos de la localidad y municipio de ********************, Yucatán, propiedad de la parte aquí quejosa, resulta conculcatorio de sus derechos fundamentales, puesto que sin ser parte en el procedimiento de origen, se embargó a ********************, los inmuebles antes indicados, los cuales desde el nueve de mayo de dos mil veintitrés, ya habían salido de su patrimonio con motivo del contrato de donación a título gratuito que celebró con la parte quejosa. De ahí que resulte ilegal el embargo que se reclama en el presente juicio, pues transgrede en perjuicio de la parte promovente sus derechos fundamentales de audiencia previa, legalidad y seguridad jurídicas, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, habida cuenta de que tal acto restringe el derecho de propiedad que tiene sobre los inmuebles embargados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL. El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste." De igual manera, la jurisprudencia número 1a./J. 96/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional." Sin que influya a la anterior determinación, la circunstancia de que el referido contrato de donación no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, ya que dicha inscripción no es constitutiva de derechos, sino únicamente reúne las características de dar publicidad a un acto, esto es, la inscripción sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, dado que los derechos provienen del acto jurídico declarado y no de la inscripción cuya finalidad, como se dijo, es dar publicidad al acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1408 del Código Civil del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho". De igual manera resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros". En consecuencia, lo que legalmente procede es conceder a ********************, por su propio y personal derecho, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto siguiente: El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, deje insubsistente el embargo de fecha once de mayo de dos mil veintitrés, decretado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, sobre los tablajes catastrales cinco mil quinientos cincuenta y seis (********************) y cinco mil trescientos sesenta y cinco (5365), ambos de la localidad y municipio de ********************, Yucatán, y ordene su cancelación en la oficina registral correspondiente, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, del texto y rubro siguientes: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad, así como al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Motul, Yucatán, por no reclamarse por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 89, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclamó al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán y al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, así como al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Motul, Yucatán, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio de los informes justificados que se relacionan en el proveído de siete de los corrientes. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán (16884) y actuario de su adscripción (16883), y anexo que se acompaña al primero. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: por cuanto que el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Motul, Yucatán, no han rendido su informe justificado correspondiente a la ampliación de la demanda, ni tampoco obra constancia de que hubiesen recibido el correspondiente oficio con el que se les solicitó. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese por lista de estrados.

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