Dagoberto Ramos Gutierrez
Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2021
Partes del expediente
- Dagoberto Ramos Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
..En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de veinticinco de enero del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. ..
- Principal
Agréguese únicamente a los autos para que obre como corresponda el oficio 11741/2020, dirigido al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, devuelto por el Administrador de Correos de México, residente en esta ciudad, mediante el cual, se acusó recibo del expediente 681/2020, del índice de este Juzgado; toda vez que, dicha misiva también fue enviada vía interconexión el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, como se advierte del acuse de recibo respectivo. Por otro lado, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. No se soslaya que Edgar de Jesús Gómez Guillen, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante escrito recibido el dieciocho de diciembre de la anualidad pasada, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, remitido el veintiuno de diciembre siguiente, a este Juzgado Federal, pretendió dar cumplimiento a la citada prevención; sin embargo, carece de atribuciones legales conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo1, por las siguientes consideraciones: En principio, cabe señalar que en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se señalaron como actos reclamados la orden de aprehensión y su ejecución. Ahora, tal como se estableció en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, el ejercicio de la acción constitucional corresponde a la quejosa o a su representante y como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, la aclaración de la demanda, sólo puede ser realizada por la quejosa o su representante y no por el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración que el autorizado de la quejosa cuenta con facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación, de ahí que no procedía acordar favorable el escrito mencionado2. ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." 2 Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 9 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero- Junio de 1989, página 295, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe Máxime que, del contenido del auto de prevención de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, destaca que se requirió al quejoso para que dentro del término de cinco días, precisara, entre otras cosas, si de lo que se dolía era únicamente de la integración de una carpeta de investigación y en su caso si se lo atribuía únicamente a las autoridades ministeriales que cita, indicando a cuál o si lo que reclamaba era nada más la orden de aprehensión emitida en su contra precisando a qué autoridad judicial en específico se la atribuía; y, en su caso, manifestara por qué razón señalaba como responsables a autoridades ministeriales que no son competentes para librar una orden de aprehensión. De igual forma, se le requirió para que bajo protesta de decir verdad, manifestara a manera de antecedentes, porqué concretamente señalaba como responsables ordenadoras a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Villa Comaltitlán, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, Juzgado de Control del Centro de Readaptación Social número 14 el Amate, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, con residencia en Huixtla, Chiapas; y como responsables ejecutoras a la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Policía Especializada adscrita a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad y Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Villa Comaltitlán, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas; y no únicamente a las autoridades del lugar donde reside, sobre todo, porque adujo que elementos policíacos lo habían estado buscando en su domicilio, ubicado en Pijijiapan, Chiapas, pero de su credencial de elector se advierte también el ubicado en Escuintla, Chiapas, siendo inverosímil que todas y precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." cada una de las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten al mismo tiempo los actos que reclama. Además, debía precisar dónde podía tener ejecución el acto reclamado, señalando por qué motivo consideraba que podría ser ejecutado en ese lugar; por qué razón señalaba como responsable ordenadora a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio y a la Policía Especializada adscrita a dicha fiscalía. De igual forma, tomando en consideración que Iván Trujillo Santiago, en representación del quejoso Dagoberto Ramos Gutiérrez, promovió el diverso juicio de amparo 728/2020, del índice de este Juzgado, en el que, aparentemente, reclamó actos privativos de la libertad ya ejecutados y designó como responsables a autoridades que también menciona en la demanda que dio origen al presente asunto; debía precisar si en realidad se dolía de los mismos actos reclamados en el citado juicio de amparo o cuál era la relación que guardaban ambas demandas o bien cuál era la diferencia entre la demanda promovida en el juicio de amparo 728/2020, del índice de éste Juzgado y la que dio origen al presente juicio; así también si había promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra el acto reclamado o alguno relacionado. Por tanto, tomando en consideración que se previno al quejoso para que manifestara diversas cuestiones bajo protesta de decir verdad, y el escrito del autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no tiene ese valor, pues dicho acto constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió3. 3 Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014 Tomo I, con registro digital 2007285, visible en la página 210, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA."??????????????? En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Por consiguiente, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, por medio del cual, el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso. Al efecto, es necesario precisar que si bien en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos regulada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, lo que implicaba su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Lo cierto es que mediante circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Además, en el Acuerdo General 13/2020, modificado por los diversos 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que de manera interna y sin acceso al público, debido a que las instalaciones de los órganos jurisdiccionales permanecerían cerradas, se reanudaría la actividad jurisdiccional en mayor escala, para dar seguimiento oficioso a los asuntos que se hubiesen radicado al calificarlos como "urgentes", para atender las decisiones que no requirieran audiencias, así como aun requiriéndolas implicaran peligro a la vida o la integridad de las personas; también, para los asuntos cuya tramitación se encontrara integrada y lista para resolución, de igual manera, para los asuntos que se hubieran tramitado mediante "juicio en línea", debiendo practicarse las actuaciones de trámite que pudieran decidirse y acordarse por escrito y que permitieran la integración y resolución de expedientes, ello en términos de los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del apuntado Acuerdo General. Por otro lado, el artículo 24, fracción II del Acuerdo General 13/2020 en mención, estableció que dentro de los asuntos ya radicados y que deberían continuarse pese a no calificarse como "urgentes" en términos de su artículo 4, se destacan enunciativamente algunos que se deben priorizar, esto es, entre otros, los juicios de amparo donde se reclamen: órdenes de aprehensión y actos que impliquen una afectación directa o indirecta a la libertad personal dentro del procedimiento (tales como los derivados de solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión, de libertad provisional, o para hacer efectivo un beneficio de ejecución de pena que suspenda la privación de libertad). En tal virtud, toda vez que en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se señalaron como actos reclamados la orden de aprehensión y su ejecución. Atento a lo anterior, se provee al respecto: Tomando en consideración que es el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, por tanto, dígasele que carece de atribuciones legales conforme con lo establecido por el citado artículo 12 de la ley de la materia; de ahí que no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona. Lo anterior, toda vez que, el ejercicio de la acción constitucional corresponde a la quejosa o a su representante y como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, la aclaración de la demanda, sólo puede ser realizada por la quejosa o su representante y no por el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración que el autorizado de la quejosa cuenta con facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación, de ahí que no proceda acordar favorable el escrito mencionado. Tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 9 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 295, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." No pasa inadvertido que el autorizado de la parte quejosa, refiere que el directo impetrante .. promovió el diverso juicio de amparo 728/2020, del índice de este juzgado, en el que reclamó la ejecución de la orden de aprehensión dictada su contra reclamada en el presente juicio, por lo que, indica que éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 7, con sede en Huixtla, Chiapas, lo cual se corrobora del contenido de las constancias relativas al diverso juicio de amparo en mención, lo que se tiene como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Por lo tanto, aunque se colige que el aquí quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario, no se advierte motivo alguno que le impida signar por sí mismo el escrito aclaratorio, máxime que en el juicio de amparo 728/2020, del índice de este juzgado, se decretó la suspensión de plano de la incomunicación que reclamaba únicamente de los agentes aprehensores que llevaron a cabo su detención, por lo que, de lo manifestado por su autorizado no se desprende que se encuentre incomunicado en el centro de reclusión en el que fue a disposición del juez responsable. Además, es menester precisar que de las constancias relativas al juicio de amparo citado en párrafo que antecede, en específico del informe rendido por el Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad y anexos, se advierte que el treinta y uno de agosto del presente año, se dictó orden de aprehensión en contra del peticionario del amparo en la causa penal 34/2020, del índice del Juzgado de Control, con sede en Huixtla, Chiapas, por su probable participación en el delito de homicidio doloso, el cual es de los considerados de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional; asimismo, tal como lo refiere el autorizado del quejoso, se observa que la orden de aprehensión reclamada por el impetrante se cumplimentó el catorce de diciembre del año en curso y éste fue puesto a disposición del Juez de Control, con sede en Huixtla, Chiapas, en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 7, con sede en esa misma población. En ese sentido, toda vez que el delito por el que se dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso es de los considerados de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional, aunque el presente juicio constitucional se hubiera admitido y concedido la suspensión provisional, el único efecto hubiera sido que quedara a disposición de este Tribunal Federal en el lugar que, de ejecutarse, fuera recluido, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que correspondiera conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, de conformidad con los artículos 163 y 166, fracción I de la Ley de Amparo y no para que el impetrante no fuera detenido. Sobre todo pues si bien el autorizado del quejoso señala que éste promovió la demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión porque temía que se le ocasionaran actos de tortura y azotes al ser detenido, lo cierto es que en el momento de la presentación de la demanda, la detención del peticionario del amparo no se había ejecutado, por lo que, dichos actos eran futuros e inciertos, de ahí que no era procedente conceder la suspensión de plano al respecto, lo que si se concedió en el citado juicio de amparo 728/2020, una vez que el quejoso reclamó su detención, para el efecto de que cesara la incomunicación, torturas, azotes, malos tratos o cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional de los que fuera objeto el quejoso. De ahí que, contrario a lo que menciona el promovente, no es dable considerar que el trámite del presente asunto haya ocasionado daño alguno al quejoso.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual devuelve el original del expediente de amparo 681/2020, promovido por ***, contra actos de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, toda vez que no aceptó la competencia que se le declinó por auto de uno de diciembre de dos mil veinte. Aduce la autoridad oficiante, que no acepta la competencia declinada porque, a su criterio, los actos reclamados pudieran tener ejecución en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por haberse señalado autoridades ejecutoras (Policía Especializada adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas y Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) de esta ciudad. A pesar de que no se comparte esa determinación, por el momento se estima no insistir en declinar la competencia hasta en tanto se cuente con mayores elementos, por lo que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio de garantías. Consecuentemente, glósese al original del presente juicio de amparo, únicamente las actuaciones originales que están en el cuadernillo de antecedentes que se formó en sustitución del expediente original, por lo que se ordena al Actuario Judicial de este Juzgado, la destrucción de las copias que obran en el mismo, puesto que se trata de copias que ya integran el presente juicio, y acúsese recibo de estilo correspondiente. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES En el caso concreto, del contenido integral de la demanda, se advierte que en el capítulo relativo al acto reclamado, la parte quejosa señala la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Además, designa como responsables ordenadoras a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Villa Comaltitlán, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, Juzgado de Control del Centro de Readaptación Social número 14 el Amate, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, con residencia en Huixtla, Chiapas; y como responsables ejecutoras a la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Policía Especializada adscrita a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad y Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Villa Comaltitlán, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas. Por otra parte, en el apartado de antecedentes, refiere que el veintisiete de noviembre del dos mil veinte, personas que dijeron ser elementos de la policía ministerial se han presentado a su domicilio, asimismo, que los referidos policías le han dicho a sus familiares que lo buscan porque lo andan investigando y que traían una orden de aprehensión en su contra, la cual había sido librada por el Juez Penal. Además, tomando en consideración que el quejoso precisa que su domicilio particular se encuentra en la ***. Asimismo, anexa copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso, del cual se advierte un domicilio ubicado en ***, Chiapas. De lo expuesto, no se advierte con claridad, el lugar dónde el quejoso considera podría tener ejecución la orden que reclama, pues señala a diversas autoridades tanto ordenadoras como ejecutoras, con residencia en Villa Comaltitlán, Huixtla, Cintalapa de Figueroa, así como en esta ciudad, sin indicar porque considera que en esas sedes también podría tener emisión y ejecución la orden privativa de libertad reclamada, sobre todo, porque adujo que elementos policíacos lo han estado buscando en su domicilio, ubicado en **, pero de su credencial de elector se advierte también el ubicado en **. De modo que debe aclarar específicamente en qué lugar considera que tendrá ejecución dicha orden. Antecedentes que resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo; esto, porque, como se dijo, así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia. En ese orden, es necesario que la parte quejosa amplíe los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, todos los hechos y abstenciones que le constan. Sobre el particular, en la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, a pesar de que aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, debe prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y haga el señalamiento condigno. De ahí, que deberá aclarar en qué lugar considera que deberá tener ejecución la orden reclamada, por qué motivo considera que podría ser ejecutada en ese lugar, así como aclarar por qué señaló autoridades ejecutoras con residencia en esta ciudad, Villa Comaltitlán, Huixtla y Cintalapa, Chiapas y no solo a autoridades con sede en la población en que tiene su domicilio. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." De igual manera, es un hecho notorio para este juzgador, que **, en representación del quejoso **, promovió el diverso juicio de amparo 728/2020, del índice de este Juzgado, en el que, aparentemente, reclamó actos privativos de la libertad ya ejecutados y designó como responsables a autoridades que también menciona en la demanda que dio origen al presente asunto, sin que precisara qué relación guardan las dos demandas o cuál es la diferencia entre ambas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, visible en la página 10, del rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).". En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precise: A) Tomando en consideración que la parte quejosa menciona que los policías que se han presentado a su domicilio le han dicho a sus familiares que lo buscan porque lo andan investigando, deberá precisar si de lo que se duelen es únicamente de la integración de una carpeta de investigación y en su caso si se lo atribuye únicamente a las autoridades ministeriales que cita, indicando a cuál o si lo que reclama es nada más la orden de aprehensión emitida en su contra precisando a qué autoridad judicial en específico se la atribuye. B) En su caso, deberá manifestar por qué razón señala como responsables a autoridades ministeriales que no son competentes para librar una orden de aprehensión. De igual forma, bajo protesta de decir verdad, manifieste: C) A manera de antecedentes, precise porqué concretamente señala como responsables ordenadoras a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Villa Comaltitlán, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, Juzgado de Control del Centro de Readaptación Social número 14 el Amate, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, con residencia en Huixtla, Chiapas; y como responsables ejecutoras a la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Policía Especializada adscrita a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con residencia en esta ciudad y Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Villa Comaltitlán, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas; y no únicamente a las autoridades del lugar donde reside, sobre todo, porque adujo que elementos policíacos lo han estado buscando en su domicilio, ubicado en **, pero de su credencial de elector se advierte también el ubicado en **, siendo inverosímil que todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten al mismo tiempo los actos que reclama. D) Precise, dónde puede tener ejecución el acto reclamado, señalando por qué motivo considera que podría ser ejecutado en ese lugar. E) Manifieste por qué razón señala como responsable ordenadora a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio y a la Policía Especializada adscrita a dicha fiscalía. F) Tomando en consideración que *** Gutiérrez, promovió el diverso juicio de amparo 728/2020, del índice de este Juzgado, en el que, aparentemente, reclamó actos privativos de la libertad ya ejecutados y designó como responsables a autoridades que también menciona en la demanda que dio origen al presente asunto; deberá precisar si en realidad se duele de los mismos actos reclamados en el citado juicio de amparo o cuál es la relación que guardan ambas demandas o bien cuál es la diferencia entre la demanda promovida en el juicio de amparo 728/2020, del índice de éste Juzgado y la que dio origen al presente juicio. G) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra el acto reclamado o alguno relacionado; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y de sus autorizados que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que si opta por dar cumplimiento de forma física a la prevención de mérito, deberá exhibir diez copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que siete son para las autoridades responsables, dos para el incidente de suspensión, y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio.
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