Dafni David López Santiz
Expediente 1183/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2019
Partes del expediente
- Dafni David López Santiz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (foja 32), dentro del término concedido por los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en el que se tuvo por no presentada la demanda en este expediente de amparo, se declara que aquél ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.
- Principal
SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Dafni David López Santiz, contra actos del Director del Periódico Oficial del Estado de Chiapas y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1183/2019-1-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones del quejoso son imprecisas, es así, pues para empezar la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: 1. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, con domicilio en la 1ª. Norte Oriente Número 200 de esta Ciudad Capital. La Publicación del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de las Margaritas, Chiapas ya que no contempla en cada una de sus partes un procedimiento administrativo específico sancionador que durante la notificación de la suspensión provisional por no aprobar los exámenes de control y confianza que se corra traslado de cada una de las evaluaciones, y se le conceda un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, lo anterior viola sus derechos constitucionales de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho a un Recurso Efectivo. 2. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS con domicilio conocido en el municipio de las Margaritas, Chiapas. La pretensión de dar de baja y la orden de notificar verbalmente la suspensión provisional de sus sueldos y de sus labores al quejoso sin correrle traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y se le concediera un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues de lo contrario viola mi derecho de audiencia de presunción de inocencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de las Margaritas, Chiapas, por no contemplar durante su creación, autorización, aprobación, publicación, un procedimiento administrativo de separación, que durante la notificación de la suspensión provisional por no aprobar los exámenes de control y confianza, corra traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y conceda un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues lo contrario viola mi derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, con domicilio conocido en el municipio de las Margaritas, Chiapas. La Inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de las Margaritas, Chiapas, por no contemplar durante su creación, autorización, aprobación, publicación, un procedimiento administrativo de separación, que durante la notificación de la suspensión provisional por no aprobar los exámenes de control y confianza, corra traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y conceda un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues lo contrario viola mi derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 4. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, con domicilio conocido en el municipio de las Margaritas, Chiapas. La pretensión de dar de baja y notificación verbal de la suspensión provisional de sus sueldos y de sus labores al quejoso sin correrle traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y se le concediera un plazo razonable para tener la posibilidad de reunir las pruebas en contrario y rendir alegatos suficientes para una adecuada defensa, pues lo contrario viola mi derecho de audiencia y de ofrecer pruebas en contrario consagrados en los artículos 16 y 19 Constitucionales, y de un Recurso Efectivo consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como se advierte, por un lado reclama del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, la pretensión de dar de baja y la orden de notificar verbalmente la suspensión provisional de sus sueldos y labores; y por otro, al Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, atribuye la pretensión de dar de baja y notificación verbal de la suspensión provisional de sus sueldos y de sus labores, sin correr traslado de cada una de las evaluaciones aprobadas o no aprobadas y se le concediera un plazo razonable para poder reunir pruebas y rendir alegatos para una adecuada defensa; sin embargo, en el punto dos del capítulo de antecedentes, afirmó que el Presidente Municipal ordenó al Director de Seguridad Pública Municipal que le entregara un documento del Centro Estatal de Control y Confianza Municipal, en el que se especificaba que no aprobó el examen de control y confianza. De ahí, que no resulten claras sus manifestaciones, pues por un lado refiere que no le corrieron traslado con las evaluaciones, mientras que por otro, señala que se le entregó un documento que especificaba que no aprobó el examen de control y confianza. Asimismo, del Presidente Municipal Constitucional y Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas, reclama la inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de Las Margaritas, Chiapas; pero no precisa si aquella inconstitucionalidad deriva de un artículo en particular, si la reclama como norma heteroaplicativa o autoaplicativa, y en su caso, cuál es el primer acto de aplicación y a qué autoridad se lo atribuye. Luego, refiere que aquella norma no contempla durante su creación, autorización, aprobación, publicación, un procedimiento administrativo de separación; sin que se advierta, si lo que realmente pretende reclamar es una omisión legislativa, o si lo menciona como parte de sus argumentos de inconformidad. Cabe apuntar que los actos reclamados en el juicio constitucional deben ser una conducta (activa o pasiva) atribuible a la autoridad responsable, mientras que las calificativas y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen un concepto de violación. Es De lo expuesto, se advierte la necesidad de que precise con claridad cuál es el acto o actos de los que se duele, esto es, la conducta activa o pasiva que le agravia y las autoridades a quienes en particular los atribuye, absteniéndose de formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales. Cabe precisar que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. En otro aspecto, se observa que la última hoja de la demanda de amparo, en la que se encuentra plasmada la firma, aparentemente, del quejoso (foja 14), es de tamaño distinto a las restantes, además en la parte inferior derecha, se advierte que tiene el folio 6, mientras que la hoja anterior tiene el folio 12, es decir, no son consecutivas, lo que hace dubitativa la voluntad del promovente de instar el presente juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en los numerales 108 fracciones III, IV, V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que ahora se dicta, manifieste cuál es el acto o actos que reclama en el presente juicio de amparo y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; esto es, precise de forma específica: A) Si lo que realmente reclama es el inicio de un procedimiento administrativo de separación de su cargo como policía municipal, de ser así, precise a qué autoridad en particular se lo atribuye y, en su caso, si los demás actos los refiere como antecedentes, consecuencia y violaciones al procedimiento referido en primer término. B) En ese supuesto, deberá precisar el número del procedimiento administrativo de separación que se sigue en su contra y la fecha en que tuvo conocimiento de su existencia. C) Precise si reclama de manera preponderante la suspensión provisional de su cargo sin derecho a sueldo, o si sólo lo menciona como una posible consecuencia del acto reclamado en primer término. D) Asimismo, precise qué acto en concreto reclama cuando refiere la pretensión de dar de baja, o si aquel acto sólo lo menciona como una posible consecuencia del procedimiento señalado en primer término. E) Si señala de manera preponderante la inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva Municipal de Las Margaritas, Chiapas; en ese caso, precise qué precepto en específico tilda de inconstitucional, debiendo especificar qué acto en concreto reclama de cada una de la autoridades que intervinieron en su proceso legislativo; además de señalar si la reclama como una norma autoaplicativa o heteroaplicativa; y en su caso, cuál es el acto de aplicación, a qué autoridad se lo atribuye, cuándo le fue notificado o en su defecto cuándo conoció de aquel. F) O bien, precise si lo que realmente pretende reclamar en una omisión legislativa, de ser así, señale en concretó en qué consiste aquella omisión. G) En caso de señalar diverso acto relacionado con las manifestaciones realizadas en su demanda, deberá precisar cuál es el acto de que se duele, esto es, la conducta (activa o pasiva), que se atribuye a la autoridad responsable, absteniéndose de formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifieste: H) Si actualmente se encuentra activo, o en su caso, cuándo dejó de laborar. I) Desde cuándo dejó de percibir su sueldo y cómo tuvo conocimiento de ello. J) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Dígase al quejoso que deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. Por otra parte, a efecto de corroborar la voluntad del quejoso de promover la presente demanda, requiérasele para que en el término señalado: K) Comparezca a este Juzgado de Distrito en día y hora hábil, debidamente identificado, con documento oficial vigente que contenga su fotografía, a efecto de que en diligencia formal, con el apercibimiento de ley, manifieste lo que a su interés legal convenga sobre el reconocimiento de la firma que contiene el escrito de demanda. L) Asimismo, en el acto de la diligencia, bajo protesta de decir verdad, manifestará si es su voluntad promover la presente demanda. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento del quejoso y de su autorizado que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberán exhibir siete copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que cuatro son para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Celestino Ramírez, y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. COPIAS. Respecto de las copias de la suspensión provisional y definitiva que solicita, dígase al promovente que deberá formular tal petición en el momento procesal oportuno. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, en relación a su solicitud de tomar de placas fotográficas; hágase de su conocimiento que, considerando que la anterior solicitud prácticamente implica solicitar copias simples de todo lo actuado; en consecuencia, a fin de garantizar la adecuada defensa de la parte quejosa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se autoriza a los promoventes, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar a la parte quejosa la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a la parte quejosa, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto del solicitante, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
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