DAGOBERTO ORELLANA VILLALOBOS y Otros.

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Dagoberto Orellana Villalobos
  • DAGOBERTO ORELLANA VILLALOBOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, mediante el cual informa que el procedimiento administrativo migratorio de los directos quejosos se tuvo por concluido el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, y al efecto remite las constancias respectivas. Remisión de constancias a juzgado competente. Atendiendo que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva este asunto, el cual radicó con el número 1619/2022, remítansele el oficio de cuenta, para que se encuentre en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Se devuelve al archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, devuélvase el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 438/2022-V (orden 538/2022-V), del índice de este Juzgado; sin que sea necesario remitir el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que el mismo es generado al momento del envío de dicha comunicación. Remisión de constancias a juzgado competente. Atendiendo que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva este asunto, el cual radicó con el número 1619/2022, remítansele el oficio de cuenta, en términos de lo ordenado en el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Archivo. Finalmente, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, devuélvanse los autos al archivo de este Juzgado. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, en el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al cual transcribe el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de los actos reclamados derivados del juicio de amparo en que se actúa, quedando registrado con el número de expediente 1619/2022. Remisión de constancias. Como lo solicita, infórmesele que una vez que sea devuelto el exhorto 438/2022 (orden 538/2022), del índice de este juzgado, ordenado mediante proveído de diecisiete de septiembre del presente año, se remitirá de inmediato al órgano constitucional de referencia, a fin de que se encuentre en aptitud de continuar con el trámite del asunto. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente auxiliar es destruible, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintidós. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. Visto el estado de autos, particularmente el informe signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, registrado con el número de correspondencia interna 17897, se advierte que los quejosos fueron detenidos en Guadalupe, Nuevo León y alojados en la estación migratoria de dicha ciudad. En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El referido artículo 37 de la Ley de Amparo contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, la orden de detención, retención, de los directos quejosos, y como consecuencia de ello, la orden de deportación librada en su contra, lo que se traduce en su retorno asistido o retorno voluntario y siendo que los mismos fueron detenidos y alojados en Guadalupe, Nuevo León; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos tienen ejecución material en dicha ciudad, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En efecto, se tiene conocimiento de que los quejosos fueron detenidos y alojados en la Estación Migratoria en Guadalupe, Nuevo León, atendiendo a la información proporcionada por la autoridad responsable en su informe respecto de la suspensión de plano. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tienen ejecución los actos reclamados y residen las autoridades responsables a quienes se les atribuyen, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con copia certificada de las constancias que obran en este asunto. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en turno.

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