DACIEL LAHERA SALINAS y Otros.
Expediente 1676/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1676/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Daciel Lahera Salinas
- DACIEL LAHERA SALINAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en el cual informa que por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de los actos reclamados derivados del juicio de amparo en que se actúa, quedando registrado con el número de expediente 187/2023. Vinculación de expediente electrónico. A efecto de que el Juzgado de Distrito referido se imponga de la totalidad de las constancias que integran el asunto en que se actúa, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), a través del apartado denominado vinculación en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto; por tanto, se instruye a la Analista Jurídica de este Órgano Jurisdiccional, para que realice las acciones pertinentes para permitir lo anterior. Archivo. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente auxiliar es destruible, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad. Notifíquese por medio de lista y por oficio al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se declaró la incompetencia legal para conocer del presente juicio de amparo 1676/2022-II, misma que se envió a través de mensajería privada acelerada "Estafeta", sin embargo, al final del acuerdo en cita, se generó el exhorto 237/2023-II, orden 272/2023-II, dirigido al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con Residencia en Monterrey, en turno. En ese sentido, toda vez que del contenido de dicho acuerdo no se advierte el motivo para generar el exhorto antes citado y este no se estima necesario, en razón de que como se indicó, el juicio de amparo original fue enviado por mensajería privada "Estafeta" al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con Residencia en Monterrey, en turno; en consecuencia, déjese sin efectos el exhorto 237/2023-II, orden 272/2023-II, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por medio de lista; y cúmplase.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Consulta de constancias. Visto el estado que guardan los autos, así como del oficio recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, con número de control interno 24583 y las constancias remitidas por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, se advierte, que la oficiante manifiesta que los quejosos fueron detenidos dentro de una revisión migratoria por dicha autoridad en el territorio del estado de Nuevo León, por no comprobar tener una condición de estancia regular en el territorio nacional. Circunstancia que también se robustece con las diversas constancias remitidas de las que se desprende que los extranjeros, aquí quejosos ********************y********************, fueron detenidos (rescatados), en el tramo de Nuevo León, ya que no acreditaron su legal estancia en el país. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. De lo expuesto se advierte que los quejosos fueron detenidos en el estado de Nuevo León, en específico en el tramo de la carretera de Nuevo León, al encontrarse con una revisión por parte de agentes de migración, quienes marcaron el alto al autobús en donde viajaban y, posteriormente fueron alojados en la estación migratoria en dicha entidad federativa. En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, la detención del quejoso y como consecuencia de ello la incomunicación y malos tratos de que estaba siendo objeto, y siendo que estos fueron detenidos en el estado Nuevo León, y posteriormente alojados en la Estación Migratoria de dicha entidad federativa; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos comenzaron a ejecutarse y continuaron ejecutándose materialmente en dicha entidad, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, EN TURNO, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde comenzaron a ejecutarse y continuaron ejecutándose los actos reclamados, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés. Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuadernillo de incompetencia con copia de las constancias que obran en este asunto extraídas electrónicamente. Vinculación de expediente. A efecto de que el Juez de Distrito referido se imponga de la totalidad de las constancias que integran el asunto en que se actúa, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), a través del apartado denominado vinculación en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto; por tanto, se instruye a la Analista Jurídica de este Órgano Jurisdiccional, para que realice las acciones pertinentes para permitir lo anterior. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Juez de Distrito citado.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de enero del año en curso, e informa que no cuenta con ningún expediente migratorio a nombre de los aquí quejosos. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
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