Dagoberto Abelardo Martínez Hernández

Expediente 1197/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1197/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Dagoberto Abelardo Martínez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.1197/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de diecisiete de octubre del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Devolución de documento. Por otro lado, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en el acuse original del escrito de once de julio de dos mil veintidós, firmado por *******, autorizado del quejoso *******z, presentado ante la *********, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicha constancia, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida en su momento junto con el expediente. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será DESTRUIBLE, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 1197/2022 Acuerdo: PRAL.1197/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de diecisiete de octubre del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Devolución de documento. Por otro lado, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa, consistente en el acuse original del escrito de once de julio de dos mil veintidós, firmado por *******, autorizado del quejoso *******z, presentado ante la *********, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicha constancia, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida en su momento junto con el expediente. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será DESTRUIBLE, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario(a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1197/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el trece de octubre de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional el catorce de octubre del año en curso, promovida por Dagoberto Abelardo Martínez Hernández, a través de su autorizado legal Juan Miguel Luis López, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1197/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Dagoberto Abelardo Martínez Hernández, a través de su autorizado legal Juan Miguel Luis López, reclama lo siguiente: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca: El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós dictado en el juicio de nulidad 4394/19-15-01-1, por el cual se desechó por improcedente el recurso de queja que promovió. Del subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La falta de cumplimiento de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4394/19-15-01-1. La falta de pago de las diferencias determinadas en la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4394/19-15-01-1, respecto a la plaza E0281 "Maestro de Grupo de Primaria Foráneo"; así como la falta de pago de las diferencias de los incrementos a la pensión, a partir del veinticuatro de abril de dos mil catorce y hasta el cumplimiento de la sentencia. Por su parte, resulta necesario precisar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." (Lo resaltado es propio). Como se ve, del análisis conjunto de los preceptos transcritos se puede advertir el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional, el cual se materializa en la figura procesal de la parte quejosa, que implica, en lo sustancial, que solamente aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo que considere afectado por el acto de autoridad, podrá instarlo ya sea por propio derecho, su representante legal o apoderado. En ese sentido, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte lo siguiente: La demanda de amparo fue promovida por el licenciado Juan Miguel Luis López, quien dijo ser autorizado de Dagoberto Abelardo Martínez Hernández. El promovente licenciado Juan Miguel Luis López refirió que el trece de noviembre de dos mil diecinueve, el directo quejoso acudió a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a demandar la nulidad contra la resolución de negativa ficta a su solicitud, radicándose bajo el número 4394/19-15-01-1. En acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, se tuvo al licenciado Juan Miguel Luis López, como autorizado de la parte actora en términos del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho lo anterior se sigue que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada, debido a que al promovente licenciado Juan Miguel Luis López le reviste el carácter de autorizado en términos del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en el juicio natural 4394/19-15-01-1 tramitado por la parte actora, aquí quejoso Dagoberto Abelardo Martínez Hernández. Sin embargo, tal autorización no tiene el alcance de tenerlo como representante legal o apoderado en los términos del artículo 6, párrafo primero, de la ley de Amparo, porque dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio natural (expediente 4394/19-15-01-1), ya que el alcance de las facultades ".para rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos." que estable el numeral 5, quinto párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo solo se limitan a la tramitación del proceso de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal o apoderado; ello es así, porque debe advertirse el contexto en el cual se da dicha facultad, es decir, dentro de un juicio seguido bajo las reglas de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; empero, este juicio de amparo constituye un medio de control constitucional de carácter extraordinario y no una instancia procesal más prevista por esa codificación. Además, porque esa autorización, se reitera, no confiere al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades de defensa se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que la parte autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las 'facultades' que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó. Esto es, los actos directamente vinculados con la formulación de la demanda de amparo, en todo caso, son exigibles a Dagoberto Abelardo Martínez Hernández, o a su representante legal o apoderado, carácter que hasta el momento de la presentación de la demanda no acreditó tener Juan Miguel Luis López, aun cuando fue autorizado en términos del artículo 5, párrafo quinto, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues esa autorización no se equipara a una representación, menos para representarlo fuera del juicio en el que fue autorizado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 327, registro 2005035, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio". (Lo resaltado es propio) Así como la tesis XIX.1o.A.C.30 C, por los razonamientos expuestos, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 70, septiembre de 2019, Tomo III, página 1808, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la demanda sea promovida por quien no resulte ser el titular del derecho subjetivo que se alega afectado de manera real y actual, por el acto reclamado; cuando no sea promovida por el representante legal o apoderado del quejoso; o bien, cuando el quejoso no la promueva por conducto de su representante legal o apoderado. Es decir, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que obliga a que la demanda sea promovida por quien se ve directamente afectado por el acto reclamado, por lo que es necesario que ésta sea firmada por el quejoso, su representante legal o apoderado, ya que sólo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado es quien está legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, lo que puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso, su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, porque dicha autorización con la que cuenta, no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las "facultades amplias" que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó, pero no para representar a la autorizante fuera de ese procedimiento". (Lo resaltado es propio) 5. Determinación. Por lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA, DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. 6. Domicilio. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. 7. Autorización de correo electrónico y teléfono. Por otra parte, el correo electrónico y teléfono proporcionados en la demanda de amparo no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones que en su caso se realicen de forma personal. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción, que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO de expediente: 1197/2022 Acuerdo: PRAL.1197/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el trece de octubre de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional el catorce de octubre del año en curso, promovida por Dagoberto Abelardo Martínez Hernández, a través de su autorizado legal Juan Miguel Luis López, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1197/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Dagoberto Abelardo Martínez Hernández, a través de su autorizado legal Juan Miguel Luis López, reclama lo siguiente: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca: El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós dictado en el juicio de nulidad 4394/19-15-01-1, por el cual se desechó por improcedente el recurso de queja que promovió. Del subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La falta de cumplimiento de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4394/19-15-01-1. La falta de pago de las diferencias determinadas en la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4394/19-15-01-1, respecto a la plaza E0281 "Maestro de Grupo de Primaria Foráneo"; así como la falta de pago de las diferencias de los incrementos a la pensión, a partir del veinticuatro de abril de dos mil catorce y hasta el cumplimiento de la sentencia. Por su parte, resulta necesario precisar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." (Lo resaltado es propio). Como se ve, del análisis conjunto de los preceptos transcritos se puede advertir el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional, el cual se materializa en la figura procesal de la parte quejosa, que implica, en lo sustancial, que solamente aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo que considere afectado por el acto de autoridad, podrá instarlo ya sea por propio derecho, su representante legal o apoderado. En ese sentido, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias exhibidas por la parte quejosa, se advierte lo siguiente: La demanda de amparo fue promovida por el licenciado Juan Miguel Luis López, quien dijo ser autorizado de Dagoberto Abelardo Martínez Hernández. El promovente licenciado Juan Miguel Luis López refirió que el trece de noviembre de dos mil diecinueve, el directo quejoso acudió a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a demandar la nulidad contra la resolución de negativa ficta a su solicitud, radicándose bajo el número 4394/19-15-01-1. En acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, se tuvo al licenciado Juan Miguel Luis López, como autorizado de la parte actora en términos del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho lo anterior se sigue que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada, debido a que al promovente licenciado Juan Miguel Luis López le reviste el carácter de autorizado en términos del artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en el juicio natural 4394/19-15-01-1 tramitado por la parte actora, aquí quejoso Dagoberto Abelardo Martínez Hernández. Sin embargo, tal autorización no tiene el alcance de tenerlo como representante legal o apoderado en los términos del artículo 6, párrafo primero, de la ley de Amparo, porque dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio natural (expediente 4394/19-15-01-1), ya que el alcance de las facultades ".para rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos." que estable el numeral 5, quinto párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo solo se limitan a la tramitación del proceso de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal o apoderado; ello es así, porque debe advertirse el contexto en el cual se da dicha facultad, es decir, dentro de un juicio seguido bajo las reglas de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; empero, este juicio de amparo constituye un medio de control constitucional de carácter extraordinario y no una instancia procesal más prevista por esa codificación. Además, porque esa autorización, se reitera, no confiere al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades de defensa se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que la parte autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las 'facultades' que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó. Esto es, los actos directamente vinculados con la formulación de la demanda de amparo, en todo caso, son exigibles a Dagoberto Abelardo Martínez Hernández, o a su representante legal o apoderado, carácter que hasta el momento de la presentación de la demanda no acreditó tener Juan Miguel Luis López, aun cuando fue autorizado en términos del artículo 5, párrafo quinto, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues esa autorización no se equipara a una representación, menos para representarlo fuera del juicio en el que fue autorizado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 327, registro 2005035, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio". (Lo resaltado es propio) Así como la tesis XIX.1o.A.C.30 C, por los razonamientos expuestos, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 70, septiembre de 2019, Tomo III, página 1808, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la demanda sea promovida por quien no resulte ser el titular del derecho subjetivo que se alega afectado de manera real y actual, por el acto reclamado; cuando no sea promovida por el representante legal o apoderado del quejoso; o bien, cuando el quejoso no la promueva por conducto de su representante legal o apoderado. Es decir, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que obliga a que la demanda sea promovida por quien se ve directamente afectado por el acto reclamado, por lo que es necesario que ésta sea firmada por el quejoso, su representante legal o apoderado, ya que sólo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado es quien está legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, lo que puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso, su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, porque dicha autorización con la que cuenta, no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las "facultades amplias" que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó, pero no para representar a la autorizante fuera de ese procedimiento". (Lo resaltado es propio) 5. Determinación. Por lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, 5, fracción I y 6, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA, DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. 6. Domicilio. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. 7. Autorización de correo electrónico y teléfono. Por otra parte, el correo electrónico y teléfono proporcionados en la demanda de amparo no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones que en su caso se realicen de forma personal. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción, que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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