Cuauhtémoc Ramírez Ortega
Expediente 1221/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Ramírez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
PRAL.1221/2021.MESA-3 Visto para resolver el juicio de amparo 1221/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Cuahutémoc Ramírez Ortega, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Delegación en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 1221/2021, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento, en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno se previno a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al notificador adscrito a la Delegación de la procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, quien, mediante ocurso presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, manifestó lo concerniente; por ello, en auto de veinticinco de enero de este año se tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto de la citada autoridad. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; en tanto que este asunto es de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Delegación en el Estado de Oaxaca: I. La resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0067-16. Del actuario de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Delegación en el Estado de Oaxaca: II. La ilegal notificación de dicha resolución. De la administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito y del titular de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Oaxaca: III. La ejecución de la citada resolución. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, en representación del 1) titular y del 2) notificador, 3) la encargada del despacho de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Oaxaca y 4) la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1 del Servicio de Administración Tributaria, residentes en Oaxaca de Juárez, negaron los actos reclamados. Al respecto, la primera autoridad remitió copia certificada de diversas constancias del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0067-16, de las cuales se advierte la existencia de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se impuso a la parte quejosa, entre otras cuestiones, una multa de cuatro mil novecientos veintinueve pesos, diez centavos moneda nacional ($4,929.10) y de la notificación de dicha determinación. Por otro lado, la segunda autoridad citada refirió que no se encuentra dentro de sus facultades establecer sanciones económicas, ni realizar requerimientos de pago y embargo. Y la tercera autoridad, administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1 del Servicio de Administración Tributaria, indicó que no tiene registrada ni inventariada para su cobro la multa impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, en dicha resolución. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, con base en las manifestaciones realizadas por las citadas autoridades y con las constancias remitidas por el encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, ya que se aprecia la existencia de la resolución reclamada, de la notificación cuya ilegalidad reclama la parte quejosa y de los actos tendentes a la ejecución de la citada resolución, toda vez que en la citada determinación se ordenó turnar copia certificada de la misma a la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca Uno del Servicio de Administración Tributaria, residente en Oaxaca de Juárez, para que haga efectiva la multa impuesta y a la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Oaxaca, para los efectos legales correspondientes dentro del ámbito de su respectiva competencia. De ahí que dichas negativas quedan desvirtuadas y se tienen como ciertos los actos que se les reclama. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en este asunto se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El artículo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para la suspensión en la Ley de Amparo. Es importante destacar que tal numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de los actos, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso deberá agotar ese medio de impugnación. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En principio, debe destacarse que el solicitante del amparo señala como autoridad responsable, entre otras, al procurador Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca y al notificador adscrito a dicha dependencia; por ende, los actos reclamados provienen de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por otra parte, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resulta procedente el juicio contencioso administrativo federal; a su vez, la mencionada ley orgánica determina en su numeral 3, fracciones XII y XIII, lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.). XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; (.)". En ese sentido, la parte quejosa impugna la 1) resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0067-16, 2) la ejecución de dicha resolución, así como la 3) ilegal notificación de dicha determinación. Actos que hacen evidente la improcedencia de la acción constitucional intentada, pues deben ser combatidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente a la presentación del juicio de amparo, por ser el órgano competente para conocer, substanciar y resolver los juicios que se promuevan contra actos administrativos. Apoya lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.273 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2328, Novena Época, registro 162591, que dice: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LA RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESARROLLADA EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY GENERAL RELATIVA ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, PUEDE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL". En relación con el tema, se tiene que en el juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, tal y como lo señala el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. (REFORMADO, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. (REFORMADA, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Como se ve, en dicha legislación no se exigen mayores requisitos que los previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". En efecto, el primer conjunto normativo señalado precisa que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá si no se afecta el interés social, si no se contravienen disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. También contempla la concesión de la suspensión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, con la fijación discrecional de garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, con la fijación igual de garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. Por tanto, si el referido precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto es improcedente si previamente no se agotó el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atento al principio de definitividad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J 19/2015 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Además, también sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011289, del rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Sin que se advierta que se actualice algún caso de excepción de los señalados en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque la falta de fundamentación que reclama no es absoluta, ya que de la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno se advierte que la autoridad responsable señaló los artículos que sirvieron de sustento para emitir dicha determinación, por ello no carece de fundamentación y motivación. En segundo lugar, tampoco se combaten sólo violaciones directas la Constitución, porque en la demanda se atacan cuestiones de trasgresión al derecho de legalidad previsto en los numerales 14 y 16 constitucionales; esto último traducido en que la responsable no fundó y motivó su actuación, y notificó de manera ilegal la resolución. Máxime que la Segunda Sala del Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido que una violación directa la constituye la falta absoluta de fundamentación y motivación, pues se dejaría al quejoso en estado de indefensión, porque, precisamente, esas carencias le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Como sustento de ello se trae a la vista la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, registro digital 237480, del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION". Así, en este caso, no se actualiza la hipótesis de que solo se hayan hecho valer violaciones directas a la Constitución, porque, como ya se precisó, se citaron preceptos legales en la resolución reclamada, y se advierten razones y circunstancias que se tuvieron en cuenta para emitirla, por lo que no existe una falta absoluta de fundamentación y motivación; con la precisión de que la indebida fundamentación y motivación constituye una cuestión de legalidad, y no de constitucionalidad. No se pierde de vista que en la resolución definitiva, la autoridad responsable asentó que la misma era definitiva en la vía administrativa y que contra ella procedía el recurso de revisión previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sin embargo, existe la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que no es obligatorio agotarlo previo a la promoción del amparo; por ello, en esta resolución no se estableció la procedencia de dicho recurso. Dicha jurisprudencia es la 2a./J. 109/2008, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 232, Novena Época, del rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Máxime que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla lo siguiente: "Artículo. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente". Del precepto legal transcrito se desprende que contra los actos de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, procede recurso de revisión, cuya interposición es optativa, por lo que no es obligatorio en tratándose de actos dictados dentro del mismo que no le hayan puesto fin al procedimiento respectivo. En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte no agotó el principio de definitividad para controvertir los actos reclamados. Sobreseimiento que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado por la parte quejosa, por no reclamarse por vicios propios. Dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce en el juicio, se está en la imposibilidad jurídica de realizar el estudio de los conceptos de violación, porque ello constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cuahutémoc Ramírez Ortega, contra las autoridades y por los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
pral 1221/2021 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Pruebas documentales. Agréguese el oficio signado por el encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, mediante el cual remite las documentales que le fueron requeridas en auto de quince de febrero de este año. Por ello, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como pruebas de la responsable, las citadas documentales, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Finalmente, dése vista a las partes con dichas constancias para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1221/2021 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, en atención al oficio 2239/2022 de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dirigido al notificador adscrito a dicha dependencia, rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 1.1. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la referida responsable: a) La documental, consistente en copia certificada de diversas constancias del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0067-16, que fue agregada en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno (con el que se formó el tomo anexo I). b) Instrumental de actuaciones; y, c) Presuncional legal y humana. Respecto a las pruebas b) y c) se tienen por admitidas; por tanto, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, se tomarán en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que en su favor se aprecien. 2. Se solicitan documentales. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese al encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, tenga a bien ordenar la remisión de copia certificada de las documentales que ofrece como pruebas en este asunto, ya que no se anexaron al informe relativo; consistentes en: Escrito de renuncia de Rogelio Martínez García, quien se desempeñaba como inspector federal adscrito a la referida unidad administrativa. Oficio PFPA/26.6/4C.5.2/001-2022, por el que se solicitó al director de Recursos Humanos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el trámite de renuncia de dicho servidor público. 2.1. Apercibimiento. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el término concedido sin causa justificada, se le impondrá multa por la cantidad cincuenta unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 1221/2021 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil veintidós. Se difiere la audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo y concedido en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós a la autoridad responsable, notificador adscrito a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, a efecto de que rinda el informe justificado relativo a la ampliación de demanda, toda vez que el treinta y uno de enero de esta anualidad quedó notificada de esa petición. En esas condiciones, no es posible jurídicamente celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las diez horas con veintitrés minutos del once de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Cristóbal Girón Cabrera354/2021
- Cristobalito Jiménez Jarquín1022/2019
- Cristofer Corona Rocha706/2022
- Cruz Cruz Rosas314/2019
- Cruz Cruz Rosas62/2016
- Cuauhtémoc Jiménez Quiroz1128/2022
- Cupertino Fernández Arellano181/2020
- Cynthia Lissette Santana Torres965/2021
- Dagmar García Aguilar y Otros.563/2021
- Dagmar García Aguilar1073/2021
- Dagoberto Abelardo Martínez Hernández1197/2022
- Dagoberto Aurelio Santiago Santiago266/2019