Daesy Juliet Herrejón Chávez

Expediente 842/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
842/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Daesy Juliet Herrejón Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a María Hilda Bonilla Delgado, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el acto jurídico contenido en la boleta de infracción 1256. 2. Sustraer al quejoso del ámbito de aplicación presente y futura de los artículos 58, párrafo segundo, y fracción XVIII y 61, párrafos primero y segundo del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, vigente al once de junio de dos mil veinte (data en que se levantó la infracción reclamada). 3. Si la parte quejosa cubrió alguna cantidad por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculado con el traslado, guarda y posterior liberación, la Comisión Coordinadora del Transporte Público deberá devolver tales conceptos, ya que fue ésta la que ordenó el arrastre y resguardo del vehículo y condicionó la devolución del mismo al pago correspondiente. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. De autos se advierte que la autoridad responsable, remitió los documentos consistentes en: El siete de marzo pasado, informó que dejó insubsistente la boleta de infracción 1256; asimismo, comunicó que no se aplicarán a la quejosa los artículos 58, párrafo segundo, y fracción XVIII y 61, párrafos primero y segundo del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, vigente. De igual forma, remitió el oficio CCT-DAJ-451/2022, en el que informó la devolución a la peticionaria de la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100) por concepto de pago del arrastre y corralón. Por su parte la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, mediante comunicado SFA/DGJ/DAPA/246/2022 informó el pago a la quejosa por concepto de multa, equivalente a $21,746.00 (veintiún mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), lo que acredita con el comprobante de transferencia realizado a la cuenta proporcionada por la peticionaria de amparo. 4. Conclusión. En tales circunstancias, este juzgado federal considera que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos trazados en la sentencia amparadora, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 5.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6. Incidente de suspensión. Toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el presenta asunto; de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 6.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 7. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, que da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Abril Alejandra Herrejón Chávez y Daesy Juliet Herrejón Chávez, por propio derecho, contra actos de la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 842/2022. 1.2. Consideraciones previas. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.2.1. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: La resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por las aquí quejosas dentro del juicio 112/2022, y se ordenó continuar con el trámite de dicho asunto. 2. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". 2.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos de la parte quejosa reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales; ello se afirma en virtud de que no afecta la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por las aquí quejosas dentro del juicio 112/2022, y se ordenó continuar con el trámite de dicho asunto, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación a algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo como patrimoniales, etcétera. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de lo acordado en el auto de ocho de los actuales. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." 3. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocadas con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como con el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 4. Autorizados. Téngase a la parte quejosa autorizando a Eduardo Yeshusuani Patiño Suárez y Salvador Patiño García, con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que nombran, pues no cuentan con el citado registro. 4.1. Usuario. Ahora bien, como lo solicitan, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario "eduardoyps", a efecto de que tengan acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 6. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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