Cuitláhuac Vega Hernández

Expediente 615/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
615/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Cuitláhuac Vega Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado número 14237/2020, mediante el cual se le devolvió el testimonio del juicio ejecutivo mercantil número 89/2020 que adjuntó como justificación de su informe. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de uno de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Cuitláhuac Vega Hernández, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las partes, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificadas del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, se advierte que en el presente asunto obra testimonio del juicio ejecutivo mercantil número 89/2020, del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el cual adjuntó en apoyo a su informe justificado, el cual se ordena devolver a su lugar de origen por los motivos y fundamentos contenidos en el presente acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA CUITLÁHUAC VEGA HERNÁNDEZ, el siguiente acuerdo:Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de uno de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Cuitláhuac Vega Hernández, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a las partes, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificadas del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, se advierte que en el presente asunto obra testimonio del juicio ejecutivo mercantil número 89/2020, del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el cual adjuntó en apoyo a su informe justificado, el cual se ordena devolver a su lugar de origen por los motivos y fundamentos contenidos en el presente acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Radicación. Acúsese recibo del oficio 1705, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del amparo directo 274/2020, del índice de ese tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *** así como del juicio ejecutivo mercantil número ****del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, e informe justificado rendido por dicha autoridad; comunicado en el que la superioridad manifiesta carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en esas condiciones, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por tanto, acúsese de recibo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número VI-615/2020. Precisión del acto reclamado La parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: Auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número ***** del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en el cual se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que promovió el quejoso, específicamente en contra del apartado correspondiente en el que se le autorizó la expedición de las copias certificadas que solicitó previo el pago de los derechos fiscales correspondientes Consideraciones previas Del análisis integral de la demanda de amparo promovida por *** así como de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número **** del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se desprende esencialmente lo siguiente: Mediante escrito de veintiuno de enero de dos mil veinte, la moral denominada "*" por conducto de sus endosatarios en procuración ** y ***promovieron juicio en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, sobre cumplimiento de pago de pesos, por la cantidad de *****por concepto de suerte principal, intereses moratorios y pago de gastos y costas, en contra del aquí quejoso ***** (deudor principal), ******y ****** (avales). El veintidós de enero de dos mil veinte, la Jueza Segunda Menor Mixta del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, admitió a trámite la demanda y despachó auto con efectos de mandamiento de ejecución en forma; diligencia que se realizó el once de febrero de dos mil veinte por conducto del actuario de su adscripción. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, la jueza responsable admitió a trámite, sin suspender el procedimiento, el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento planteado por ***** lo tuvo por contestando la demanda y ofreciendo pruebas de su parte; asimismo, autorizó la expedición de las copias certificadas que solicitó aquél, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes Siendo éste el acto reclamado por el promovente *** en este juicio de derechos humanos. De lo anterior, se desprende que al quejoso le reviste el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil *** Asimismo, se desprende que el quejoso acudió al procedimiento de origen a dar contestación a la demanda presentada en su contra e interpuso incidente de nulidad de notificaciones por defecto en el emplazamiento. Lo anterior permite determinar que el juicio ejecutivo mercantil se encuentra en trámite, esto es, que aún no se ha dictado sentencia definitiva. Por consiguiente, respecto al acto reclamado antes citado se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías En efecto, por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio Auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número * del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en el cual se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que promovió el quejoso, específicamente en contra del apartado correspondiente en el que se le autorizó la expedición de las copias certificadas que solicitó previo el pago de los derechos fiscales correspondientes Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo -como ya se dijo- establece que el juicio constitucional es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas Como ha quedado precisado, el acto reclamado se emitió dentro del trámite del juicio ejecutivo mercantil ** Ahora, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó. Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio Asimismo, este órgano de control constitucional advierte que el auto recurrido es inapelable, virtud a lo establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, que establece lo siguiente Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente Ello es así, toda vez que la cuantía de la suerte principal por la que se sigue el juicio ejecutivo mercantil asciende a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional Además, en relación a lo asentado con antelación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 51/2010 y 30/2013, ha sido recurrente al establecer que contra las determinaciones dictadas durante el procedimiento, cuando éstas no excedan del monto establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, virtud a que son inapelables De lo anterior, surgen las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2010, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de revocación, entonces éste debió agotarse previo a acudir al juicio de amparo indirecto, pues en caso contrario debe estimarse que la parte promovente del amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio, circunstancia que por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad, por lo que procede desechar la demanda de amparo que se provee Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 113, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por * por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia examinada No pasa inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 10a de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K 10a sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Domicilio y autorizados Por otra parte, téngasele a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en la * Autorización para firma de comunicaciones oficiales que deriven de este expediente Se autoriza a los Secretarios y Actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio Habilitación de días y horas inhábiles y autorización de firma de oficios A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio Digitalización del presente proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. .

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