Cynthia Susana Mendoza Alcala
Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Cynthia Susana Mendoza Alcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de abril de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de tres de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el cuatro de abril de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el uno de marzo de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional, para que la autoridad responsable Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: Dicte un auto en el cual señale fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral 2750/2015/13-E, o, en su caso, razone la imposibilidad que tenga para ello, y ordene hacerlo del conocimiento a las partes. Acredite que desahogó el quince de marzo de dos mil diecinueve, la prueba documental de informes admitida a la parte actora, y únicamente para el caso de que no hubiera sido posible su desahogo en la data indicada, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale una nueva fecha para el desahogo de dicha prueba, que se ciña al plazo previsto por el artículo 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable Décimo Tercera Junta Especial de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral de origen 2750/2015/13-E, señaló fecha para el desahogo de la prueba documental de informes admitida a la parte actora, de conformidad a lo establecido por el artículo 883, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, señaló fecha para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio laboral 2750/2015/13-E, ordenando hacerlo del conocimiento de las partes. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista cumplimiento. Visto el oficio suscrito por el Presidente Auxiliar de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite diversas constancias con las cuales pretende acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de once de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el doce de marzo de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 244/2018, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada emitida dentro del recurso de revisión 006/2017, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. 2. Conforme las directrices establecidas en esta ejecutoria, prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión." En esa mediada, es importante traer las directrices establecidas por la Superioridad en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 244/2018. Por lo tanto, es inconcuso que la resolución reclamada no está debidamente fundada ni motivada al establecer que, a su vez, la subyacente sí contiene una debida fundamentación y motivación, pues según se vio, en los preceptos en los que pretendió fundarse no se encuentra la obligación de obtener un dictamen técnico para acceder al servicio registral solicitado; de tal manera, resulta contrario a derecho que se exija al ejido solicitante de derechos fundamentales que cumpla con un requisito no especificado en los ordenamientos que para tal efecto invocó la autoridad responsable. Bajo esa perspectiva, si dicha autoridad responsable al confirmar la negativa registral pasó por alto que en la fundamentación plasmada por la autoridad subyacente, no se encuentra la obligación de obtener un dictamen técnico para acceder al servicio registral solicitado; y en esa exigencia se basó la negativa del registro en comento; entonces, tal actuación trastoca el derecho fundamental prescrito por el artículo 16 Constitucional, en perjuicio del quejoso. Además, el Delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional responsable inapreció que la razón por la que la autoridad subyacente negó el registro fue porque no se emitió el dictamen con base en la imposibilidad jurídica en el cambio de destino de tierras; lo que sostuvo en el artículo 56 de la Ley Agraria, en el que se establece que la asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de dicho ordenamiento legal, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas; sin embargo, la responsable interpretó esa cuestión de manera contraria para determinar que si las tierras están formalmente parceladas, eso implica que la asamblea del ejido no puede cambiar el destino de las mismas; pero, no escapa a este Tribunal, en suplencia de la queja, que esa circunstancia no fue señalada por el registrador primigenio; lo que además, omitió motivar correctamente la responsable, pues no justificó en que consistió la imposibilidad referida, ni desarrolló las razones para evidenciar su afirmación en cuanto al parcelamiento de las tierras, según lo estableció, pues no señala las documentales que le hacen llegar a esa conclusión y de las constancias que obran en autos no se advierte medio de convicción en que se apoye esa aseveración; por lo que la conclusión a la que arribó tampoco está debidamente motivada, según pretendió fundarlo. (Énfasis agregado) Así mismo, mediante resolución de doce de diciembre de dos mi dieciocho, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de inconformidad 46/2016, determino que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, bajo las siguientes consideraciones: También es verdad que, aunque se otorgó plenitud de jurisdicción a la responsable, se le indicó claramente que su resolución habría de emitirse: "Conforme las directrices establecidas en esta ejecutoria, prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, sobre todo, en torno a la necesidad del dictamen técnico, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión." Lo que evidencia que la autoridad responsable debía precisar en su análisis de los agravios del recurso de revisión instado por la quejosa contra la negativa registral ya citada, él o los ordenamientos donde se contemple como requisito para poder realizar la inscripción registral solicitada, el contar con el citado dictamen, lo que lógicamente implica que, de no existir tal obligación conforme a la normatividad agraria, así precisarlo; y además, también debía analizar el tema de la imposibilidad estimada para su emisión, esto es, motivar correctamente si existe o no la imposibilidad jurídica manifestada, en cuanto a cambiar el destino de tierras parceladas a tierras de asentamiento humano, pues así le indicó en las consideraciones antes transcritas de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que mediante oficio RAN-JAL/507/2019 de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, bajo el recurso de revisión 2/2019 de su índice, resolvió de nueva cuenta el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Rubén Martínez Bocanegra, en su carácter de representante legal del núcleo agrario denominado "Los Sitios", municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco, determinando revocar la calificación registral negativa de dos de febrero de dos mil diecisiete, así mismo instruye al registrador integral para que proceda a realizar un nuevo estudio y análisis del expediente formado con motivo de la solicitud de trámite 3087, de dieciocho de abril de dos mil trece, relativa a la inscripción del acuerdo de asamblea de formalidades especiales de veintiocho de febrero de dos mil nueve, mediante el cual se pone a consideración de la Asamblea General de Ejidatario, el cambio de destino de tierras parceladas -parcelas 12, 27 y 22-, a áreas de asentamiento humano, y en su caso la expedición de los títulos correspondientes. Sin embargo, dicha resolución, no se ciñe cabalmente a la ejecutoria de amparo, puesto que la responsable no funda y motiva debidamente el estudio que practicó a los agravios propuestos en el recurso de revisión, SOBRE TODO, EN TORNO A LA NECESIDAD DEL DICTAMEN TÉCNICO debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado Dictamen Técnico solicitado por parte de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, lo que lógicamente implica que, DE NO EXISTIR TAL OBLIGACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD AGRARIA, ASÍ PRECISARLO; y además, también debe analizar el tema de la imposibilidad estimada para su emisión, esto es motivar correctamente si existe o no la imposibilidad jurídica manifestada, en cuanto a cambiar el destino de tierras parceladas a tierras de asentamiento humano, siendo que así se le indicó en las consideraciones de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que la responsable en la parte final de del considerando quinto de la resolución que nos ocupa, señala lo siguiente: ".si bien es cierto que, no existe normatividad que exija la obligación por parte del solicitante del Cambio de Destino de Tierras de presentar el Dictamen Técnico de referencia; si existe una obligación por parte de este Desconcentrado Estatal en Jalisco, de cumplir con este tipo de trámites administrativos, con el flujo que marca el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR), en donde una de las Tareas es la Emisión del Dictamen Técnico por parte de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica ya mencionada, previo a la emisión de la Calificación Registral correspondiente." En esas condiciones, como lo refiere la parte quejosa resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Se impone multa. En razón de lo anterior, y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de febrero pasado, se requirió a la autoridad responsable al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, diera cumplimiento puntual al fallo protector, sin que hasta el momento la autoridad responsable de mérito, haya dado cumplimiento a tal requerimiento, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional el hecho de que la autoridad responsable mediante oficio RAN-JAL/507/2019 de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, bajo el recurso de revisión 2/2019 de su índice, resolvió de nueva cuenta el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, sin embargo insiste en señalar que si existe una obligación por parte del Desconcentrado Estatal en Jalisco, de cumplir con este tipo de trámites administrativos como lo es el Dictamen Técnico, por parte de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica, previo a la emisión de la Calificación Registral correspondiente. Sin embargo, debe tenerse presente que las sentencias firmes deben cumplirse de manera inmediata de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento, máxime que en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 244/2018, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, señalo de manera clara y precisa las directrices, para dar cabal cumplimiento al fallo protector. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se ordena girar atento oficio al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, ordene a quien corresponda, informe a este órgano jurisdiccional el nombre y domicilio particular, cédula profesional, licencia de conducir, CURP, y registro federal del contribuyente del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Requerir cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada emitida dentro del recurso de revisión bajo el recurso de revisión 2/2019, de cinco de marzo de dos mil diecinueve 2. Conforme las directrices establecidas por la Superioridad, prescinda de las indebidas razones que plasmó en la resolución reclamada y, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, funde y motive debidamente el estudio que practique de los agravios propuestos en el recurso de revisión, SOBRE TODO, EN TORNO A LA NECESIDAD DEL DICTAMEN TÉCNICO, debiendo señalar de manera precisa él o los ordenamientos donde se contemple como requisito el citado dictamen, así como respecto de la imposibilidad estimada para su emisión.". Debiendo precisar en el análisis de los agravios del recurso de revisión instado por la quejosa contra la negativa registral ya citada, él o los ordenamientos donde se contemple como requisito para poder realizar la inscripción registral solicitada, el contar con el citado dictamen, LO QUE LÓGICAMENTE IMPLICA QUE, DE NO EXISTIR TAL OBLIGACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD AGRARIA, ASÍ PRECISARLO; y además, también debía analizar el tema de la imposibilidad estimada para su emisión, esto es, motivar correctamente si existe o no la imposibilidad jurídica manifestada, en cuanto a cambiar el destino de tierras parceladas a tierras de asentamiento humano, pues así le indicó en las consideraciones de la ejecutoria de amparo antes transcritas. Sin que resulte valido que la autoridad responsable abandone el estudio ordenado por la superioridad y mucho menos limitarse a instruir al Registrador Integral para que proceda a realizar un nuevo estudio y análisis del expediente formado con motivo de la solicitud que nos ocupa; toda vez que deberá de cumplir puntualmente con los lineamientos marcados por el Tribunal Colegiado y de no existir la obligación de contar con el multicitado Dictamen Técnico conforme a la normatividad agraria para poder realizar la inscripción registral solicitada, así deberá precisarlo, ordenando de manera directa al registrador integral la inscripción correspondiente. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene a la autoridad responsable, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Estese a lo acordado. Por otra parte vistas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante escrito registrado con el número 7223, por el que expone su inconformidad con las gestiones realizadas por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento al fallo protector, deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Hágase del conocimiento de la superioridad. Finalmente toda vez que en proveído de catorce de febrero del presente año, se tuvo conocimiento que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió el incidente de inejecución planteado por la parte actora, bajo el número 3/2019, de su índice; remítase copia de la presente resolución para los efectos legales conducentes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, uno de marzo de dos mil diecinueve. Resérvese. Visto el escrito enviado, vía electrónica, por el autorizado de la parte quejosa (foja 1340); en atención a su contenido, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto este Juzgado de Distrito tenga conocimiento del Juez al que le tocó conocer del despacho enviado; máxime que el promovente tampoco hace referencia a ese dato. En la inteligencia, que el escrito de referencia fue presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contiene firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producen los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo.
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